El desinterés de México por DH se vuelve crónico

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Sin Embargo
Por Redacción
marzo 14, 2015

La semana cierra con más y más críticas contra el gobierno mexicano y sus respuestas, virulentas y sin argumentos, contra las denuncias locales e incluso informes internacionales que plantean la crisis de derechos humanos por la que atraviesa el país y que es considerada como “la más grave en su historia”.

El pasado 9 de marzo, Juan E. Méndez, Relator Especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, dio a conocer las conclusiones en el tema de tortura en México y afirmó que ésta práctica es generaliza y ocurre en un contexto de impunidad, lo que es un aliciente para su repetición y agravamiento.

“La tortura y los malos tratos durante los momentos que siguen a la detención y antes de la puesta a disposición de la Justicia son generalizados en México y ocurren en un contexto de impunidad”, planteó el abogado y también defensor de los derechos humanos en el primer párrafo de las conclusiones del informe.

Sin embargo, horas más tarde, el Gobierno mexicano negó que en el país la tortura sea “generalizada”.

Primero, el Embajador de México ante la ONU en Ginebra, Jorge Lomónaco Tonda, negó que la afirmación de que la tortura es generalizada es una falacia. ”No puedo más que reiterar que no podemos compartir la observación de que la tortura es generalizada en el país, porque no corresponde con la realidad”, expuso.

Luego, José Antonio Meade Kuribreña, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), afirmó que había mucha información que hacia referencia a esta práctica, “pero solamente nos ha aportado información de 14 casos”, detalló en referencia al informe del experto argentino, quien en tiempos de la dictadura en su país sufrió en carne propia la tortura de los militares en los llamados “campos de concentración” de aquel país.

Pero el viernes pasado, organizaciones defensoras de los derechos humanos nacionales y extranjeras salieron a dar la cara por el Relator Especial de la ONU.

“Las reacciones de altos funcionarios hacia el informe del Relator expresan una actitud de desinterés”, refiere el comunicado firmado por 13 organizaciones, entre las que se encuentran Amnistía Internacional, Asilegal, el Colectivo contra la Tortura y la Impunidad, el Centro De Derechos Humanos De Las Mujeres, entre otras.

Los organismos firmantes aseguraron que desconocer la evaluación sobre el grado de cumplimiento de las obligaciones internacionales, no es nueva.

“El Gobierno mexicano lo ha convertido en una práctica común que intenta minimizar el alcance y contenido de las recomendaciones de los órganos internacionales de protección de derechos humanos, deslegitimando sin fundamento suficiente la veracidad de la información que los sustenta”, plantea el documento.

También expone que la reacción del Gobierno es una clara contradicción con el discurso de cooperación y apertura con los órganos de vigilancia de derechos humanos que el Estado mexicano dice tener.

Como antecedente, el 13 de febrero pasado la Secretaría de Gobernación (Segob) mostró, a nombre del Gobierno de México, una cierta molestia con el informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, y expuso que sus recomendaciones “no reflejan adecuadamente la información presentada por México ni aportan elementos adicionales”.

“Las recomendaciones emitidas por el Comité no reflejan adecuadamente la información presentada por México ni aportan elementos adicionales que refuercen las acciones y compromisos que se llevan a cabo para solventar los retos mencionados. Tal como lo acreditó ante el Comité, México tiene el firme compromiso de redoblar los esfuerzos dirigidos a transformar la forma en que se conciben, reconocen y aplican los principios que deben regular la prevención, investigación y búsqueda de personas desaparecidas, a fin de asegurar el cumplimiento de los fines que persigue la Convención”, expuso la Segob en un comunicado oficial.

El caso es que el Gobierno mexicano mantiene su actitud de negar la realidad e incluso atacar a quien, con pruebas y estudios, la hace visible a nivel nacional y en todo el mundo, como es el caso de un organismo tan importante como la ONU.

Mientras el Estado mexicano no cambie su posición y reconozca la magnitud de ese problema, la tortura se seguirá aplicando en todo el país. Es la impunidad la que la que la alienta, como en otros muchos casos. Pero si ni siquiera se acepta que existe difícilmente se dará paso a una solución. Y seguir negándolo y enfrentándose a organizaciones tan poderosas como las que la han estudiado y denunciado, es mantenerse en el ojo de un huracán que seguirá erosionando la credibilidad en la voluntad política de la actual administración.

¡Feliz fin de semana!

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