La tragedia de los desaparecidos en Veracruz: un grito de dolor

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La tragedia de los desaparecidos en Veracruz: un grito de dolor

13 de mayo, 2014
Aurelio Contreras Moreno

La desaparición de personas es uno de los actos criminales más detestables que pueden existir. Representa una doble tortura, pues mientras a las víctimas les supone ser privadas ilegalmente de su libertad y solo por ese hecho recibir maltrato físico y psicológico, para sus familiares implica un suplicio insoportable.

Para quien no lo ha experimentado directamente, es inimaginable el dolor, la angustia y la desesperación que provoca no saber del paradero de un ser querido o de un amigo, sufrimiento que se mantiene y extiende durante el tiempo que no se tiene noticia sobre si, quien fue secuestrado, ya sea por la autoridad o por delincuentes, vive o muere, y en dónde se encuentra.

La Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, instrumento ratificado por México, define a este delito como “el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley”.

Y aunque en Veracruz no puede decirse que el gobierno es necesariamente el perpetrador o siquiera el autor intelectual del gran número de desapariciones registradas en su territorio en los últimos tres años, lo que es un hecho es que en todo este tiempo, las autoridades veracruzanas han preferido taparse los ojos e ignorar un fenómeno que ha crecido a niveles realmente alarmantes. Amén de que sí existen denuncias sobre la participación o responsabilidad de agentes del Estado, como es el caso de las policías, en hechos de esta índole, según lo señalan organismos civiles como el Colectivo por la Paz.

De 2011 a la fecha, la Procuraduría General de Justicia del Estado ha registrado, como declaró en febrero pasado su titular Luis Ángel Bravo Contreras, que asciende a 665 el total de personas que desaparecieron en Veracruz sin dejar rastro durante el lapso referido. De esta cifra, 521 son adultos y 144 son menores de edad, aunque la cantidad se modifica todos los días, ya sea porque –en menor medida– alguien reportado como desaparecido fue afortunadamente ubicado, o porque hay un nuevo caso de otra persona que no puede ser localizada.

Las causas

Son diversas las variables que se aducen como motivo de las desapariciones en Veracruz, que en su gran mayoría son de personas jóvenes, muchos adolescentes menores de edad.

Por un lado, y debido a la expansión de las actividades ilícitas de los grupos del crimen organizado, éstos se han dado a la tarea de reclutar, por la buena o por la mala, a nuevos integrantes para engrosar sus filas, ya sea para obligarlos a actuar como sicarios, para vender droga, secuestrar personas o extorsionar comerciantes y trabajadores. Generalmente son utilizados como carne de cañón y son los primeros en caer abatidos en los enfrentamientos con las fuerzas castrenses.

Las variables también apuntan hacia la trata de personas. A pesar de que no hay cifras oficiales, el crecimiento de la explotación sexual de niñas, niños y jóvenes en Veracruz y otros estados de la República es considerado ya como un foco rojo, que hasta ahora solo ha sido atacado con una laxa legislación que no hace ni cosquillas a un negocio que genera nueve mil 500 millones de dólares al año en México.

La violencia de género también incide en la desaparición de personas, particularmente de mujeres, que son llevadas por la fuerza para ser abusadas sexualmente. En estos casos, cuando llegan a aparecer, generalmente ya están muertas. Sus cuerpos, abandonados en parajes baldíos, en tiraderos de basura o en drenajes, tienen visibles señales de haber sido no solo vejados, sino también torturados.

Autoridad ciega, sorda y muda

La respuesta del Gobierno del estado de Veracruz ante la generalización de la desaparición de personas en la entidad ha sido errática e indolente. Ávida por lavarse las manos, la autoridad ha preferido señalar, en primera instancia, que se trata de “escapadas” con el novio o la novia, parrandas de las que no se dejó aviso o, en el peor de los casos, de las “funestas consecuencias” por involucrarse en actividades ilícitas.

De lo anterior no deja dudas la postura del propio gobernador Javier Duarte de Ochoa, quien al referirse a este tema, tras él mismo dar a conocer la desarticulación de una red de tráfico de menores en la entidad, afirmó que “en muchos de los casos es con el consentimiento de los padres de familia. Muchas menores que hemos rescatado, que no tenían denuncia, que no había ningún dato por parte de la propia Procuraduría, las hemos rescatado de esta situación lamentable, triste, dolorosa, lacerante y que tenían inclusive, el consentimiento de los propios padres”.

Y remató, reprendiendo a los padres de familia veracruzanos por “desatender” a sus hijos: “que sepan dónde andan metidos, quiénes son sus amistades, qué piensan, a qué se dedican en sus ratos libres, el poder infundir en ellos los principios y valores que nos identifican como sociedad y que lamentablemente, y lo digo con profunda tristeza, hemos en muchos casos perdido, y responsabilizamos al gobierno cuando aquí es una parte de corresponsabilidad. Nosotros cumplimos con nuestra parte, pero también los padres de familia deben cumplir con la suya”.

Otros funcionarios de su administración acudieron antes a la misma excusa para no asumir responsabilidad alguna y, por razones desconocidas e inentendibles, no investigar. Fue el caso de quien en 2011 todavía fungía como procurador de Justicia del estado, Reynaldo Escobar Pérez, experto en criminalizar a las víctimas de delitos antes de iniciar las investigaciones correspondientes, y que hoy es “asesor legal” de la pandilla de “campesinos” desnudistas e invasores de tierras e inmuebles conocida como Movimiento de los 400 Pueblos.

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