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Piden a ONU abrir oficinas regionales

Miércoles 10 de diciembre de 2014, por Hasta encontrarlos

10 de diciembre de 2014

Bibiana Pérez Linares camina sobre la Calle Horacio, en Polanco, con un letrero en el que lee "¿Dónde están todxs?".

A ella, quien es hermana de Alberto Miguel Pérez Linares, detenido desde el 21 de mayo pasado durante una movilización en San Bartolo Ameyalco, le sigue un contingente que sostiene una manta con ocho fotos impresas.

A las imágenes les acompaña la leyenda: "Presentación con vida de todos los detenidos y desaparecidos: Francisco Paredes; Gabriel Cruz Sánchez; Edmundo Reyes Amaya; Virginia Ortiz; Daniela Ortiz; Carlos René Román; Lauro Juárez y Guadalupe Pérez Sánchez".

Bibiana participa en la marcha que llevan a cabo organizaciones de derechos humanos, familiares y víctimas de violaciones a sus garantías hacia las oficinas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para solicitar la apertura de oficinas regionales en Michoacán, Oaxaca, Guerrero y Chiapas.

De acuerdo con Héctor Cerezo Contreras, coordinador del área de acompañamiento del Comité Cerezo México, la petición se fundamenta en la sentencia de la audiencia final del Tribunal Permanente de los Pueblos, celebrada del 26 al 28 de septiembre en Michoacán.

"La documentación y la estadística nos dice que en estos estados ocurre el mayor número de desapariciones forzadas, de ejecución extrajudicial y de presos políticos. Guerrero no sólo por lo de Ayotzinapa sino que hay organizaciones de derechos humanos que están documentado 3 mil desapariciones al igual en Oaxaca estamos demandando la presencia de Virginia y Daniela Ortiz, indígenas triquis desaparecidas en 2007", detalló.

"En Michoacán se ha recrudecido la violencia desde el sexenio de (el Presidente Felipe) Calderón y hay detenciones arbitrarias, prisión de presos políticos sobre todo a partir de la política de seguridad y lo mismo ocurre en Chiapas".

En el 66 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se conmemora hoy 10 de diciembre, familiares de víctimas y organizaciones denuncian que en el País existe una política sistemática de violación a los derechos humanos, lo que ha generado un aumento de presos por motivos políticos, desapariciones forzadas, detenciones, ejecuciones y violación al derecho de protesta.

En la protesta participan también familiares de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, ambos desaparecidos en Oaxaca durante 2007, así como un contingente del Comité Urbano Popular.

Al llegar a las oficinas del Alto Comisionado fue recibida una comitiva de cuatro integrantes.

Una de las demandas principales que expusieron los activistas es que se promueva un acuerdo con el Gobierno mexicano para establecer oficinas estatales en los estados donde el Tribunal de los Pueblos documentó la mayoría de las violaciones de derechos humanos.


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