PGR debe enfocar investigaciones por desapariciones en el Ejército, dice PJF

Norma Trujillo Báez
Martes 17 marzo, 2015

Con el amparo otorgado por el Noveno Tribunal del Poder Judicial de la Federación (PJF) ubicado en el Distrito Federal (DF), a la asesoría jurídica del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos, ante la desaparición de los luchadores sociales, Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, se pidió a la Procuraduría General de la República (PGR) a que dirija la investigación hacia las instancias y mandos militares, exigiéndoles abran los cuarteles a las víctimas y aporte información precisa de las actividades castrenses en el periodo cercano a dichas desapariciones de activistas, es decir, mayo 2007, lo que sentaría un precedente para todos los casos que se han registrado en el país, entre ellos los 43 normalistas de Ayotzinapa.

En conferencia de prensa, el abogado defensor del caso de Edmundo Reyes y Gabriel Alberto Cruz, desaparecidos el 2007 en Oaxaca, Sandino Rivero, remarcó que el 19 junio de 2014 el Poder Judicial de la Federación dictó ese fallo y de respetarse sería benéfico, ya que en el país hasta diciembre de 2014 había 4 mil 38 reportados como desaparecidos, 24 mil 809 casos señalados de 1995 a 2012, entre ellos muchos veracruzanos.

Sandino Rivero quien estuvo acompañado por integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) y Nadin Reyes, familiar de Edmundo Reyes, destacó que el fallo exige que a los familiares de las víctimas se les permita el acceso a la investigación que consta de 33 tomos de por lo menos mil 500 hojas cada uno y se cite a comparecer a instancias federales, principalmente al Ejército.

El juez, mediante esta resolución, además de hacer valer el derecho de las víctimas a conocer el desarrollo del proceso jurídico, abona avances para arribar al derecho a la verdad.

Este hecho podría ser un precedente, no obstante el verdadero alcance de la resolución se encuentra en el llamado que hace a la PGR a que dirija la investigación hacia las instancias y mandos militares, exigiéndose abran los cuarteles a las víctimas y aporten información precisa de las actividades castrenses en el periodo cercano a la detención y desaparición de los luchadores sociales, es decir, mayo 2007.

La PGR, mediante un Ministerio Público (MP) federal, aportó al juez de amparo un documento donde se indicaban cuatro líneas de investigación, de las cuales en tres se hace alusión de que pudieron ser instancias federales, entre ellas el Ejército, policías de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI) adscritos en ese entonces a la PGR, y a la Policía Federal de Caminos, los responsables de la detención y desaparición de estos dos luchadores sociales.

La línea de investigación restante se aboca a la Policía Estatal que Ulises Ruiz creara ex profeso para reprimir el movimiento magisterial de 2006 en Oaxaca.

De acuerdo con el abogado Sandino Rivero, a pesar de figurar estos señalamientos concretos que conducen a instancias federales, que confieren responsabilidad a los altos mandos de la PGR y a la Secretaría de Gobernación (Segob), en las investigaciones a estas instancias se les ha omitido deliberadamente, porque cerraría la conclusión de que las desapariciones forzadas llevan el sello de política de Estado.

Sin embargo este fallo no ha sido ejecutado por las autoridades y por ello pedirán que se declaren por incumplidas a las autoridades y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) imponga una sanción por inhabilitación, que puede alcanzar al titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) y a la titular de la PGR.

Así en el caso de Gabriel y Edmundo son casi ocho años de lucha en los que se han combinado lo jurídico con lo político para exigir su presentación con vida, pero también reclamar juicio y castigo a los autores materiales e intelectuales de este crimen de lesa humanidad.

En el aspecto jurídico, primero se da la aceptación del poder judicial de la desaparición forzada de los dos luchadores sociales, así como la reciente resolución emitida en julio del año pasado por el Noveno Tribunal Colegiado en la ciudad de México, donde de manera judicial se ordena buscar en las principales cárceles, zonas y campos militares, a fin de dar con el paradero de estos dos luchadores sociales.

Por sí mismo dicho hecho sienta un precedente jurídico-político en la histórica lucha por la presentación con vida de todos los detenidos y desaparecidos de antaño y en la actualidad.

En lo político se han emprendido jornadas de lucha en coordinación con comités de derechos humanos no gubernamentales, organizaciones populares, estudiantiles y de diversos sectores para no olvidar y no permitir la impunidad en este caso y en todas las detenciones y desapariciones en el país por este régimen.

Por su parte Nadin Reyes hizo el llamado a colectivos de familiares, “porque sabemos que Veracruz es uno de los estados donde más se cometen casos de desapariciones forzadas, y creemos que de manera conjunta se puede exigir al Estado mexicano que cumpla con su marco jurídico, haciendo la presión política mediante la movilización social”, dijo.

Nadin consideró que se debe alzar la voz en aquellos casos que están todavía en el anonimato por el miedo y el terror que el mismo estado ha infundido a que se organicen y se unan a este llamado y juntos hacer un alto a esos crímenes de lesa humanidad.