Impunidad garantizada

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Proceso
Jorge Carrasco Araizaga
5 de febrero de 2015
Análisis

MÉXICO, D.F. (apro).- La simulación del presidente Enrique Peña Nieto respecto del conflicto de interés en que incurrieron él y su secretario de Hacienda, Luis Videgaray, es la misma que tiene su gobierno en materia de derechos humanos.

La designación de Virgilio Andrade como secretario de la Función Pública cayó tan mal por el fingimiento que entraña. Peña Nieto se investigará a sí mismo y Videgaray Caso tiene en el nuevo secretario a uno de sus viejos aliados. Mera representación escenográfica.

Lo mismo ocurrió con la comparecencia de México ante el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU. El subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Juan Manuel Gómez Robledo, fue a decir lo obvio, que en México hay un problema de desaparición de personas, y ofreció lo esperado: una Ley General de Desaparición Forzada.

En la simulación gubernamental para resolver ese problema humanitario, que ha alcanzado a miles y miles de mexicanos, evitó reconocer la jurisdicción de esa instancia de Naciones Unidas para que cualquier persona en México que se diga víctima de una desaparición forzada pueda solicitar una investigación del Comité.

Si se reconociera esa jurisdicción, se quitaría al Ministerio Público el monopolio de la “verdad jurídica” y no la histórica, como se la adjudicó el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, respecto de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, Guerrero.

Lo que se busca es que se hagan investigaciones independientes del MP para garantizar que los agentes del Estado responsables de una desaparición sean realmente procesados y sancionados.

Hay desapariciones en las que los perpetradores son particulares que actúan con la aquiescencia del Estado y otras que son autoría de integrantes de la delincuencia organizada. Ambas circunstancias no dejan de ser crímenes de lesa humanidad.

No es un fenómeno nuevo en México, circunscrito a la guerra a las drogas y la disputa de los grupos de la delincuencia organizada. En la guerra sucia de los años sesenta y setenta, agentes del Estado –policías, militares y civiles– participaron en la desaparición de cientos de mexicanos, al más puro estilo de las dictaduras latinoamericanas.

Pero ninguno de esos crímenes fue sancionado. El gobierno de Vicente Fox transó con el PRI para no castigarlos. Quedaron en la impunidad y pavimentaron el camino para lo que hoy ocurre.

Gómez Robledo es ahora el encargado también de evitar que la Corte Penal Internacional (CPI) investigue las responsabilidades políticas por la crisis humanitaria durante el gobierno de Felipe Calderón.

El gobierno de Peña Nieto sale en defensa del expresidente para salvarse a sí mismo, porque el desastre humanitario continúa. De aceptar una investigación por parte de la CPI, él sería el próximo en ocupar el banquillo de los acusados.

Frente a la corrupción y la crisis de derechos humanos, la única garantía que ofrece Peña Nieto es la impunidad.

Comentarios: @jorgecarrascoa

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