Investigar a Aguirre y al Ejército, exigen ante la ONU defensores de los padres de normalistas

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*En un informe, Tlachinollan, la Red, el Prodh y el Centro Morelos solicitan al Comité contra la Desaparición Forzada que realice un fuerte pronunciamiento para condenar la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y para exigir justicia, verdad y reparaciones. Ante el Comité que sesionará el 2 y 3 de febrero, las cuatro organizaciones señalan que la investigación sobre la vinculación del crimen organizado con autoridades políticas ni siquiera ha comenzado

Redacción

En el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, es preciso exigir que se investigue al ex gobernador Ángel Aguirre y al Ejército, plantean los representantes de las víctimas, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, el Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos, y el Miguel Agustín Pro, en un informe dirigido al Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU.
Padres de los normalistas desaparecidos viajarán a Ginebra, Suiza, donde el 2 y 3 de febrero será evaluado el Estado mexicano por el Comité en su octava sesión.

Para su participación, los cuatro organismos que representan a las víctimas presentaron el 8 de enero un informe sobre el caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, en el que solicitan al Comité de la ONU que “realice un fuerte pronunciamiento para condenar la desaparición forzada de los 43 estudiantes y para exigir justicia, verdad y reparaciones en este emblemático caso”.

Sostienen que “la desaparición de 43 jóvenes estudiantes significa una profunda herida para la sociedad mexicana, que anuncia peores atrocidades si es que no se logra construir como un verdadero punto de inflexión respecto de la indiferencia gubernamental y social ante las desapariciones forzadas”.

Solicitan “al Comité contra la Desaparición Forzada distinga y se pronuncie respecto de lo que este caso revela sobre la crisis de desapariciones en México, de modo que exija al Estado mexicano lleve a cabo las acciones necesarias para que, en primera instancia, reconozca la dimensión de la crisis que enfrenta el Estado en la materia y en consecuencia, cumpla con sus obligaciones respecto de la Convención” Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

El informe, de 22 páginas, expone los hechos ocurridos en Iguala el 26 y 27 de septiembre de 2014, y después analiza la actuación del Estado mexicano frente al problema de la desaparición forzada, y concluye que “la crisis de desapariciones sigue siendo soslayada por el Estado”.

Sobre la exigencia de que se investigue la participación del Ejército en los hechos, los cuatro organismos no gubernamentales explican: “Siendo la única autoridad federal territorialmente instituida en Iguala, sin duda las Fuerzas Armadas contaban con información de inteligencia sobre los vínculos entre autoridades del Estado mexicano y los grupos del narcotráfico. Hoy está probado que las Fuerzas Armadas conocieron hechos previos que daban cuenta de la descomposición del municipio y que alertaban sobre el uso sistemático de la desaparición en esa localidad”.

La exigencia de que se investigue al ex gobernador Ángel Aguirre es parte del planteamiento de que las investigaciones “no pueden darse por concluidas. Ayotzinapa dista de ser un caso resuelto. Aunque es contundente la identificación de Alexander Mora Venancio, todavía hay 42 estudiantes desaparecidos. La hipótesis oficial postulada por la PGR aún no puede considerarse plenamente consolidada”.

En esa parte del informe señala que “la investigación sobre la vinculación del crimen organizado con autoridades políticas ni siquiera ha iniciado. Es ingenuo pensar que el contubernio entre la delincuencia y el sector público tope en el Presidente Municipal de Iguala y su familia. Los narcoayuntamientos solamente pueden existir con flujos de aquiescencia y complicidad que van más allá de la esfera municipal. Por ello, es preciso exigir que se investigue al ex gobernador de Guerrero y a otros funcionarios de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de esa entidad. Lo mismo debe exigirse en torno al Ejército”.

El informe da cuenta de los hechos del 26 y 27 de septiembre, cuando policías de Iguala atacaron a balazos a estudiantes que regresaban a la Normal de Ayotzinapa en tres autobuses que habían tomado en esa ciudad y después de haber colectado dinero para sus actividades.

Un primer ataque a balazos ocurrió a las 21:00 horas, cuando los policías de Iguala comenzaron a disparar ráfagas desde distintas posiciones, cayó herido el estudiante Aldo Gutiérrez Solano que se encuentra con muerte cerebral; los policías no permitieron que los normalistas lo levantaran para darle atención médica.

Explican que durante el primer ataque hubo estudiantes detenidos, y después la policía de Iguala y ninguna autoridad reconoció que tuviera estudiantes detenidos: “los estudiantes que se encontraban en el autobús que ocupaba la posición trasera fueron violentamente descendidos del mismo por los policías y sometidos, acostándolos en el piso. El resto de los normalistas se dispersaron en diferentes direcciones, al tiempo que los policías municipales continuaban disparando. La balacera tuvo una duración de alrededor de cuarenta minutos”.

“Concluida esta primera balacera, los policías del Estado mexicano se llevaron detenidos a un número indeterminado de estudiantes en las patrullas”.

Después de la primera balacera algunos estudiantes se reorganizaron en el mismo lugar, y cerca de las 24 horas dieron una improvisada conferencia de prensa cuando repentinamente se acercó una camioneta de la que descendieron varias personas con armas largas, que dispararon indiscriminadamente contra los estudiantes.

El saldo de esta segunda agresión fue de dos estudiantes muertos, Daniel Solís Gallardo y Julio César Ramírez Nava, además de cinco personas heridas gravemente.
“La agresión duró alrededor de 15 minutos. Los estudiantes, profesores, periodistas y otras personas que se encontraban en el lugar empezaron a correr en diferentes direcciones y varios de ellos se refugiaron en casas particulares. En el caso de Edgar Andrés Vargas, el joven estudiante fue ingresado por sus compañeros a una clínica particular cerca del lugar de los hechos, donde a los 10 minutos llegaron elementos del Ejército mexicano que con violencia encañonaron y desalojaron a los muchachos”.

Señala que el gobierno federal, ante la presión nacional e internacional, intervino tardíamente en el caso, el 5 de octubre inició la averiguación, y los primeros diez días, que son fundamentales para esclarecer las desapariciones, las investigaciones quedaron en manos de autoridades estatales que son incapaces o están coludidas en el crimen.

El 7 de noviembre la PGR dio a conocer avances de sus investigaciones centradas en la hipótesis de que los 43 estudiantes fueron asesinados por sicarios del grupo delincuencial Guerreros Unidos, a quienes los entregaron policías de Iguala y de Cocula, y que fueron incinerados en el basurero de Cocula y los restos arrojados en bolsas al río.

Los padres de los desaparecidos y sus representantes exponen en el informe sus cuestionamientos a esta hipótesis de la PGR.

Cuestiona que el fundamento de la PGR son las declaraciones de tres presuntos autores materiales que presentan inconsistencias, y no pruebas científicas. “Sus declaraciones no generan certeza total de que en el basurero de Cocula hayan estado los 43 estudiantes ni de que, la noche de los eventos, todos los jóvenes hayan sido detenidos a la misma hora y hayan permanecido juntos, siempre en el mismo lugar. Tampoco es posible ignorar que en un caso de esta envergadura la verdad no puede surgir sólo de testimonios; menos cuando en México los patrones documentados de coacción contra las personas detenidas y la persistencia de un sistema de justicia escrito y opaco redundan en la poca fiabilidad de las declaraciones rendidas ante el ministerio público”.

Dice que un evento fundamental para esclarecer lo ocurrido no ha sido explicado: el cruento homicidio de Julio César Mondragón, quien fue encontrado desollado en las inmediaciones de Iguala. La responsabilidad por este crimen, esencial para conocer la verdad, no se ha establecido.

Otra falla importante de la PGR es que ha sido incapaz de presentar cargos e iniciar juicios por la desaparición forzada de los estudiantes.
Grave crisis de desapariciones forzadas en México

Plantea que “el caso Ayotzinapa muestra que el Estado Mexicano no es capaz de erradicar la desaparición forzada y que el país se enfrenta hoy una grave crisis en esta materia”.

Este caso, dicen las organizaciones, “ ha venido a demostrar las consecuencias de años de impunidad, inacción e indiferencia frente a la desaparición forzada en México”.

Entre otras cosas, la desaparición de los 43 estudiantes evidencia la insuficiencia del marco jurídico; las faltas de claridad sobre aspectos de competencia y jurisdicción en la materia; la inexistencia de mecanismos de búsqueda inmediata en vida; las limitaciones de la Unidad de Búsqueda de PGR; la ausencia de una involucramiento sistemático de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; la insuficiencia de los
datos estadísticos sobre denuncias y sentencias en la materia.

También, los defectos de la legislación estatal en desaparición forzada, la irrelevancia real de los protocolos para las investigaciones; las fallas del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas.

En el caso Ayotzinapa, el informe subraya que ninguno de los detenidos procesados por la desaparición de los 43 estudiantes es juzgado por el delito de desaparición forzada.

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