Voceros de los padres de Ayotzinapa; Piden entrar con acusaciones de hace 40 años

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El Economista
Ana Langner y Jorge Monroy
Ene 19, 2015 | 23:39

La revisión al 27 Batallón Militar de Iguala, Guerrero, quedó estancada, debido a que los padres de los 42 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa insisten en revisar otros cuarteles militares en el país, y por su negativa de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sea quien determine los protocolos de la revisión.

Fuentes de la Secretaría de Gobernación dijeron a El Economista que los padres no aceptaron la invitación del secretario Miguel Ángel Osorio Chong y de la Secretaría de la Defensa Nacional para revisar únicamente el cuartel de Iguala, por lo que advirtieron que esta semana entregarán a Osorio un documento donde especificarán otros planteles militares que desean visitar en el país. Por ese hecho, la negociación para la definición de quiénes ingresarán a dicho cuartel y la fecha para ello quedó estancada.

“No hay previsto un calendario”, dijo una de las fuentes consultadas, respecto de cuándo podría ocurrir la revisión solicitada por el abogado Vidulfo Rosales y el señor Felipe de la Cruz, en representación de los familiares de los 42 normalistas, aún en calidad de desaparecidos.

Explicaron que los padres de los normalistas quieren ser ellos y no la CNDH, quien determine los protocolos de búsqueda de los desaparecidos al interior del cuartel de Iguala.

De hecho, informaron, la representación de los padres descartó la revisión al 27 Batallón de Infantería el pasado fin de semana, debido a que desde el viernes y hasta el domingo pasado, realizaron una búsqueda ciudadana de los desaparecidos en la Montaña de Guerrero, que concluyó sin resultados.

Además, los padres de los 42 normalistas esperan esta semana la llegada de los cinco integrantes del grupo interdisciplinario de expertos independientes en materia de derechos humanos que enviará la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a nuestro país, conforme al Acuerdo de Asistencia Técnica para el caso de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.

La agenda de los padres para los próximos días también implica una megamarcha el próximo 26 de enero en el Distrito Federal, como parte de sus acciones para demandar la presentación con vida de los 42 normalistas desaparecidos, de quienes la PGR tiene indicios de que fueron asesinados por sicarios del grupo criminal Guerrero Unidos, y luego calcinados en el basurero municipal de Cocula, Guerrero.

Argumentan su decisión

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan demanda la apertura inmediata de los cuarteles militares a los padres de los 43 normalistas desaparecidos como un ejercicio elemental de transparencia para el esclarecimiento de los hechos.

En un análisis de opinión, la organización no gubernamental -que ha acompañado el caso Ayotzinapa desde el inicio- advierte que la demanda de los padres de los estudiantes desaparecidos de entrar a los cuarteles militares es razonable, pues la propia historia ha registrado graves violaciones a los derechos humanos cometidas por el Ejército.

Tlachinollan, presidida por Abel Barreda, argumenta que la práctica extendida de las detenciones de civiles en instalaciones militares es una realidad que data desde la Guerra Sucia (ocurrida en México en la década de los 70).

El organismo cita la recomendación 26/2001 (del año 2001 ) que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en la cual el organismo acreditó que las instalaciones castrenses fueron profusamente empleadas en los 70 para la detención de civiles.

La recomendación 26/2001 se relaciona con las 532 quejas sobre la desaparición forzada de personas durante la década de los 70 y principios de los 80 del siglo pasado y que le tocó a la CNDH revisar en el 2001. En ese año, por primera ocasión este organismo nacional dirigió una recomendación al presidente de México, quien la aceptó en todos sus términos, adquiriendo así la obligatoriedad en su cumplimiento.

En opinión del centro de derechos humanos, esta práctica nunca fue erradicada en el marco de un verdadero proceso de justicia transicional.

En la recomendación la Comisión Nacional de Derechos Humano expone que “la práctica de los elementos militares de retener en sus instalaciones a las personas que detienen, en donde formalizan su puesta a disposición y los certifican médicamente, en tanto comunican dicha detención a la autoridad ministerial, también es recurrente y muy delicada; ya que dentro de éstas, las personas detenidas son objeto de cualquier tipo de agravios en su integridad física y emocional”.

Desde hace décadas se ha documentado la práctica de detener civiles en instalaciones militares -como en el caso de los campesinos activistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, que motivó que la CIDH dictara sentencia-; a su vez, la CNDH ha constatado que en los últimos años ha aumentado e incluso se han dirimido en la SCJN y en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos casos en los que esta práctica se ha comprobado.

“Por esto mismo, la demanda de los padres y las madres de los estudiantes desaparecidos no puede soslayarse ni mucho menos ser invalidada (...) La apertura de los cuarteles en Guerrero no es sólo una exigencia para esclarecer el caso de Ayotzinapa, sino también una deuda histórica en esta entidad marcada por la violencia de Estado”, exhibe Tlachinollan.

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