Pese a avances legales, persisten abusos, injusticias e impunidad en México Es contradictorio que México sólo haya aceptado parcialmente las recomendaciones en el marco del EPU sobre la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada para aceptar casos individuales aun cuando el estado fue uno de los principales promotores del mismo”, señaló OMT.

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Yetlaneci Alcaraz
20 de marzo de 2014
Destacado

BERLIN (apro).- Organizaciones de la sociedad civil mexicana recriminaron ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas la sistemática violación de derechos humanos que se cometen en México mediante la práctica generalizada de la tortura, desaparición forzada, violencia y discriminación contra mujeres, indígenas, periodistas y defensores de derechos humanos y, desde el propio Estado, el uso del arraigo.

Durante la 25 sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en la que el Estado mexicano planteó su postura frente a las 176 recomendaciones, resultado de la segunda evaluación del Examen Periódico Universal (EPU), las organizaciones no gubernamentales tuvieron oportunidad de presentar su postura y, ante los países miembros, criticaron la incongruencia entre el discurso oficial del gobierno en escenarios internacionales y la realidad del país.

En una ronda que duró cerca de 20 minutos y en la que participaron una decena de organizaciones civiles, los datos duros en materia de derechos humanos durante los últimos ocho años se escucharon uno tras otro: más de 26 mil personas desaparecidas, 242 agresiones contra defensoras de derecho humanos y periodistas, 100 mil personas asesinadas, 150 desplazados por la guerra contra el narcotráfico.

“A pesar de los importantes avances legales, como las reformas constitucionales en derechos humanos y amparo así como la Ley de Víctimas, las violaciones no cesan y el acceso a la justicia y el combate a la impunidad siguen siendo grandes pendientes en el país. Las cifras de los últimos años son escalofriantes y por el periodo prolongado de la violencia así como por la estructura organizacional y de logística (de los grupos enfrentado) podemos estar frente a un conflicto armado de carácter no internacional en varias partes del país”, alertó la Comisión Mexicana de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos.

En su oportunidad, la representante de la Organización Mundial contra la Tortura (OMT) aseguró que a pesar de las múltiples recomendaciones hechas por varios mecanismos de derechos humanos, la tortura en México y su consecuente impunidad sigue siendo sistemática y utilizada por la policía y las fuerzas armadas a fin de obtener confesiones en procesos judiciales.

No sólo eso: La ONG también manifestó su preocupación por la vigencia de la figura del arraigo, cuya abolición no fue aceptada por el Estado mexicano, y por el “estremecedor” resurgimiento de la desaparición forzada. “Actualmente se reconocen 26 mil 121 personas como desaparecidas sin que el Estado las haya buscado seriamente. Es contradictorio que México sólo haya aceptado parcialmente las recomendaciones en el marco del EPU sobre la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada para aceptar casos individuales aun cuando el estado fue uno de los principales promotores del mismo”, señaló OMT.

En tanto, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro insistió en su oportunidad sobre la tortura y pidió, incluso, al propio Consejo de Naciones Unidas a que dé seguimiento puntual en este tema en México.

“Es urgente que este Consejo dé seguimiento puntual a la tortura en México como una situación que rebasa las fronteras y constituye un foco rojo a nivel mundial. No es novedad que sea una práctica sistemática que permanece casi universalmente en la impunidad: tan sólo de enero de 1994 a enero de 2012, la PGR identificó únicamente dos condenas federales por tortura. Este Consejo tiene la facultad de abordar situaciones que requieren atención en cualquier momento, no únicamente en el marco del EPU. En este momento México requiere su atención. La crisis de inseguridad ya ha afectado a demasiadas personas, familias y comunidades y no se resolverá sin poner fin a la comisión de la tortura y otras graves violaciones a los Derechos Humanos”, dijo su representante.

Antes y después de la intervención crítica de la sociedad civil, la delegación mexicana -encabezada por la subsecretaria de Gobernación Lía Limón y el subsecretario de Relaciones Exteriores Juan Manuel Gómez Robledo, destacaron “el compromiso y decisión de México con los Derechos Humanos” y enumeraron una serie de reformas legislativas aprobadas y en vías de aprobar que buscan armonizar el marco legal nacional con el internacional en la materia.

La subsecretaria de Gobernación anunció que pronto se dará a conocer el Programa Nacional de Derechos Humanos 2014-218, el cual responderá a la necesidad de vincular las recomendaciones internacionales con las políticas públicas del país.

Aseguró que como parte del compromiso que México ha contraído con el EPU, el mecanismo de la ONU que se encarga de valorar y dar seguimiento a los compromisos en materia de Derechos Humanos de los países miembros, el gobierno mexicano creará un organismo de seguimiento para cada una de las recomendaciones aceptadas y una coordinación de todas las instancias involucradas para su cumplimiento así como garantizará la participación de la sociedad civil en este ejercicio.

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