Centro de DD.HH. deplora renuencia a perseguir desaparición forzada en México

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Caracol; Colombia
Agencia EFE | 29 de Enero de 2015

México, 29 ene (EFE).- La renuencia del Gobierno mexicano a procesar a sospechosos por el delito de desaparición forzada "implica negar justicia a las víctimas y ocultar la responsabilidad del Estado", dijo hoy el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).

"En vez de encuadrar hechos claramente constitutivos de desaparición forzada, es decir, una violación a derechos humanos cometida por el Estado y que implica responsabilidad internacional, prefieren encuadrar los hechos en otros tipos penales", declaró Stephanie Brewer, del área internacional del Centro Prodh, en una entrevista con Efe.

Además de que México no cuenta con una legislación acorde con los estándares internacionales en la materia, "existe esta resistencia, esta falta de consignaciones, y apenas un puñado de sentencias, pero prácticamente no hay procesos penales por el delito de desaparición forzada".

"Eso implica negar la justicia a las víctimas, implica ocultar la responsabilidad del Estado mexicano, y es un tema que seguramente se va a plantear en Ginebra" durante la revisión a México que realizará el Comité de Naciones Unidas contra Desapariciones Forzadas los días 2 y 3 de febrero.

Refirió que el 2 de febrero habrá una sesión de los expertos del comité con familiares de los 43 estudiantes desaparecidos el 26 de septiembre pasado en el sureño estado mexicano de Guerrero, así como organizaciones no gubernamentales, incluido el Centro Prodh, que presentarán información actualizada sobre el caso.

"Lo que buscamos es un pronunciamiento del comité en el sentido de que no es posible que el Estado piense cerrar la investigación o dar por confirmada la hipótesis de la Procuraduría General de la República (PGR, Fiscalía) cuando faltan tantas líneas de investigación por agotar", indicó.

Tampoco es posible cerrar el caso, añadió, "sin que el Estado esté tomando las acciones adecuadas para corregir los factores estructurales que posibilitan y fomentan graves violaciones a los derechos humanos y el contexto de colusión, lo que hemos llamado la ’macrodelincuencia’, como quedó manifestada en este caso".

Explicó que el comité se reunirá también con delegados del Gobierno mexicano y, con base en sus entrevistas con las partes, adoptará el 11 de febrero un documento de conclusiones y recomendaciones al Estado, que se hará público el 13 de febrero en Ginebra y Ciudad de México.

Brewer consideró "lamentable que el Gobierno pretenda cerrar el caso de los estudiantes sin haber alcanzado la verdad y la justicia, cuando hay dos mecanismos internacionales dispuestos a ayudar al Estado", en alusión al propio Comité contra Desapariciones Forzadas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Señaló que "dentro de unos días llegará al país el equipo de expertos independientes nombrados por la CIDH precisamente para dar asistencia técnica en el marco de la investigación del caso de los estudiantes y también para evaluar, en general, el contexto que permite la desaparición forzada".

"Estos mecanismos pueden aportar muchos elementos a la investigación y también para que el Estado empiece a revertir esta práctica", indicó.

"Justo en este momento el Estado pretende, al contrario, decir que ya no necesita saber más. Eso nos parece contrario al espíritu de apertura hacia estos mecanismos y contraproducente en la investigación", añadió Brewer.

El pasado 27 de enero, el titular de la PGR, Jesús Murillo, anunció que la institución ha comprobado "científicamente" que los 43 estudiantes fueron asesinados y sus restos incinerados por miembros del crimen organizado.

Según la investigación oficial, el 26 de septiembre pasado los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa fueron atacados a tiros por órdenes de José Luis Abarca, entonces alcalde de Iguala, estado de Guerrero, para evitar que arruinaran un acto de su esposa.

En el tiroteo murieron seis personas, incluidos tres de los alumnos, y 43 fueron detenidos y entregados a miembros del cártel Guerreros Unidos, quienes los asesinaron e incineraron sus restos en un vertedero de basura en el vecino municipio de Cocula.

Los padres de las víctimas repudiaron ese mismo día la versión y anunciaron que llevarán su demanda de justicia a instancias internacionales.

Murillo afirmó también que la PGR está considerando imputar a diversos funcionarios detenidos por el caso Ayotzinapa por delitos de desaparición forzada, algo que se está dilatando por la poca experiencia de México al respecto.

"Se ha tardado tanto porque es un delito que, si no recuerdo mal, es la primera o segunda vez que se va a utilizar (en México); como consecuencia, estamos siendo muy cuidadosos de cómo lo integramos para no fallar, para no tener un descalabro", argumentó. EFE

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