ONU exhorta a México a crear unidad fiscal contra desapariciones forzadas

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La jornada Michoacan
13 febrero, 2015

Ginebra. El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU le recomendó a México la creación de una “unidad fiscal especializada en investigar desapariciones forzadas”, señala un dictamen difundido este viernes en Ginebra.

Dicha unidad debería funcionar “en el ámbito de la PGR (Procuraduría General de la República)” y contar “con personal específicamente calificado”, así como tener “una perspectiva estratégica a nivel nacional y transnacional” que nutra “las tareas de búsqueda”, añade el dictamen.

México debe “redoblar sus esfuerzos” para atacar el problema de las desapariciones “generalizadas” que vive el país, pidió el comité, tras examinar el caso mexicano en el contexto de la desaparición y presunto asesinato de 43 estudiantes.

“El grave caso de los 43 estudiantes sometidos a desaparición forzada en septiembre de 2014 en el Estado de Guerrero ilustra los serios desafíos que enfrenta el Estado en materia de prevención, investigación y sanción de las desapariciones forzadas y búsqueda de las personas desaparecidas”, añadió.

El comité de la ONU examinó el 2 y 3 de febrero a México en el marco de las obligaciones emanadas de la convención internacional contra las desapariciones forzadas y hoy emitió un documento de 50 puntos donde detalla sus preocupaciones y recomendaciones.

El dictamen fue elaborado por los diez expertos independientes que componen el Comité, que examinó el caso de México a comienzos de este mes.

La ONU pide también la creación de “un registro único de personas desaparecidas a nivel nacional que permita establecer estadísticas confiables con miras a desarrollar políticas integrales y coordinadas encaminadas a prevenir, investigar, sancionar y erradicar este delito aberrante”.

Este registro es un reclamo hecho por la sociedad civil en Ginebra durante la comparecencia del gobierno de México recientemente.

Para la ONU el registro debería “reflejar de manera exhaustiva y adecuada todos los casos de personas desaparecidas, incluyendo información acerca del sexo, edad y nacionalidad de la persona desaparecida y lugar y fecha de desaparición”, e “incluir información que permita determinar si se trata de una desaparición forzada o de una desaparición cometida sin ninguna participación de agentes estatales”.

El Comité exhorta, además, a que ese registro contenga “datos estadísticos respecto de casos de desaparición forzada aún cuando hayan sido esclarecidos” y “ser completado con base en criterios claros y homogéneos y actualizado de manera permanente”.

También pidió avanzar “a la brevedad” en el proceso legislativo para que se adopte una ley para todo el país que sobre desapariciones forzadas, con participación de las organizaciones de la sociedad civil y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). México ha señalado que espera que esa ley esté lista para junio.

Asimismo, lamentó la impunidad que persiste en numerosos casos de desaparición forzada.

El Comité agregó que “nota con preocupación la falta de información estadística precisa sobre el número de personas sometidas a desaparición forzada, lo que impide conocer la verdadera magnitud de este flagelo y dificulta la adopción de políticas públicas que permitan combatirlo con efectividad”.

Alrededor de 24 mil personas han desaparecido en México desde el 2006 a la fecha, coinciden fuentes de Organizaciones No Gubernamentales (ONG).

El comité se refirió también a las desapariciones forzadas registradas en la década de 1970 durante la llamada “guerra sucia” y a la ausencia de “avances significativos” en las investigaciones, así como a la desaparición de migrantes, muchas veces con participación de autoridades, en su camino por México hacia Estados Unidos.

Recomendó también que los casos de desaparición forzada de militares por parte de militares sean competencia exclusiva de tribunales civiles, y no de la justicia castrense, para garantizar imparcialidad.

México tendrá plazo a más tardar hasta el 13 de febrero de 2016 para dar al comité información sobre la aplicación de los puntos referidos al registro único de personas desaparecidas, mecanismos de búsqueda y prevención e investigación de desaparición de migrantes.

Además, se fija como plazo límite el 13 de febrero de 2018 para brindar “información concreta y actualizada acerca de la aplicación de todas sus recomendaciones”.

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