Consideran histórica resolución judicial para formar comisión que busque a activistas Debe indagarse en instancias federales. Abre brecha para abordar otros casos similares

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Fernando Camacho Servín

Periódico La Jornada
Miércoles 2 de julio de 2014, p. 14

La resolución de un tribunal colegiado que ordena a las autoridades formar una comisión especial para buscar a los luchadores sociales Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, víctimas de desaparición forzada en 2007, es un fallo "histórico" que puede abrir la posibilidad de que otros casos similares sean abordados de la misma manera.

Así lo afirmó el abogado especialista en temas de derechos humanos Sandino Rivero, quien al mismo tiempo advirtió que este avance dependerá de la voluntad política de las autoridades para cumplir con dicho ordenamiento, pues de lo contrario los familiares de ambos activistas acudirán al sistema interamericano de justicia.

Como ya había informado este diario la semana anterior, el Poder Judicial de la Federación (PJF) ordenó que la Secretaría de la Defensa Nacional, la Policía Federal, la Procuraduría General de la República (PGR), el Centro de Investigación y Seguridad Nacional y el gobierno de Oaxaca citarán a comparecer a los funcionarios posiblemente involucrados en la desaparición de Cruz y Amaya para rendir cuentas sobre el caso.

De igual forma, deberán buscarlos en todas las instalaciones militares o policiales del país donde hayan podido ser detenidos o enterrados, labor para la cual se deberá nombrar a una comisión especial.

En conferencia de prensa, Rivero lamentó que a pesar de la existencia de cuatro hipótesis sobre la desaparición de ambos hombres –reivindicados por el Ejército Popular Revolucionario como sus integrantes–, la PGR únicamente ha investigado a las autoridades de Oaxaca, pero se ha negado a hacer lo propio con las federales.

Aunque destacó que nunca antes la justicia mexicana había ordenado formar una comisión especial para un tema como este, el litigante llamó a ser "cautelosos", pues todavía es necesario esperar que dicho recurso se lleve a la práctica de manera efectiva.

El analista político Gilberto López y Rivas indicó que el fallo del PJF no fue una concesión del Estado, sino fruto de la presión de los familiares de las víctimas, sus abogados y personajes cercanos, y llamó a estar pendientes de que la comisión especial que se forme "no sea una más de las que nacen y desaparecen luego de un trabajo inútil".

Nadin Reyes y Margarita Cruz, familiares de los desaparecidos, alertaron que desde el anuncio del fallo han sido blanco de seguimientos y amenazas y no descartaron que la sentencia sólo forme parte de una estrategia para evitar que el Comité Hasta Encontrarlos lleve el caso ante tribunales internacionales, lo cual harán de todas formas si lo consideran necesario.

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