Defiende México ante la ONU la figura del arraigo

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Yetlaneci Alcaraz
19 de marzo de 2014
Nacional

BERLÍN (apro).- Pese a que el Estado mexicano asumirá casi en su totalidad las recomendaciones que recibió de los países miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en el marco del Examen Periódico Universal (EPU), en los temas referentes al arraigo y la desaparición forzada sólo aceptará “parcialmente” las sugerencias.

De acuerdo con la respuesta oficial que la delegación mexicana presentará este jueves 20 ante la sede del Consejo, en Ginebra, el Estado sólo “tomará nota” de las cinco observaciones directas que recibió de parte de Alemania, Austria y Bélgica, que recomendaron abolir el uso del arraigo tanto a escala federal como estatal, por ser contrario a las normas internacionales de derechos humanos.

En una de sus recomendaciones, Bélgica planteaba incluso el establecimiento de “órganos especializados para investigar y enjuiciar las denuncias de violaciones flagrantes de los derechos humanos cometidas en el marco del arraigo”.

La respuesta que dio el Estado mexicano es que ya existe una convicción de limitar la aplicación de esta figura a casos “verdaderamente excepcionales”. Así pues, la figura del arraigo, según México, se seguirá aplicando “como una medida cautelar para proteger el interés superior de la vida, salvaguardar la integridad de las personas, de los bienes jurídicos, o evitar que el indiciado se sustraiga de la acción de la justicia”.

Según la postura mexicana, el gobierno de la República “impulsa una reforma constitucional al arraigo aprobada en la Cámara de Diputados, que reafirma que su uso sólo procede en casos de delincuencia organizada y establece límites y controles más estrictos al reducir significativamente su duración e imponer medidas de escrutinio a cargo de los organismos de protección de los derechos humanos”.

En el caso de las recomendaciones relativas a la desaparición forzada que hicieron Francia, España y Uruguay, en las que piden específicamente “reconocer la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) para recibir peticiones individuales, asegurar la incorporación de la Convención al marco jurídico nacional y crear un registro oficial de personas desaparecidas”, el gobierno de Enrique Peña Nieto las aceptará sólo parcialmente.

Sobre el último punto (la creación de un registro oficial de personas desaparecidas), el documento señala que ya existe un registro oficial de este tipo y que se encuentra en revisión el marco jurídico nacional para armonizarlo con sus obligaciones internacionales.

Sin embargo, no aceptó (sólo tomará nota) reconocer la competencia del CED para recibir y examinar los casos individuales de ciudadanos mexicanos que denuncien ser víctimas de violaciones a sus derechos humanos por parte del Estado mexicano.

De las 176 recomendaciones recibidas el pasado 23 de octubre, durante la segunda ronda del EPU, México no aceptará cuatro, de las cuales destacan tres. La primera de ellas es la recomendación que hizo Estonia para adherirse al Protocolo adicional II de los Convenios de Ginebra.

Dicho protocolo es un tratado internacional que mejora la protección jurídica de civiles y heridos en conflictos armados no internacionales o guerras civiles, y establece las normas humanitarias aplicables en guerras civiles.

En su argumentación, México señala que ya es parte de los Convenios de Ginebra y de sus protocolos, por lo que “asume todas las obligaciones de derecho internacional humanitario aplicables en todas las circunstancias, tanto en situaciones de conflicto armado, como en tiempos de paz”.

Las otras dos recomendaciones no aceptadas por el Estado mexicano son las que planteó la Santa Sede. En la primera, el Estado Vaticano pide “respetar y defender la vida desde la concepción hasta la muerte natural, sobre la base de las enmiendas de las constituciones estatales, y promover una protección similar a nivel federal y local”.

Y aunque esta recomendación en términos reales no es aceptada, el lenguaje de la respuesta mexicana revela cierta ambigüedad: “El Estado mexicano reafirma su respeto y protección al derecho a la vida de conformidad con el artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, y acota que en la actualidad 17 entidades federativas han decidido proteger la vida desde la concepción en sus constituciones locales.

“La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha confirmado la facultad de las entidades federativas de legislar en este ámbito, atendiendo a la distribución de competencias que establece la Constitución, por lo que no se puede implementar la recomendación 148.48 en tanto no es posible asegurar la uniformidad en las distintas legislaciones con base en el pacto federal vigente”.

La segunda recomendación de la Santa Sede pide a México “preservar y proteger la institución natural de la familia y el matrimonio como la unión conyugal entre un hombre y una mujer fundada en el libre consentimiento”.

Como respuesta, el gobierno mexicano asegura que para el Estado la protección y el desarrollo de la familia son fundamentales. “México reconoce y protege el derecho de toda persona a contraer matrimonio y a fundar una familia. No obstante, México subraya que no existe una norma internacional que defina las características que deba ostentar la familia. (…) Por lo anterior, el Estado mexicano no se encuentra en posibilidad de implementar esta recomendación”, subraya.

Este jueves 20, en una sesión que tendrá lugar a las 10 de la mañana en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, Suiza, la delegación mexicana –encabezada por los subsecretarios de Relaciones Exteriores y Gobernación, Juan Gómez Robledo y Lía Limón, respectivamente– dará respuesta oficial a las recomendaciones vertidas en octubre pasado.

Casi la totalidad será aceptada. Entre ellas destaca la instrumentación de las medidas necesarias, sobre todo en lo referente a reformas legislativas, para desaparecer el fuero militar, así como la protección a defensores de derechos humanos y periodistas, y el acceso a salud sexual y reproductiva de las mujeres.

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