Desapariciones forzadas y arraigo: una necedad

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Por: Redacción / Sinembargo - marzo 22 de 2014

Las dos principales quejas de las organizaciones civiles en México y a nivel internacional es que el gobierno mexicano, que encabeza el priista Enrique Peña Nieto, termine de una vez por todas con dos lastres oscuros heredados por el panista Felipe Calderón Hinojosa, y que han generado aún más deterioro a los derechos humanos en México: la figura del arraigo y el reconocimiento de la desaparición forzada.

El jueves pasado, el gobierno federal perdió una oportunidad valiosa para dejar atrás los agravios del sexenio calderonista en el tema del arraigo, luego de que en su respuesta ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), rechazó, por segunda ocasión, las recomendaciones relacionadas con esta figura, implementada por Felipe Calderón.

En los últimos cuatro años de la administración del michoacano se arraigó a más de 4 mil personas, pero sólo se consignó a 200; es decir, 5 por ciento del total. Al final de enero pasado, el propio titular de la Procuraduría General de la República (PGR), el también priista Jesús Murillo Karam, denunció que en el gobierno de Calderón “se abusó” de esa figura jurídica, al grado de crear “un efecto perverso” porque la PGR se confió y hubo arraigos en los que nadie hizo nada”. Murillo Karam, quien es también un líder para el priismo, expuso entonces, acompañado del coordinador de los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Manlio Fabio Beltrones Rivera, que con esa figura más de 3 mil 800 mexicanos estuvieron detenidos 40 y hasta 80 días sin que su situación se dilucidara e incluso, en la mayoría de los casos, sufrieron vejaciones a sus derechos humanos.

El gobierno de Calderón Hinojosa, por supuesto, nunca se disculpó públicamente con ellos ni limpió sus nombres ante la sociedad. El Procurador recomendó: “Nuestro planteamiento es que debe modificarse [la estrategia de trabajo] para que el arraigo se use solamente en casos excepcionales: cuando se pueda salvar una vida, por ejemplo, o cuando la seguridad nacional pudiera tener algún efecto [negativo] por un descuido o falta de tiempo”.

El arraigo en México, de acuerdo con el Examen Periódico Universal (EPU) de la ONU, es una figura violatoria de los derechos humanos que, además de ineficaz, no cumple con los estándares internacionales y contraviene las recomendaciones de más de nueve mecanismos internacionales que han instado a su eliminación.

El otro lastre oscuro del sexenio calderonista que Peña Nieto se niega a soltar es reconocer la competencia del Comité de Desaparición Forzada para conocer denuncias individuales e interestatales. De acuerdo con la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, en el país se han reportado más de 26 mil casos de desapariciones y, pese a que México es protagonista en la Convención sobre Desaparición Forzada que creó el Comité, no ha sido congruente y mantiene la impunidad y las obstrucciones a la justicia.

El Estado mexicano, planteó esta red, no ha posibilitado el acceso a la verdad, a la justicia y a la reparación del daño, tanto en el ámbito nacional como internacional.

Pero, ¿por qué el gobierno de Enrique Peña Nieto insiste en defender mecanismos implementados en una de las etapas más oscuras de la historia moderna de México?

Una de las respuestas de la insistencia por mantener los criterios de Calderón en estos temas está justo en los funcionarios que representan al gobierno de EPN en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU: Lía Limón García, subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), y el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), José Antonio Meade Kuribreña. Ambos son dos ex funcionarios del calderonismo, que en su momento se definieron como “amigos” del ex Presidente, insertados en el actual gobierno federal priista y que defienden, en representación de todo el país, las causas que le atañen a Felipe Calderón.

Mal están el Presidente Peña Nieto y sus consejeros si, por encima de las recomendaciones de organizaciones internacionales, de funcionarios y legisladores de su propio partido y, particularmente, por encima del interés nacional, persiste en sostener mecanismos que dañaron y dañan a miles de mexicanos inocentes.

Mal hacen en perpetuar el deseo calderonista de justificar la entrega de resultados ficticios, en una guerra sangrienta y sin estrategia como la que implementó el panista.

Terminar con esa etapa oscura, cortarla de tajo, es el reclamo generalizado. Lo que falta es que alguien, con una pizca de conciencia y sensibilidad política, escuche en Los Pinos.

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