Estado es responsable de desaparición de los 43; no respeta no garantiza no protege ni promueve los DD.HH

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Revolución 3.0
Edgar Rosas
26 de mayo de 2015

(26 de marzo, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- Desde lo ocurrido con los normalistas de Ayotzinapa se inició un debate en torno a establecer si el Estado mexicano tenía alguna responsabilidad en la desaparición de los 43 estudiantes. En últimas fechas la PGR ha insistido que el Estado mexicano no tiene nada que ver en los hechos, sin embargo la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha asegurado lo contrario.

En tal sentido Luis Daniel Vázquez Valencia, doctor en ciencias sociales e investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), comentó que desde la visión del derecho internacional de los derechos humanos (DD.HH), el Estado mexicano sí es responsable por la desaparición de los 43 estudiantes normalistas.

El académico señaló que el Estado mexicano al momento de firmar tratados internacionales en materia de DD.HH, adquiere la obligación de cumplir con 4 puntos específicos que mandatan estos convenios: respetar, garantizar, proteger y promover los DD.HH.

“Respetar significa que no se puede violentar a los derechos humanos; garantizar se refiere a la creación de una maquinaria necesaria para que el derecho sea ejercido; en cuanto a la protección, esta obligación se activa cuando tenemos una violación a los derechos humanos, por ejemplo la desaparición de una persona, inmediatamente se tiene que activar la maquinaría para: investigar qué paso, sancionar a los culpables y reparar a las víctimas; también tiene la obligación de promover los DD.HH, es decir, el Estado debe planificar el cumplimiento del ejercicio de los DD.HH”, apuntó.

En lo referente añadió que el Estado, en el caso Ayotzinapa, no cumplió las obligaciones antes citadas, y violó el derecho a la integridad personal, a la libertad y a la vida de los normalistas, pues apegado a la explicación anterior, no los protegió, ni los garantizó.

“Se violenta la obligación de respetar, porque fueron entes estatales los que violentaron los DD.HH. Fueron policías municipales y muy probablemente policías federales, e indicios de que participó, ya sea por acción u omisión, el ejército. Se violenta también la obligación de garantizar, porque los entes estatales no echaron a andar la maquinaria institucional para hacer efectivos los DD.HH de los 43 normalistas. La policía municipal lejos de proteger los derechos a la libertad o la integridad personal, fueron los que cometieron esa violación y no sólo eso, sino que de probarse, el ejército lejos de salir a defender esos derechos, participó por omisión u acción, violentando”, explicó.

Agregó que a pesar de la argumentación emitida por las autoridades, en donde intenta deslindar la responsabilidad del Estado diciendo que los que cometieron el delito fueron elementos de la policía local, desde el punto de vista del derecho internacional de los DD.HH al hablar de un Estado se refiere al gobierno en sí mismo, a los servidores públicos y representantes gubernamentales.

“El párrafo tercero del artículo uno de la constitución, lo dice claramente: todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los DD.HH. Y esto quiere decir que el funcionario de cualquier municipio debe respetar los DD.HH, y si un servidor público local no respeta los DD.HH representa al Estado. Y en su acto está violentando a los DD.HH en nombre del Estado, no importando el rango. Todos los funcionarios son representantes del Estado mexicano. Este es un principio básico del derecho internacional de los DD.HH”, señaló.

El investigador comentó que el Estado mexicano, en el caso Ayotzinapa, actualmente se encuentra en la obligación de proteger, es decir, investigar, sancionar y reparar. En tal sentido apuntó que estos elementos no han aparecido aún, con lo cual se violenta la obligación de proteger, ya que la investigación no ha sido concluyente, aún no hay sanción a los responsables y el reparó del daño a las víctimas, en este caso los familiares, no se da.

“En la medida que no tenemos una investigación efectiva, no hay una sanción y tenemos graves problemas con el tema de reparación del daño. Cuando estas tres cosas quedan violentadas queda violentado también el derecho de acceso a la justicia”, subrayó.

Para que haya responsabilidad del Estado en materia de violaciones a los derechos humanos, dijo, se deben cumplir dos cosas: que el acto u omisión sea atribuible al Estado, tomando en cuenta que cualquier servidor es representante del mismo; y que se constituya una violación a una obligación asumida por el Estado en algún pacto internacional.

“Entonces todos los elementos que supone el derecho internacional de los DDHH para poder hablar de responsabilidad por parte del Estado en la desaparición de los 43 estudiantes se activa. Todos los elementos existen. Y no hay duda, por lo menos desde el derecho internacional de los DDHH, que la responsabilidad es del Estado”, sentenció.

En lo que respecta a la intención de investigar al ejército en el caso Ayotzinapa, Daniel Vázquez comentó que una de las principales situaciones que se pueden observar en los procesos de justicia en México es que cuando las líneas de investigación apuntan a las fuerzas castrenses, la indagatoria se detiene.

“Esto nos pasó cuando estábamos llevando el proceso de justicia transicional en la fiscalía de delitos del pasado y nos pasó en la comisión de desaparecidos, en particular sobre el caso de las personas desaparecidas en Oaxaca en 2007 y algo a lo que se niegan sistemáticamente es a investigar las líneas que nos llevan al ejército”, declaró.

La crisis de derechos humanos no es nueva

El investigador dijo que la crisis de DD.HH que se vive en México no es nada nuevo, ya que ha permanecido en el país desde hace varios años. Manifestó que el Estado mexicano ha violentado de manera sistemática el derecho de alimentación, acceso al agua, y acceso a la justicia.

“Al pensar los DD.HH como un todo, no basta con mirar los derechos civiles y políticos, hay que mirar que pasa con derechos económicos, culturales, y sociales. Si miramos los económicos y sociales lo que tenemos, de acuerdo al CONEVAL, es que hay 80 millones de personas en condiciones de pobreza y vulnerabilidad. Lo que esto significa es que se violentan los derechos de acceso a la justicia, alimentación, acceso al agua, o a la vivienda digna, entonces lo que tenemos es violaciones sistemáticas en materia de DDHH”, mencionó.

Vázquez Valencia dijo que estas violaciones observadas en los más de 25 mil desaparecidos y las 80 mil personas que viven en pobreza y vulnerabilidad, se encuentran en un marco de crisis generalizada así como de impunidad en materia de DD.HH.

“Bajo esta crisis, el Estado no ha hecho lo necesario para afrontar la problemática, no ha hecho campañas para que la gente conozca y se ejecuten sus derechos, con lo cual la obligación de promover los DD.HH se violenta”, señaló.

Hay dudas que México sea un Estado democrático

El derecho internacional de los DD.HH, explica el investigador, esta pensado para que se aplique a Estados democráticos, sin embargo a partir de las prácticas autoritarias que se registran en el país, se presentan dudas sobre considerar a México como un Estado democrático.

Daniel Vázquez comenta que para la aplicación del derecho internacional de los DD.HH “lo que se espera es que haya cierta división de poderes, en donde si un presidente municipal violenta los derechos, va a haber una justicia local que sí va hacer efectivo esos derechos. Pero si esa justicia local no puede, va a ver una justicia nacional, una suprema corte que va a velar para que no se violenten esos derechos. Y si la suprema corte no lo hace, estará el poder ejecutivo, y si el ejecutivo no, un congreso que le interesa someter al gobierno para que se cumplan los DD.HH. Es decir hay una división de poderes y en esta hay la posibilidad de que algunos de los entes se active y haga efectivo el derecho internacional de los DD.HH”.

Aunado a lo anterior dijo que esta división de poderes cada vez es más tenue, y agregó que en México tenemos una lógica gubernamental integrada por 3 elementos: la simulación, la corrupción y la impunidad.

“Estos elementos hacen imposible cualquier lógica de rendición de cuentas, hacen imposible que se haga efectivo el ejercicio de los DD.HH. El caso de la simulación es evidente y es el viejo discurso político del PRI: defiende mucho los DD.HH hacia afuera, pero tiene un discurso de soberanía para evitar que los DD.HH no se hagan efectivos, o que haya una crítica sobre los DD.HH de afuera a dentro”, explicó.

Al respecto dijo que el gobierno ha caído en una negativa sistemática, en donde no acepta los problemas existentes. Recordó que la ONU ha dicho que en México la tortura y la desaparición forzada son prácticas generalizadas, y en lugar de buscar soluciones, el gobierno desconoce el problema.

“Lo que hoy vemos con temor es que los organismos autónomos que todavía existen se encuentran en peligro y que esa división de poderes se empieza a ver colapsada con los nombramientos de Medina Mora en la SCJN. Estamos en un franco retorno autoritario, y el problema es descifrar ¿qué hacemos ante esto?”

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