Exigen a Peña aceptar competencia de ONU en casos de desaparecidos

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Gloria Leticia Díaz
9 de septiembre de 2014
Destacado

MÉXICO, D.F. (apro).- Organizaciones civiles y familiares de desaparecidos exigieron al presidente Enrique Peña Nieto que acepte la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, para que éste pueda documentar casos de desapariciones forzadas y emitir medidas cautelares.

En una carta fechada el pasado lunes 8, una veintena de agrupaciones, varias de ellas conformadas por familiares de desaparecidos, alertaron que la negativa del gobierno mexicano para recibir comunicaciones por violaciones a la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas es “un ejemplo más de la falta de congruencia entre la política interior y la exterior en México”.

Y es que en el plano internacional México se ha colocado como un promotor de acuerdos en defensa de derechos humanos, pero ha evitado el escrutinio de organismos, como el Comité contra la Desaparición Forzada de ONU, integrado por expertos independientes.

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de las Desapariciones Forzadas, las ONG recordaron que la respuesta oficial expresada en el Consejo de Derechos Humanos, durante el Examen Periódico Universal en marzo pasado, fue que “la atención de la problemática de personas desaparecidas es un compromiso que ha asumido el gobierno de México”.

Sin embargo, apuntaron, uno de los pretextos esgrimidos por el gobierno peñanietista para justificar su negativa a admitir la competencia del Comité es que “la gran mayoría de las peticiones individuales relativas a las violaciones a los derechos humanos son presentadas en el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos” (SIDH).

Luego de reconocer el trabajo del SIDH, los inconformes sostienen que “ello no debe ser un obstáculo para garantizar las mayores posibilidades de protección internacional a las víctimas cuando las instituciones del Estado fallan en sus obligaciones de respeto y garantía”.

También recordaron que México fue uno de los primeros países en firmar la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, en 2006, pero sin admitir la intervención en casos específicos, impidiendo con ello que “se hagan realidad los derechos irrenunciables a la verdad, la justicia y reparación en casos de desapariciones forzadas”.

Además, expusieron que pese al activismo internacional, hoy en día “muchos casos de desapariciones no se denuncian en nuestro país por miedo, estigmatización, falta de sensibilidad o desconfianza a las autoridades”.

Y en aquellos en los que sí existen denuncias, 22 mil de acuerdo con datos de la Secretaría de Gobernación (Segob), “no existen mecanismos efectivos de búsqueda, identificación de restos, protección de familiares y sujetos procesales, así como de identificación y sanción de los responsables”.

A lo anterior, apuntaron, se suma que “no hay coordinación ni mecanismos trasnacionales que garanticen acciones de búsqueda para las personas migrantes desaparecidas”.

Es por ello que las ONG exigieron a Peña Nieto “el reconocimiento del derecho de los familiares, organizaciones y víctimas a presentar comunicaciones o denuncias por violaciones a derechos humanos relacionados con desapariciones forzadas, bajo los requisitos establecidos en la misma Convención Internacional”.

Al insistir en que México debe aceptar la intervención del organismo de ONU, las organizaciones sostuvieron que “el derecho a la justicia va más allá de las formalidades nacionales y debe posibilitar a las víctimas acudir a cuantas instancias internacionales consideren pertinentes en busca de protección, justicia y reparación cuando las autoridades mexicanas incumplan su mandato, que es lo que ocurre hoy en México”.

La misiva a Peña Nieto fue avalada por el Comité de Familiares de Personas Detenidas Desaparecidas en México ¡Alzando Voces!; la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos; los centros de derechos humanos Agustín Pro, Juan Geradi, Paso del Norte y Fray Juan de Larios.

Se sumaron también el Colectivo por la Paz en Xalapa, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo.

La carta también contó con el respaldo del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos, Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México, Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León, Fundación Diego Lucero, Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, Fundar Centro de Análisis e Investigación, Justicia para nuestras Hijas, Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, Servicios y Asesoría para la Paz y la organización HIJOS.

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