México incumple en DH, denuncian

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Ana Langner / El Economista

Miércoles 21 de Enero de 2015 | 23:37

Mientras la situación de derechos humanos en México respecto de la desaparición forzada de personas -y otros tipos de desapariciones- ha alcanzado niveles de extrema preocupación; el Estado mexicano sigue incumpliendo numerosas obligaciones impuestas por la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra la Desaparición Forzada, denunciaron una docena de organizaciones civiles ante el Comité sobre Desapariciones Forzadas de la ONU.

En un informe enviado al Comité contra Desapariciones Forzadas de la Organización de Naciones Unidas (ONU), a propósito del examen que el Estado mexicano tendrá que enfrentar en esta instancia en febrero próximo, un grupo de organizaciones civiles reportó que la desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, representa la expresión más cruenta de un sistema arraigado de violaciones e impunidad de parte de los diferentes niveles e instituciones del Estado.

Asimismo, pone en evidencia la falta de una política de Estado para prevenir, investigar y sancionar la desaparición forzada, así como la falta de mecanismos de búsqueda inmediata.

Respecto de la desaparición de los 43 normalistas, las organizaciones que suscribieron el informe -como el Centro de Derechos Humanos miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan y el Centro de Análisis e Investigación , Fundar—, refirieron que “vemos con profunda preocupación que ninguna de las medidas anunciadas por el Estado mexicano, referidas en el informe al Comité por el propio Estado, fue puesta en marcha, y por el contrario, las instancias del ámbito federal tardaron 10 días en intervenir”.

En medio de la crisis desencadenada por los incidentes registrados en Iguala, Guerrero, el 26 y 27 de septiembre, el presidente Enrique Peña Nieto presentó el 27 de noviembre del 2014, 10 medidas para mejorar la seguridad justicia y el Estado de Derecho.

Al respecto, la sociedad civil expresó que el decálogo anunciado por el presidente Peña en mínima medida aborda las problemáticas de derechos humanos, y es insuficiente para terminar con las desapariciones que afectan a miles de personas y sus familias.

ana.langner@eleconomista.mx

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