Piden una ley de desaparición forzada en la capital en la Semana Internacional del Detenido Desaparecido *No confían en las investigaciones de la Procuraduría estatal, dicen familiares

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Lourdes Chávez

Chilpancigo

En la conmemoración de la Semana Internacional del Detenido Desaparecido, María de Jesús Cisneros Martínez, madre de Ludwig Hernández Cisneros, quien está desaparecido desde el 2007, recordó que al principio se quería morir por no saber de su hijo, pero aprendió a seguir viviendo.

En un acto organizado por el Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco), el Colectivo Rebelión, el Colectivo Hipatia y Yo soy 132 Chilpancingo en el Zócalo de Chilpancingo, indicó que cuando se sumó al movimiento social para exigir una investigación sobre su hijo y un activista desaparecido, la gente los miraba con recelo porque fueron criminalizados sin sustento.

Consideró que las cosas han cambiado, porque la violencia se incrementó y desde entonces ha habido luto y dolor en muchas familias del estado.

Señaló que el entonces gobernador Zeferino Torreblanca Galindo dijo que si se los habían llevado era porque “en algo andaban”, luego se retractó y declaró que lo habían malinterpretado.

En siete años de ausencia, dijo que todos los días vive con la incertidumbre, “con la esperanza de que viva, de que regrese, y a veces me desanimo porque nunca me habló”, y se refugia en Dios, en su hija y sus amigos para seguir adelante.

De las investigaciones en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), expresó que no les tiene confianza desde que el fiscal especial para Delitos Graves, Jesús Miranda Rodríguez sufrió un atentado en febrero del 2011, abandonó el cargo y dejó muchos casos sin resolver de personas desaparecidas.

Hace año y medio pidió un informe de su caso, pero el encargado le dijo que si “tenía tiempo” se pondría a revisar tres cajas de expedientes, como para desalentarla, porque así han traído a muchos familiares de desaparecidos.

Ayer con activistas, la mayoría estudiantes y egresados de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), realizaron un homenaje bajo el árbol que el director del Tadeco, Javier Monroy nombró De la Dignidad, frente a la catedral de la Asunción en el centro de la ciudad.

Mediante un pronunciamiento demandaron que el Estado Mexicano reconozca a la brevedad al Comité contra la Desaparición Forzada de Personas de la ONU, que promulgue una Ley General Sobre Desaparición Forzada, para la plena y cabal entrada en vigor de la Ley de Víctimas.

Asimismo, exigieron que el gobierno de Guerrero adecúe el marco jurídico estatal con la Ley de Víctimas de forma transparente, y que el Ayuntamiento de Chilpancingo cumpla con los acuerdos tomados con el Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados y desaparecidos asesinados en Guerrero, para que se reinstale el módulo de información que la organización mantenían en el Zócalo de la ciudad.

Recordaron a 36 personas que fueron desaparecidas, entre éstos a los ambientalistas Eva Alarcón y Marcial Bautista, que fueron detenidos por hombres armados que presuntamente contaron con la protección de efectivos del Ejército y de la Policía Ministerial, en Petatlán.

Asimismo, mencionaron a los 17 luchadores sociales asesinados, como los dirigentes indígenas de Ayutla Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, la líder de la Organización Campesina de la Sierra del Sur Rocío Mesino Mesino y el luchador social Luis Olivarez Enríquez.

Convocaron a los familiares de las víctimas de la violencia a romper el silencio impuesto por el miedo, la impotencia y el dolor, y a que se integren a las actividades del Comité de desaparecidos, “y no dejen que condenen a nuestros muertos y desaparecidos, haciéndolos culpables, y los criminalicen con el estigma de que algo hicieron y merecen este destino y los reduzcan a un simple número, una estadística del poder”.

Recriminaron que Torreblanca Galindo acusó al Comité de Familiares de Desaparecidos de defender a narcomenudistas, que el gobernador Ángel Aguirre Rivero los engaño y ha denostado su labor, y el exalcalde de Chilpancingo, Héctor Astudillo Flores los desalojó de la plaza cívica.

Al presidente municipal Mario Moreno lo acusaron de aparentar que acata las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) “para restablecer nuestros derechos y nuestro módulo en la plaza cívica y no lo cumple” y recriminó “a las organizaciones sociales” que hayan “abandonado esta lucha”.

Aun así, anunciaron “seguiremos adelante por los desaparecidos y asesinados hasta erradicar los delitos de lesa humanidad, que no será en ésta sociedad capitalista y neoliberal, sino en la que el pueblo tenga un gobierno que mande obedeciendo y donde el pan, el trabajo, la justicia, la democracia y la libertad sean no un sueño, sino nuestra realidad cotidiana”.

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