¿Por qué exigimos la búsqueda de los desaparecidos en los campos militares; la investigación y sanción de los cuerpos castrenses en los casos de Desaparición forzada?

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Ciudad de México a 15 de enero 2014

Al hablar de desapariciones forzadas en el país tenemos que analizar el porqué esta terrible práctica se ha implementado de manera sistemática, en quiénes son los responsables de cometerlas y cuáles son los motivos. Del mismo modo debemos cuestionarnos quién o quiénes son los beneficiarios de estos crímenes.

En nuestro país, como en muchos países de Latinoamérica como Guatemala, Chile y Argentina, sólo por mencionar algunos, se conoce cuáles han sido los antecedentes de éste terrible crimen ( no está de más decir, que México fue el segundo país después de Guatemala en implementar esta terrible práctica). El desaparecer a todo aquel disidente, luchador social o activista, era y sigue siendo una práctica recurrente a la que los diferentes Estados han recurrido para mantener el control del pueblo y causar terror. En los años setentas y ochentas, como en la actualidad, los responsables de cometer las desapariciones forzadas han sido cuerpos militares y paramilitares auspiciados y creados ex profeso para realizar estas prácticas. Sin embargo han tenido que transcurrir décadas para que, por lo menos en algunos de los países antes mencionados, se avizorara la verdad y la justicia para las víctimas y sus familiares; aunque hasta la fecha no han sido castigados la totalidad de los responsables de participar en esta grave violación a los Derechos Humanos.

En México, desde la década de los setentas la participación del Ejército en la comisión de éste crimen de lesa humanidad ha sido una constante, así lo ha demostrado la abundante documentación que existe de los cientos de casos que fueron cometidos durante el periodo conocido como la “guerra sucia” y también en la actualidad.

Desde el caso del Sr. Rosendo Radilla Pacheco detenido-desaparecido en 1974 en Atoyac de Álvarez, Guerrero, caso documentado y que ha sentado precedente en la Corte Interamericana hasta la detención desaparición de los luchadores sociales Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez en 2007 en Oaxaca, y el más reciente, la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas, podemos observar la participación del ejército en la comisión, omisión, o complicidad en la perpetración de éste crimen. De ahí que la exigencia de la búsqueda de los detenidos desaparecidos en los centros militares no sea sólo una ocurrencia o falsa acusación de parte de los familiares y organizaciones, sino una demanda histórica sustentada en la documentación, evidencias y testigos que demuestran que los cuerpos castrenses han participado de manera recurrente en estos actos.

Rosendo Radilla fue detenido en un reten militar y visto por última vez en el Ex Cuartel Militar de Atoyac de Álvarez, Guerrero, razón por la cual existe una sentencia condenatoria de la Corte Interamericana contra el Estado Mexicano desde el 2009 en la que se ordena la búsqueda de Rosendo en los cuarteles de Guerrero; Edmundo Reyes y Gabriel Cruz fueron vistos por última vez en el campo militar número 1, y existe una importante resolución del Poder Judicial de la Federación emitida el pasado 26 de junio del 2014 en donde se ordena realizar su búsqueda en los principales cuarteles militares del país; sin embargo, a pesar de haber suficientes elementos para investigar a los cuerpos castrenses, el Estado mexicano, de manera sistemática, ha impedido que el ejército sea investigado, y al contrario retarda las diligencias, borra evidencias y mantiene en la impunidad miles de casos.

Después de más de tres meses de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, luego de la presión y exigencia de los padres de familia y organizaciones populares el Estado ha accedido “abrir” el cuartel de Iguala para buscar a los estudiantes, lo cual es, sin duda, un avance y un logro del movimiento popular, sin embargo se debe luchar y exigir que todos los cuarteles sean abiertos y revisados escrupulosamente para buscar a los miles de detenidos desaparecidos y no permitir que éste acto sea un mero hecho de simulación y proselitismo que no permita ir más allá para conocer la verdad y obtener justicia.

Demandando el respeto al Estado de derecho y las leyes que tanto pregona Miguel Ángel Osorio Chong y Enrique Peña Nieto, exigimos que se cumplan las resoluciones y sentencias que tiene el Estado mexicano en los casos de desparición forzada, en las cuales se exige la búsqueda de los desaparecidos en los cuarteles militares y cárceles como lo es el caso de los luchadores sociales Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, cuyo ordenamiento judicial fue ordenado desde hace 6 meses y tiene que ser acatado en los próximos días por el Estado Mexicano.

Hoy la apertura de todos los cuarteles y cárceles es una demanda conjunta de muchas organizaciones y familiares en diversas partes de nuestro país, donde esta terrible práctica ha cobrado miles de desaparecidos, por ello esta exigencia no debe cesar hasta lograr que sea acatada, se logre dar con el paradero de los desaparecidos y los responsables sean castigados.

Sólo la organización y demanda conjunta a la par de la presión política logrará que el Estado se vea obligado a buscar a los detenidos desaparecidos y castigar a los responsables. En estos momentos más que nunca no debemos bajar la guardia.

¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!

¡Presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos del país!

¡A revisar los cuarteles, que el ejército los tiene!

¡Juicio y castigo a los Responsables!

¡Alto al Terrorismo de Estado!

Atentamente

Comité de familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”

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