En México un contexto generalizado de desapariciones y de negación del Estado, reitera la ONU

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(31 de marzo, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- México atraviesa por uno de los momentos más difíciles en materia de derechos humanos, así lo han señalado no sólo organismos nacionales sino instituciones de carácter internacional, que han exhortado al gobierno de México a reconocer la problemática e iniciar una estrategia eficaz para combatir la situación.

Al respecto el relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Juan Mendez, detalló en un informe que la tortura es una práctica generalizada en el país, cometida por las autoridades después de detener a presuntos delincuentes.

Asimismo el Comité contra la Desaparición Forzada de este mismo organismo, determinó que en el país se vive un contexto generalizado de desapariciones, en donde muchos de los casos se pueden catalogar como forzada al contar con la participación de agentes del Estado.

Este comité afirmó que el caso de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas a manos de la policía municipal de Iguala, “ilustra los serios desafíos que enfrenta México en materia de prevención, investigación y sanción de las desapariciones forzadas, así como en la búsqueda de personas desaparecidas”.

La respuesta del gobierno mexicano ante las conclusiones de este organismo se ha centrado en negar lo dicho e incluso descalificar los informes elaborados por los expertos de Naciones Unidas. Recientemente, José Antonio Meade, secretario de Relaciones Exteriores, expresó su molestia por los dichos en el informe del relator y validó la declaración del subsecretario Juan Manuel Gómez Robledo, quien afirmó que Juan Mendez fue “poco profesional y no ético”.

En este sentido, Amnistía Internacional (AI) se ha sumado a la conclusión de que el país vive una etapa difícil en la procuración de derechos humanos y en palabras de Verónica Rodríguez, representante de este organismo, México vive la peor crisis en la materia, fomentada por la impunidad.

De acuerdo a Rodríguez, desde el año de 2010 AI ha podido documentar 152 casos de desaparición en 7 estados de la república, de los cuales en 85 se han presentado indicios de la participación de funcionarios públicos en el delito.

Además detalló que en la mayoría de los casos la falta de voluntad para encontrar a la víctima, investigar las circunstancias de la desaparición o respetar el derecho de los familiares ha sido un fenómeno constante.

Añadió que durante 2014, la organización a la que representa siguió recibiendo denuncias por desaparición forzada, ejecución extrajudicial y tortura; con esto se afianza la idea de la crisis que atraviesa México, enmarcada en el contexto de delincuencia y falta de rendición de cuentas de las fuerzas de seguridad.

De acuerdo a AI, durante la administración de Enrique Peña Nieto la cifra de desaparecidos por día asciende a 175 personas, lo cual en palabras de Verónica Rodríguez representa “un Ayotzinapa al día” y se posiciona como un problema de grandes dimensiones.

“Según las cifras oficiales hay más de 22 mil personas no localizadas, casi la mitad de ello, desaparecidos durante la administración actual. La última cifra que emitieron las autoridades en México, con corte al 31 de enero de este año, fue de un total de 25, 293 casos de personas desparecidas (…) El gobierno sigue sin hacer pública la metodología que está usando para tener este registro”, dijo.

Verónica Rodríguez comentó que en casos como los estados de Coahuila y Nuevo León, diversas organizaciones de derechos humanos han documentado 297 y 369 casos de desaparición respectivamente. Dijo que a pesar de la labor, estas cifras no dan una idea global de la problemática ya que muchos casos no se denuncian por miedo de los familiares.

En México una de las principales dificultades para atender la desaparición forzada es que la ley no cuenta con los elementos necesarios para poder hacer frente al delito.

“La Convención Internacional para la protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas define a la desaparición forzada como: el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley. Esto sería lo mínimo que esperaríamos encontrar en la legislación mexicana, lamentablemente no es así”, manifestó Verónica Rodríguez.

La integrante de AI dijo que si se hace un pequeño recuento histórico, en el país existen más de 700 casos de desaparición forzada sin resolver, mismos que datan desde la guerra sucia. En tal sentido, afirmó que no investigar de forma íntegra así como el no evitar las violaciones a los derechos humanos, genera un contexto en donde se permite el crecimiento de la problemática.

“Al no investigarse de forma correcta ni hacerse administraciones básicas, nunca se llega a dar justicia, y menos se logra terminar con esto. Las policías y fuerzas de seguridad están infiltradas por las mafias criminales y en consecuencia muchos funcionarios públicos han participado en desapariciones cometidas por estas bandas”, sentenció.

Agregó que la desaparición forzada tiene un efecto devastador en la familia, y aseguró que la negativa oficial de investigar los casos ha llevado a que los parientes se conviertan en investigadores privados.

“A pesar de todo lo hecho por el gobierno mexicano, podemos decir que no ha sido suficiente para garantizar el fin de las desapariciones o el poder determinar el paradero de las personas desaparecidas”, puntualizó.

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