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Graciela Ledezma Narváez

La Coordinación de la Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada, que está integrada por: la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, Comité Cerezo México, Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”, Comité Monseñor Romero, Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero, Taller de Desarrollo Comunitario A.C.; solicitamos públicamente a las Cámaras de Senadores y Diputados tener una reunión de análisis y reflexión sobre iniciativas de ley, así como foros especiales con la participación de organizaciones y familiares en los que se discuta la elaboración de una iniciativa general sobre desaparición forzada de personas.

Queremos destacar que ante la situación alarmante que estamos viviendo en el país y dadas las recomendaciones realizadas en el reciente Examen periódico Universal (EPU), el Estado Mexicano debe dar cumplimiento a las recomendaciones realizadas en materia de desaparición forzada, entre ellas el reconocer a la brevedad la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, contemplado en el artículo 26 de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra la Desaparición Forzada de la ONU, a fin de reforzar el entramado de protección internacional de los derechos humanos de toda persona en caso de desaparición forzada.

Nos parece una incongruencia que el Estado Mexicano haya sido uno de los países impulsores de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra la Desaparición Forzada y que, en estos momentos, no quiera reconocer la competencia de este Comité, por lo que consideramos que en este momento el Estado tiene la oportunidad de demostrar en los hechos su voluntad política y cumplir de manera puntual, integral y sin demora todos y cada uno de los puntos resolutivos de las sentencias internacionales en que se condena a México por violaciones probadas de los derechos humanos y sobre todo en materia de desaparición forzada.

Una muestra de voluntad política que estamos viendo por parte de ambas Cámaras es la presentación de las iniciativas de ley en esta materia, sin embargo, creemos que es necesario seguir redoblando esfuerzos para lograr que en nuestro país se apruebe una Ley General que prevenga, sancione y erradique la Desaparición Forzada de Personas.

El pasado 11 de febrero del 2014 la Senadora del PRD, Angélica de la Peña propuso una iniciativa de Ley Federal para prevenir, sancionar y erradicar la desaparición forzada, días después, el 18 de febrero, la diputada Raquel Jiménez Cerrillo y el diputado José Alfredo Botello Montes, del PAN, también presentaron una iniciativa de Ley, pero no Federal, sino General para prevenir, investigar, sancionar y reparar la Desaparición de Personas.

Es importante mencionar que la exigencia de familiares para legislar una ley sobre desaparición forzada lleva más de 15 años sin ser escuchada. Diversos gobiernos han pasado y lamentablemente la desaparición forzada de personas ha sido un tema de menor importancia para los legisladores de ambas cámaras, Desinterés a pesar de que México ratificó la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas el 9 de abril de 2002 y la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas el 18 de marzo del 2008.
Cabe mencionar que, desde 1999, se han presentado al menos 7 iniciativas de Ley en ambas cámaras, las cuales no han pasado, ni siquiera, de las comisiones en donde fueron propuestas.

Ante esto, los integrantes de la Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada de Personas saludamos la decisión de ambas cámaras de impulsar la legislación de una ley sobre desaparición forzada, sobre todo, considerando que el estado Mexicano tiene en su haber diversas recomendaciones y sentencias de Instancias Internacionales por cumplir, así como la obligación de legislar sobre los temas que son más apremiantes del país, como lo son las desapariciones forzadas. La sentencia del caso de Rosendo Radilla es muy clara en este sentido y el Estado tiene que cumplirla.

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