Desaparición forzada, crimen de Estado permanente en México

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Gilberto López y Rivas

El 25 de mayo pasado se cumplieron siete años de la captura en la ciudad de Oaxaca, y posterior desaparición forzada, de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, miembros del Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario (PDPR-EPR). Nadin y Margarita, hija y hermana de los dos desaparecidos, respectivamente, junto con organizaciones solidarias y amigos integrados en el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos, han luchado infatigablemente durante estos años de ausencia, angustia, frustración e injusticia, para encontrar a sus seres queridos, sin haber obtenido hasta el momento ningún avance favorable que lleve a localizarlos, y mucho menos, a castigar a los responsables. Para ellas, se trata de un padre y un hermano ejemplares, afectuosos, seres humanos comprometidos y solidarios con su entorno familiar, vecinal y laboral, con principios e ideales que los llevaron a la vida clandestina y a la lucha social por una vida distinta para su pueblo: sin explotación, hambre y miseria. No son un número más de los miles de desaparecidos por motivos políticos en un país en el que la desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad, tan frecuente como impune. Nadin y Margarita en sus intervenciones públicas, como la que tuvo lugar este 25 de mayo, en que presentaron un informe de las labores realizadas, destacan la parte humana de esta tragedia, recuerdan a sus familiares con gran cariño y extrañeza, enfatizan su calidad y congruencia moral, sus profundas convicciones políticas, y niegan rotundamente que sean delincuentes o terroristas, como pretenden exhibirlos el Estado y los medios de comunicación masiva a su servicio.

Por su parte, el PDPR-EPR dedica la portada y dos de los artículos del último número de El Insurgente, su órgano de difusión (año 18, número 155, mayo de 2014), al tema de la desaparición forzada de sus dos militantes, así como al análisis de este crimen de lesa humanidad, aplicado –a juicio de esta organización– como política de Estado de manera ininterrumpida en México. Se destacan en estos textos las visitas de representantes de Amnistía Internacional para verificar el avance del Estado mexicano, y en particular, de instituciones como la Armada, el Ejército y los cuerpos policiacos y de inteligencia, en la aplicación y mejoramiento de la defensa de los derechos humanos y de los defensores de los mismos, constatando a través de este organismo la carencia sistémica de voluntad política de los sucesivos gobiernos para actuar con base en los principios y los acuerdos internacionales firmados en esta materia.

Se menciona el caso emblemático de Rosendo Radilla, detenido y desaparecido por el Ejército Mexicano en los años 70, que fue admitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual emitió recomendaciones al Estado mexicano, que simuló cumplir sin llegar al meollo del asunto: México, a diferencia de Colombia o Argentina, no registra un solo caso de un procesado y sentenciado por el delito de desaparición forzada. Es necesario reiterarlo: pese a la lucha de persistentes organizaciones que durante décadas han exigido la aparición con vida de sus familiares, así como el castigo a los responsables de la llamada guerra sucia, que sigue vigente hasta nuestros días, y en consecuencia, el cese de la impunidad, no hay un solo integrante de las fuerzas armadas y los cuerpos de seguridad que haya sido llevado a la justicia por estos crímenes de Estado. Así, esta organización denuncia: "De los años 70 a 2007 pasaron más de 30 años para que, como Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario, los compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez fuesen objeto del mismo delito de lesa humanidad, detención-desaparición forzada ejecutada por esbirros del Estado mexicano al mando del Ejército federal y del gobierno por Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, el general Alfredo Oropeza Garnica y Ulises Ruiz, en su momento".

Este caso se tornó también emblemático en el ámbito nacional e internacional por el reconocimiento explícito de la militancia de dos de sus miembros por parte de esta organización político-militar y por la solicitud expresa de este grupo guerrillero, a través de un comunicado hecho público el 24 de abril de 2008, para que se conformara una comisión de mediación (Comed) que intercediera con el gobierno federal. Como miembro de esa primera comisión, junto con mis recordados compañeros Samuel Ruiz, Miguel Ángel Granados Chapa y Carlos Montemayor, nuestro vocero, solicitamos públicamente, como único requerimiento para establecerla, que el PDPR-EPR no llevara a cabo acciones armadas, esto es, una tregua que durante todo el trabajo de la Comed el grupo acató. Para el Estado mexicano, resolver satisfactoriamente este caso, asumiendo los costos políticos que ello implicaba, constituía una oportunidad única de entrar en un tipo de negociación, aunque fuera indirecta, con uno de los grupos armados más antiguos de todo el continente. De nada valieron razonamientos de esta naturaleza. Durante los años de un intenso trabajo de la Comed, lo que encontramos fue una absoluta cerrazón política para arribar a la verdad histórica, realizar las investigaciones ministeriales eficaces y pertinentes, encontrar con vida a los dos militantes revolucionarios y llevar a la justicia a los responsables de este execrable crimen.

A siete años de la desaparición, se ha tomado la decisión de llevar el sumario ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como un paso más para lograr que el gobierno mexicano acepte su responsabilidad en la comisión de esta abominable práctica represiva. El Comité Hasta Encontrarlos hace un llamado a seguir redoblando esfuerzos para enarbolar de manera conjunta la exigencia de la presentación con vida de todos los detenidos-desaparecidos del país, para que el rechazo y la condena social hacia estos crímenes de lesa humanidad sean cada vez mayor.

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