Parte 2. Los crímenes de lesa humanidad en México

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En nuestro país como en muchos otros países de América Latina los crímenes de lesa humanidad se han venido desarrollando de manera sistemática, bajo un manto de total impunidad, pues en la mayoría de los casos, los miles de crímenes que se han cometido en contra del pueblo permanecen sin castigo alguno, aun cuando los Estados se han comprometido a respetar el derecho internacional.

Una de las prácticas más aberrantes que ha sido implementada en diversos países en el mundo y que ha causado terribles efectos es, la desaparición forzada de personas, crimen que ha sido catalogado por el derecho internacional como crimen de lesa humanidad.

La desaparición forzada se instaura como una práctica sistemática y como una política de Estado, con la finalidad de combatir a los luchadores sociales, personas críticas y disidentes del sistema. En América Latina, ante el auge de las organizaciones guerrilleras durante las décadas de los sesenta y setenta, Francia y Estados Unidos implementaron los modelos de la lucha antisubversiva o contrainsurgente la cual implicaba, entre otras cosas, el ejercicio sistemático de la tortura, la ejecución extrajudicial y la desaparición forzada por parte de las fuerzas de seguridad contra los movimientos populares y armados. El primer país en aplicar estos métodos fue Guatemala, seguido de México.

A partir de 1964, en México con el surgimiento del primer brote guerrillero en el estado de Chihuahua, comenzó a aplicarse la doctrina contrainsurgente. De esta manera, dio inicio a un periodo caracterizado por las violaciones masivas a los derechos humanos, al cual se conoce como “guerra sucia”. En donde las primeras desapariciones forzadas se llevaron a cabo dentro de los movimientos campesino y estudiantil, a partir del año de 1968. Pero fue en Atoyac de Álvarez, Guerrero en donde más de 1200 personas fueron detenidas desaparecidas acusadas de pertenecer y apoyar a la guerrilla de Lucio Cabañas. Desde entonces hasta hoy, la práctica de la desaparición forzada de personas se ha venido incrementando, adquiriendo nuevas características.

Así mismo, en diferentes partes del país, como lo es la huasteca hidalguense, en los años ochentas y noventas se desató una política represiva en contra del movimiento popular independiente, que luchaba por la demanda de la tenencia de la tierra, la presentación con vida de los desaparecidos y los presos políticos. Esta política trajo consigo asesinatos y desapariciones forzadas de campesinos, hecho que sigue existiendo hasta nuestros días en diversos estados del país, como lo es el caso de la detención desaparición de los luchadores sociales Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez el 25 de mayo del 2007.

El Estado mexicano ha cometido miles de violaciones a los derechos humanos que constituyen crímenes de lesa humanidad, entre ellos; ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. En el sexenio gobernado por Felipe Calderón y con la puesta en marcha de una supuesta guerra en contra de la delincuencia organizada y el narcotráfico más de 100 mil personas fueron asesinadas y más de 40 mil han sido desaparecidas, sin que exista el castigo a los responsables de cometer estos crímenes que han adquirido magnitudes impensadas.

Desde que Calderón lanzo esa supuesta guerra, desde el norte hasta el sur de nuestro país, miles de personas han sido asesinadas por elementos de las fuerzas armadas, y grupos paramilitares, tantas que el gobierno mexicano ha disfrazado la verdadera cifra de los miles y miles de asesinados que ha dejado esta absurda guerra, a los cuales hay que sumar los más de 24 mil 102 personas se encuentran en fosas comunes (1), que no han podido ser reconocidas por sus familiares, y los desplazados por la violencia. Pueblos enteros que han quedado vacíos. Cientos de ejidos y ranchos abandonados. En noviembre del año pasado se contabilizaba que un millón 600 mil personas abandonaron sus casas sobre todo en Chihuahua, Tamaulipas, Sinaloa, Coahuila, Durango, Baja California, Nuevo León, Michoacán, Guerrero y Veracruz, según un estudio de Fidel López García, académico consultor de la ONU para desplazados.

Además de lo anterior, el gobierno se ha negado sistemáticamente a hablar de los desaparecidos. ¿Cuántas personas han desaparecido en los últimos seis años en México? según la propias cifras oficiales más de 25 mil. Sin embargo, entre las organizaciones se habla de más de 40 mil desaparecidos y sabemos que esta cifra puede ser mayor, ya que muchos casos no han sido denunciados por el miedo que han infundido las propias autoridades en contra de las familias para que estas no denuncien, además de que existe una dificultad por parte de las organizaciones de derechos humanos para poder documentar los casos, que día a día se siguen cometiendo.
Entre las desapariciones forzadas se encuentran jóvenes, trabajadores, profesionistas, personas humildes, que no pertenecen a una organización o que tengan alguna actividad política, y que tienen como característica el haber sido desaparecidos en grupo. Estas características nos hablan de una nueva modalidad en esta práctica, que está siendo dirigida en contra de toda la población y que a su vez ha permitido que los casos de personas defensoras de derechos humanos y luchadores sociales, que han sido detenidos desaparecidos por el Estado, queden invisibilizados ante la gravedad de los miles de casos que existen. Dado esta práctica sigue dirigiéndose de manera selectiva en contra de luchadores sociales y defensores de derechos humanos.

La magnitud de desapariciones forzadas en nuestro país nos habla del perfeccionamiento de esta práctica, que bajo el contexto de supuesta guerra contra el narco ha sido cometida por elementos de las fuerzas armadas y grupos paramilitares que actúan bajo el apoyo y consentimiento del Estado y que de esta manera él no pueda ser responsabilizado directamente.

Las desapariciones forzadas han sido justificadas por el Estado, como parte de los supuestos “daños colaterales” de la guerra contra el narco, en donde todo acto que sucede es acuñado a la delincuencia organizada, como un “levantón” o ejecución ligado a la delincuencia, llegando incluso al límite de criminalizar a las víctimas, al ser señaladas como miembros de la delincuencia organizada, para tratar de justificar el hecho de desaparecerlos, o asesinarlos y así deslindarse de su responsabilidad de investigar, enjuiciar y castigar a los responsables.

1. http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/4d2c02305699338aca6aeaed0fc98b9f

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