Desapariciones en México causan temor generalizado

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Tiempo en Línea
Por: Agencias
Domingo, 15 Febrero 2015 10:33

Madrid.— En México, ante el fenómeno de las desapariciones forzadas, existe un temor generalizado en la sociedad, lo que la convierte también en víctima de este problema que representa diversos desafíos para el país, ya que impacta a familias o comunidades enteras.

Así lo advierte el miembro del Comité de Desapariciones Forzadas de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Rainer Huhle, uno de los autores del informe final sobre México que se presentó el viernes en la sede de la ONU en Ginebra (Suiza), quien considera que el gobierno que preside Enrique Peña Nieto debe priorizar sus esfuerzos en ayudar a los familiares de las víctimas.

Y en este sentido, en entrevista telefónica, subraya el hecho de que en el tema de las desapariciones forzadas las víctimas son muchas. “En Guerrero ahora, y en Coahuila o Nuevo León hace algunos años casi toda la sociedad es víctima, porque el temor es generalizado y la inquietud es de muchas personas, no es sólo de la mujer o de la esposa, la víctima es toda la familia y en el caso de Ayotzinapa, es todo el colegio”, señala.

En su informe el Comité de la ONU da un plazo de un año al gobierno mexicano para que facilite “a más tardar el 13 de febrero de 2016”, información pertinente sobre la búsqueda de desaparecidos. En concreto para que cree un Registro Único de Víctimas de Desaparición Forzada que permita saber “la magnitud de este flagelo” y poner en marcha políticas públicas que puedan combatirlo con efectividad y para la prevención e investigación de las desapariciones de migrantes incluidos niños.

“Como se puede ver en nuestro informe hemos optado no por priorizar los aspectos legislativos, administrativos o institucionales de México, sino los que están más relacionados con las urgencias inmediatas de las víctimas”, asegura Huhle, en entrevista con EL UNIVERSAL.

“Por eso los principales párrafos del informe se refieren a la necesidad de tener registros que reflejen la realidad del país en cuanto a personas desaparecidas, que distingan entre desapariciones forzadas (llevadas a cabo por un funcionario público) y otras, que se preocupen del tema de los migrantes desaparecidos, que es un drama muy conocido en el que creemos que se puede hacer mucho y que ha sido un reclamo de las víctimas, y que se acelere la búsqueda de personas desaparecidas”.

En este sentido el relator, de nacionalidad alemana, subraya la importancia de poner en marcha mecanismos en cuanto se tenga noticia de la existencia de una desaparición, “porque las primeras horas son las más importantes y es cuando hay más posibilidades de encontrar a una persona con vida”, añade.

El informe contiene las recomendaciones finales que el Comité de la ONU de Desapariciones Forzadas ha dirigido al gobierno tras escuchar, en una sesión celebrada en Ginebra los días 2 y 3 de febrero pasado, a representantes del Ejecutivo, a ONG, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y a las familias de las víctimas.

El caso Ayotzinapa

De aquella sesión el relator reconoce que la presencia de dos de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos en la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, quienes acudieron en busca de justicia, tuvo mucho que ver en la sensibilización existente hacia las víctimas.

“El Comité no tiene la competencia, ni la tarea, ni la intención de concentrarse en un solo caso como el de Ayotzinapa por más espectacular o trágico que sea. Debemos ver un panorama global y en ese sentido hemos tomado nota de otros muchos casos; aunque la presencia de los familiares en verdad le dio un tono muy emotivo y especial al diálogo, pero no nos podemos dedicar a este caso”, asegura.

Pese a ello, en su informe, el caso de Iguala es el primero y el único al que se hace mención directamente. Y en él, tras reconocer que “la información recibida por el Comité ilustra un contexto de desapariciones generalizadas en gran parte del territorio del Estado, muchas de las cuales podrían calificarse como desapariciones forzadas, el grave caso de los 43 estudiantes sometidos a desaparición forzada en Guerrero ilustra los serios desafíos que enfrenta el Estado en materia de prevención, investigación y sanción de las desapariciones forzadas y búsqueda de personas”, reza.

Cuestionado sobre la razón de que en su documento no solicitan al gobierno la apertura del caso como les pidieron los padres argumentando que no se habían encontrado a los 43 normalistas, el relator asegura que no se da en el marco del informe.

“Tendríamos que utilizar otro mecanismo para hacerlo, como las acciones urgentes o en el caso de que México ratificara el artículo 31, presentar las quejas individuales. Pero el informe es sobre las políticas del Estado y no sobre casos concretos por más importantes o sobresalientes que sean”, explica.

Recomendaciones

El relator rechaza hacer un balance de lo ocurrido en estos cuatro años desde que el Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas de la ONU recomendó a México aprobar una ley en la materia, y que no se ha aprobado todavía.

Se limita a señalar que ahora comienza “el post diálogo, la etapa de seguimiento”. “Dentro de un año vamos a pedirle al gobierno que nos dé respuesta sobre esas tres recomendaciones (crear un registro de víctimas, ocuparse de los familiares y buscar a los migrantes desaparecidos). Y en tres años más vamos a pedir una información sobre las otras recomendaciones”, concluye.

Las otras recomendaciones son, entre otras, la aprobación “a la mayor brevedad posible” de una Ley General Federal de Desapariciones Forzadas en cuya elaboración deberán participar las víctimas, las organizaciones de la sociedad civil y la CNDH; de una Ley de Víctimas (que aún no entra en vigor); a la creación en el ámbito de la Procuraduría General de la República de una unidad fiscal especializada en la investigación de las desapariciones forzadas que cuente con recursos adecuados; y a la modificación del Código de Justicia Militar para asegurar que las desapariciones forzadas cometidas por un elemento sean excluidas de la jurisdicción militar y solamente puedan ser investigadas y juzgadas por autoridades civiles.

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