Los padres de los normalistas de Ayotzinapa, entre la rabia, el dolor y la dignidad

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Guillermo Castillo Ramírez
Rebelión


“Estoy triste, pero debo agarrar fuerzas del coraje, porque a mí me indigna esto que le hicieron a los muchachos… es algo que me llena de coraje … quiero llegar hasta las últimas consecuencias, que se esclarezca la verdad, porque no estamos exigiendo algo que no nos merecemos, y la sociedad, gracias a dios, nos ha dado fortaleza”.

Emiliano, padre de uno de los normalistas desaparecidos [8 de noviembre de 2014]

El reclamo de justicia y la ambigüedad oficial

Desde los asesinatos y desapariciones de los estudiantes acontecidos el 26 de septiembre en Iguala, han pasado más de cincuenta días y, dadas las ambigüedades e inconsistencias de las investigaciones oficiales, los padres de los normalistas aún no saben el paradero de sus hijos. Durante estas semanas y en el desarrollo de las indagatorias y la búsqueda de los desaparecidos, la relación del Estado mexicano con los padres de los estudiantes de Ayotzinapa ha estado marcada por la indiferencia, el desdén y la negligencia oficiales. La demanda principal de estos padres, la aparición con vida de los normalistas secuestrados y el esclarecimiento de los hechos, no ha sido aún resuelta. Los tropiezos, desencuentros e inconsistencias por parte de las autoridades estatales y federales han sido una constante.

(A) Al principio, cuando las indagatorias recayeron en las instancias de justicia de Guerrero, los autoridades estatales, en vez de actuar de manera expedita en el curso de las primeras 72 horas (de acuerdo a lo que establecen los protocolos internacionales para los casos de desapariciones forzadas), procedieron de manera lenta y errática. Posteriormente, con el descubrimiento de varias fosas clandestinas con restos humanos en los alrededores de Iguala, las autoridades estatales discriminaron de facto a los padres de familia y primero dieron información a la prensa y medios de comunicación. Aunado a esto y según testimonios de algunos de los padres, el gobierno de Guerrero, una vez que el caso Iguala tomó notoriedad pública, ofreció dinero de manera discrecional a los deudos de los desaparecidos, con miras a contener y desmovilizar las manifestaciones sociales en apoyo a los normalistas de Ayotzinapa.

(B) Posteriormente, los hallazgos de las fosas clandestinas en los primeros días de octubre y el tratamiento público y mediático que de este descubrimiento se hizo fue otro punto de inflexión y tensión. La información respecto al origen y procedencia de los restos humanos encontrados en dichas fosas fue confusa, contradictoria y selectivamente difundida. Mientras las autoridades de Guerrero afirmaron que los restos correspondían a los normalistas desaparecidos el 26 de septiembre, la PGR, tras su tardía inserción en las investigaciones, negó rotundamente dicha aseveración. Pero, ni las autoridades estatales de Guerrero, ni la PGR, se preocuparon por proporcionar información fidedigna y certera a los deudos de los normalistas asesinados y desaparecidos.

(C) Así mismo, la atracción por parte de la PGR del caso de los estudiantes desaparecidos en Iguala fue bastante tardía y forzada por la presión de las movilizaciones sociales y la cobertura mediática en México y el extranjero. En un inicio la actuación de la PGR estuvo caracterizada por una clara falta de coordinación con las autoridades de Guerrero. Después y en una acción que puede leerse como un agravio a los padres de los estudiantes, sin ninguna evidencia de por medio la PGR de manera infundada intentó inculpar y vincular a los normalistas al crimen organizado, probablemente con la intención de restar legitimidad a los reclamos por encontrar con vida a los desaparecidos. Los padres de los normalistas rechazaron públicamente ese rumor e hicieron patente que, en un ejercicio de gatopardismo político e inversión moral, se estaba intentando hacer co-responsables de la violencia acontecida a las víctimas y los agredidos del 26 de septiembre en Iguala.

De este modo, dentro de este contexto de violencia e impunidad, el Estado mexicano (primero a nivel estatal y luego a nivel federal) no ha reconocido a los padres de los normalistas de facto su condición política y jurídica de ser familiares directos y deudos de los desaparecidos; tampoco ha asumido que se trató de un crimen de Estado (con desapariciones forzadas) ni actuado en correspondencia. El Estado mexicano no sólo discriminó y faltó al respeto a los padres de los normalistas al no mantenerlos al tanto de las investigaciones y los avances de las indagatorias en los días posteriores a los asesinatos y desapariciones, sino que también mostró falta de sensibilidad y responsabilidad política al no proporcionarles información fidedigna, oportuna y veraz. A lo anterior se sumó la negligencia y desdén que se manifestó en la postergada atracción del caso por parte de las autoridades federales. El dolor e indignación de los padres de los normalistas de Ayotzinapa es una imagen fehaciente y atroz de la situación de inseguridad e impunidad que han vivido y viven decenas de miles de familias mexicanas que en los últimos dos sexenios han sufrido la desaparición forzada y/o el asesinato de alguno o varios de sus seres queridos.

Frente a las inconsistencias de las indagaciones oficiales, las voces de la dignidad

Una vez que las autoridades federales se hicieran cargo de las investigaciones de los estudiantes secuestrados de Ayotzinapa y más de un mes después de las desapariciones y cuando el caso ya era una noticia de dimensiones internacionales, las autoridades organizaron un encuentro entre los padres de los normalistas y el ejecutivo federal el 29 de octubre. En dicha reunión los padres expresaron al gobierno federal que no había hecho lo suficiente para encontrar a los estudiantes secuestrados y demandaron intensificar las investigaciones y la búsqueda con vida de los desaparecidos. Esto llevo a un vistoso despliegue por parte de las autoridades en un afán por mostrar avances inmediatos y salir a toda cosa de la crisis política.

Pocos días después, en un hecho que elevó la tensión, el 7 de noviembre el Procurador Murillo Karam, después de hablar con los padres, en conferencia de prensa sostuvo que los estudiantes, después de ser privados de su libertad, habían sido ultimados e incinerados, y posteriormente sus restos tirados al río. Los padres de los normalistas no tardaron en rebatir públicamente la versión del responsable de la PGR y manifestaron su incredulidad debido a: (1) la poca evidencia mostrada, (2) a que esa versión de los hechos se basaba principalmente en tres testimonios (3) y, finalmente, a la falta de respaldo científico mostrado. Para ellos se trató, una vez más, de dar un carpetazo al caso y cerrar las investigaciones. Los padres reiteraron enfáticamente su petición de justicia y la exigencia del cumplimiento de su demanda central: la aparición de los 43 normalistas desaparecidos. Frente a la ambigüedad de las investigaciones y las contradicciones del actuar de las autoridades federales, los padres de los normalistas han mantenido y elevado con fuerza su voz digna y reiterado su principal reclamo: encontrar con vida a los estudiantes. Así mismo, y dada la falta de confianza en el Estado y sus autoridades, demandaron investigaciones imparciales a cargo de instituciones no oficiales.

Valor y las movilizaciones sociales

No obstante, los padres de los normalistas, lejos de sentarse cruzados de brazos a esperar los avances de las investigaciones y la búsqueda de los estudiantes desaparecidos, desde los días posteriores al 26 de septiembre se han movilizado y realizado múltiples acciones para hacer visible el caso de Ayotzinapa y presionar social y políticamente al Estado y sus instituciones de impartición de justicia, a fin de encontrar con vida a sus hijos y familiares. En esto tenor, desde Guerrero y otros lugares del país han convocado, difundido y participado en muchas movilizaciones sociales y manifestaciones públicas de alcance nacional e internacional. Dos manifestaciones concretas e ilustrativas de esto han sido su participación el 22 de octubre en el día de acción global y el 5 de noviembre en la 3ra Jornada Global por Ayotzinapa, donde encabezaron las marchas multitudinarias que culminaron en el Zócalo de la Ciudad de México. Ahí reiteraron que, mientras no aparezcan los estudiantes con vida y se esclarezcan los hechos y se castigue a los responsables, seguirán las movilizaciones. En estas manifestaciones los padres agradecieron el apoyo que se les ha brindado y llamaron a los grupos y organizaciones sociales y políticas, a los estudiantes y maestros, a la sociedad civil a seguir haciendo suya la exigencia de justicia por Ayotzinapa. Recientemente, el 14 de noviembre iniciaron tres caravanas nacionales informativas, cuyo fin, tras recorrer varios estados del país, es difundir su reclamo y sumar fuerzas para hacer resonar la demanda de encontrar a sus hijos. El 20 de noviembre, junto con organizaciones sociales y políticas, estudiantes y maestros y la sociedad civil, los padres de los normalistas saldrán otra vez en movilización nacional a exigir una demanda legitima e incuestionable: la aparición con vida de los desaparecidos.

Blog del autor: http://unam.academia.edu/GuillermoCastilloRamirez

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