“Desaparición de normalistas de Ayotzinapa es responsabilidad del Estado mexicano”: CIDH

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Emilio Álvarez Icaza, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señaló que se trata de un caso de desaparición forzada, al verse involucrados servidores públicos.

octubre 20, 2014

La desaparición de los 43 estudiantes de la escuela normal “Isidro Burgos” en Iguala, Guerrero, los pasado 26 y 27 de septiembre, es responsabilidad del Estado mexicano, señaló Emilio Álvarez Icaza, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En entrevista con Carmen Aristegui para Noticias MVS, Álvarez Icaza abundó que la responsabilidad del Estado en el caso de los 43 estudiantes se da como un caso de desaparición forzada, al verse involucrados servidores públicos.

Ayer, 19 de octubre, el comisionado nacional de Seguridad Pública, Monte Alejandro Rubido, informó que el Gobierno de la República solicitó formalmente la asistencia técnica de la CIDH para atender el caso Iguala, sobre lo que Álvarez Icaza refirió que la Comisión decidió otorgar medidas cautelares a las víctimas de los hechos de manera excepcional, por la “urgencia” que amerita y la “gravedad de los hechos”.

“El Estado tendrá que actuar con todos sus medios con independencia de la respuesta de la Comisión Interamericana”, señaló el secretario al tiempo que informó que la CIDH solicitó información al Estado mexicano, el cual ya entregó un primer reporte.

Asimismo dio a conocer que representantes de la Comisión ya se reunieron con padres de los normalistas, representantes de centros de Derechos Humanos y una delegación gubernamental.

La asistencia solicitada por el gobierno federal a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) es con el fin de implementar las medidas cautelares establecidas para proteger a todas las víctimas, precisó ayer Rubido García.

El 10 de octubre pasado, la CIDH expresó su profunda preocupación por los presuntos graves hechos de violencia ocurridos en Iguala e hizo un llamado urgente al Estado mexicano, para localizar a los desaparecidos, para proteger la vida e integridad personal de los sobrevivientes, sus familiares y representantes; así como a investigar estos delitos de manera pronta, diligente e imparcial.

Entre la noche del viernes 26 y la madrugada del sábado 27 de septiembre, se habrían producido en la localidad de Iguala, Guerrero, una secuencia de hechos de violencia contra estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, de Ayotzinapa, que se habría iniciado cuando un grupo de aproximadamente 80 estudiantes salían de la central de autobuses desde la ciudad de Iguala a la ciudad de Chilpancingo. A partir de ese momento, agentes de la policía municipal, presuntamente en colusión con sicarios vinculados al crimen organizado, habrían atacado en el curso de las horas siguientes a los estudiantes de manera indiscriminada con armas de fuego de grueso calibre. Estos graves hechos de violencia, cuyas causas aún no se han esclarecido, habrían dejado a la fecha un saldo de seis personas muertas (3 estudiantes del referido centro educativo, uno de ellos con presuntos signos visibles de tortura, dos futbolistas y una mujer); al menos 14 estudiantes heridos, algunos de ellos de gravedad; y 43 estudiantes cuyo paradero aún no se ha establecido.

Debido a la urgencia y gravedad de esta situación, el 3 de octubre de 2014, la CIDH otorgó medidas cautelares solicitando al Estado mexicano que adopte todas las medidas requeridas para determinar la situación y paradero de los 43 estudiantes identificados como desaparecidos o no localizados con el fin de proteger su vida e integridad, así como para proteger a los estudiantes heridos que ingresaron en un hospital, puesto que su vida e integridad personal estarían amenazadas y en grave riesgo.

La CIDH recordó que en 2011, después de una visita de trabajo a México, hizo hincapié en que el Estado enfrenta importantes desafíos relacionados con el aumento del poder de las organizaciones del crimen organizado, observando que estos grupos “poseen armas de alto poder destructivo y tendrían influencia en algunos ámbitos a nivel local y federal”. Además, indicó que muchos actos delictivos perpetrados por estas organizaciones criminales “habrían contado con la participación de elementos corruptos pertenecientes a la policía y órganos del Estado, lo que les habría facilitado la comisión de graves violaciones a los derechos humanos propiciándose la impunidad”. Esta situación supone un deterioro manifiesto del Estado de derecho.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

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