30 defensores de derechos humanos han desaparecido en el gobierno de Peña Nieto

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Las cifras dadas a conocer informan que el 2013, es el año con más desapariciones, pues se tiene conocimiento de al menos 28 casos.

En el marco de la Semana Internacional del Detenido Desaparecido, la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada presentó su Informe 2014, el cual reveló que durante los primeros 18 meses de la administración de Enrique Peña Nieto, 30 personas defensoras de derechos humanos han sido víctimas de esta práctica.

Las cifras dadas a conocer informan que el 2013, es el año con más desapariciones, pues se tiene conocimiento de al menos 28 casos, precisó el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos ¡Hasta Encontrarlos!

El informe reporta que las desapariciones forzadas en contra de luchadoras y luchadores sociales así como de defensoras y defensores de derechos humanos es una práctica del Estado que busca controlar y eliminar la disidencia política.

No obstante, durante la actual gestión, la práctica se extendió a otros sectores de la sociedad como son las y los jóvenes, las mujeres y las personas migrantes, por lo que se ha convertido "en un mecanismo más amplio de control social, despojo territorial y flujos migratorios".

Otra de las características es que los luchadores sociales que desaparece el Estado defienden causas ambientales y campesinas, como la lucha en contra de mineras extranjeras.

El Comité Cerezo México denunció las incongruencias entre la cantidad de personas desaparecidas que presentan instancias como la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) con las que han documentado las organizaciones civiles y de víctimas, quienes estiman que son entre 3,000 y 30,000, dependiendo de la metodología de cada una de ellas.

La Segob en 2013 precisó que existían alrededor de 26 mil personas ausentes y hace apenas una semana declaró que sólo faltaban por encontrar a 8,000. Por su parte, Raúl Plascencia, titular de la CNDH declaró que existen 24,800 personas sin localizar.

La Campaña Nacional exigió al Estado mexicano abandonar esta práctica violatoria de derechos humanos y cumplir con su obligación de investigar perseguir y sancionar todos los casos.

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