Pésima, la actuación del gobierno ante desapariciones: AI

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PGR busca maquillar cifras, mientras que AI y diputados muestran una visión menos halagüeña sobre las desapariciones forzadas.

Ciudad de México (elsemanario.com).- En el Foro Sobre Desaparición Forzada de Personas llevada a cabo el día de ayer en la Cámara de Diputados, el secretario ejecutivo de la oficina en México de Amnistía Internacional (AI), Perseo Rendón Quiroz, calificó de deficiente la actuación del gobierno mexicano en el tema de los derechos humanos. A pesar de la firma de tratados internacionales y de la implementación de reformas, no hay una mejora en el actuar de las autoridades.

Rendón atribuyó esto a los altos índices de impunidad, donde no se hace persecución ni a funcionarios públicos ni otras personas involucradas en los crímenes. Aseguró que la impunidad contempla casi un cien por ciento de los casos.

La subprocuradora de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR), la ex diputada perredista Eliana García Laguna, informó en el mismo foro que su dependencia ha iniciado 435 investigaciones e iniciado la búsqueda de 621 personas desde 2003. De ellas sólo 17 fueron consideradas como desapariciones forzadas.

Ante esta información Rendón Quiroz cuestionó esta clasificación haciendo alusión a la poca credibilidad, diligencia y profesionalismo con el que se llevan a cabo las investigaciones de la PGR. Aseguró que las desapariciones son tratadas como extravíos, secuestros o privación ilegal de la libertad, “cuando en realidad son casos de desaparición forzada debido a la intervención directa o indirecta y por acción u omisión de funcionarios públicos”.

Por su parte, el director del programa de Presuntos Desaparecidos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Agustín Lara Godoy, respaldó la crítica al informe de la PGR, asegurando que no existe un registro capaz de dar a conocer la magnitud real del problema. Insistió en la petición dirigida al Poder Ejecutivo de que permita la participación del Comité contra la Desaparición Forzada, especialmente en lo que corresponde a la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.

Sobre este último tema, el académico del Instituto de Física de la UNAM Jorge Antonio Montemayor reiteró la falsedad del reporte de la Procuraduría sobre la incineración de los cuerpos en el basurero de Cocula, Guerrero. “Es un simple análisis de física que pudo hacer cualquiera de mis estudiantes en la universidad. Y también los técnicos de la PGR, pero no lo hicieron porque obedecen órdenes de arriba. No por miedo a que los corran, sino porque los maten”, sentenció el investigador.

Legisladores también se posicionaron frente al tema

El coordinador de los diputados perredistas, Agustín Miguel Alonso Raya, afirmó que las desapariciones forzadas son “un crimen de Estado, porque tiene que ver con las organizaciones del Estado”. Las instituciones cuya competencia es la seguridad, impartición y procuración de justicia tienen la obligación de prevenir estos crímenes puesto que se debe tener la claridad de saber la ubicación de todos aquellos que sean detenidos por las autoridades. La actuación ineficaz de éstas es la causa de que exista la delincuencia organizada, aseveró.

“Todos conocemos de lamentables casos en los que se les ha privado de la libertad y los familiares nunca pueden volver a encontrarse. Es vivir totalmente en la incertidumbre y es ir matando lentamente a las familias ante una situación tan grave como ésta, y se vuelve más grave con la complicidad, en muchos de los casos, de las autoridades”.

Otro diputado perredista, José Luis Esquivel Zalpa, señaló que en el país sólo tres estados cuentan con una legislación sobre la materia: Querétaro, Nuevo León y Coahuila. Además, para contribuir a los cuestionamientos al reporte de Eliana García, presentó un informe de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob) en que se asentaba que la PGR recibió de esa dependencia una base de datos con un total de 27 mil casos de desapariciones forzadas. Los culpables de estos cargos son tratados como un caso de secuestro, “cuando en realidad son casos de desaparición forzada debido a la intervención directa o indirecta y por acción u omisión de funcionarios públicos”.

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