En México el Ejército es intocable; tiene licencia para cometer los más atroces crímenes: López y Rivas

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Revolución 3.0
Edgar Rosas
26 mayo, 2015

(26 de mayo, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- Este lunes se cumplieron 8 años de la desaparición forzada de los luchadores sociales Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, integrantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR).

Los luchadores fueron desaparecidos por integrantes de la policía estatal de Oaxaca, la policía federal y el ejército, el pasado 25 de mayo de 2007 y a la fecha las autoridades no han dado respuestas claras sobre el paradero de estas dos personas.

En conferencia de prensa, Nadin Reyes- hija de Edmundo Reyes- aseveró que el Estado mexicano ha apostado al olvido y al desgaste en el caso, así como lo ha hecho con miles de casos de desaparición ocurridos desde la guerra sucia. Agregó que en estos 8 años de lucha por la presentación con vida de ambos eperretistas, se ha podido evidenciar el carácter represor del Estado y su “sistemática práctica de desaparición forzada para mantener un clima de miedo y terror en la población”.

De igual manera aseveró que la desaparición de su padre y de Alberto Cruz se configura como forzada, dictaminado así por organismos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Recordó que el Poder Judicial de la Federación ordenó, el pasado 19 de junio de 2014, al Ministerio Público de la Federación, a la Procuraduría General de la República (PGR), a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), al Centro de Investigación en Seguridad Nacional (CISEN), a la Comisión Nacional de Seguridad ya la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Oaxaca, entro otros mandos de seguridad, emprender la búsqueda de los desaparecidos en los cuarteles militares, sin embargo, esta disposición no se ha cumplido.

“Con este caso se ha demostrado que la justicia no existe en el país, y que el Estado encubre y protege a toda costa a los principales responsables de los crímenes de lesa humanidad, es decir, las fuerzas armadas y las corporaciones policiacas que permanecen impunes desde hace 40 años, a pesar de que hay evidencia para comprobar su responsabilidad en cientos de violaciones a derechos humanos”, sentenció.

Al respecto, mencionó que los miles de desaparecidos de esta administración, así como los casos que se han presentado desde la década de los 70, dejan claro que la desaparición forzada es un práctica ejercida como política de Estado o de “terrorismo de Estado”.

Asimismo reconoció que este caso de desaparición forzada es emblemático en el panorama nacional, no sólo por el hecho de que se comprobó la participación de agentes del Estado, sino porque se consiguió a través de la vía legal, los derechos humanos y la presión política, que instancias de gran relevancia emitieran resoluciones que dejen precedente en el rubro de desaparición.

“Si bien la resolución no ha sido cumplida por la impunidad presente, queremos señalar que gracias a la presión y constancia es que hemos podido arrancar esta resolución judicial. Nada ha sido producto de dádivas, ni de voluntad política”, dijo.

Nadin Reyes habló sobre la gira nacional por la desaparición forzada, misma que emprendieron diversas organizaciones desde hace un par de meses. La gira, que tuvo como objetivo sensibilizar y dar a conocer este caso así como su resolución judicial, visitó varios estados, entre ellos Chiapas, Veracruz, Tabasco, Puebla, Michoacan y Guadalajara.

De esta caravana, los resultados obtenidos, según explica Nadin, fueron positivos ya que se conocieron más casos y se logró solidaridad entre las víctimas.

“Ante el clima de violencia del Estado que se vive, continuamos exhortando al pueblo a alzar la voz, y exigir la presentación con vida de todos los desaparecidos del país, además de exigir la aplicación de la resolución judicial en este caso de Gabriel y Edmundo”, finalizó.

En México no hay Estado de derecho

Para el doctor Gilberto López y Rivas, con cada año transcurrido desde la desaparición forzada de Emanuel y Gabriel, se confirma que el caso se constituye como un crimen de Estado, desprendido de una política de desaparición implementada por las autoridades en el país.

El académico manifestó que la desaparición forzada es un hecho de grandes dimensiones, por el hecho de que la comisión de este delito representa un sufrimiento permanente y sistemático para los familiares.

Asimismo, el también investigador sentenció que cada vez se evidencia más que en México el Estado de derecho representa poco para los gobernantes.

“Ellos, los que lo violan sistemáticamente y permanentemente desde el poder, siempre están refiriéndose al respeto del Estado de derecho, la legitimidad del Estado de derecho, pero este caso en particular (el de Edmundo y Gabriel) es prueba de que el Estado de derecho en este país no existe, porque la impunidad reina en este caso y todos los demás cientos de casos de desapariciones forzadas”, apuntó.

López y Rivas enfatizó que en este como en otros casos, las autoridades insisten en seguir líneas de investigación encaminadas a excluir o deslindar la participación de policías o militares en los actos de violación a los derechos humanos.

“Se sigue insistiendo en vías de investigación que quieren involucrar a otros particulares y evidentemente se excluye en principio a las fuerzas armadas, a los órganos de inteligencia tanto militar como al propio Cisen. En este caso, cómo poder considerar o concebir la no acción, la no participación del ejército o de los diversos grupos de seguridad que el estado tenía hace 8 años en la ciudad de Oaxaca, cuando era una ciudad en virtual estado de sitio”, sentenció.

Aunado a lo anterior, dijo que el gobierno no quiere tocar a las fuerzas castrenses “ni con el pétalo de una recomendación” y subrayó que si en México una institución como el ejército es intocable, de cierta manera tiene licencia para cometer “los más atroces crímenes”.

“Incluso (pueden cometer) crimines de Guerra. Por ejemplo ahora estas fuerzas de seguridad o militares, que aniquilan con fuerza letal a 43 personas en Michoacán, con una sola baja, quién puede creer semejantes versiones (…) Y así son las matanzas y los acontecimientos, y nunca hay culpables, nunca se averigua hasta el fondo, nunca se sabe, siempre es exactamente la misma respuesta: el silencio cómplice”, señaló.

El académico demandó que los funcionarios a través de su pasividad en crímenes como los de desaparición forzada demuestran la complicidad del Estado. De igual manera comentó que en México se práctica el terrorismo de Estado y se refleja “porque permanentemente se violan los derechos humanos y nunca hay culpables. Porque permanentemente se utiliza la represión. Porque permanentemente existe pena de muerte, que no está en las leyes, y se ejecuta diariamente contra miles de jóvenes que dicen que son sicarios, que dicen son del crimen organizado”.

Igualmente, Gilberto López sentenció que México es un país “de tumbas, de sangre, de levantados, de secuestros, de feminicidios”, donde no existe el Estado de derecho.

“Volvemos a insistir a este Estado criminal que utiliza el desvió de poder, que presente con vida a los desaparecidos, que se castigue a los culpables de esta desaparición forzada, que se vea con claridad la responsabilidad de las fuerzas armadas, de los aparatos de seguridad e inteligencia que saben perfectamente lo que ocurrió (…) Queremos respuestas, porque si no las hay se confirma la tesis de que en un país sin leyes, ni Constitución, sin derecho, entonces cuáles son las vías para luchar, para resistir y para cambiar este tipo de cosas”, sostuvo.

Recurriremos a la SCJN para abrir los cuarteles militares

De acuerdo a Sandino Rivera, representante legal de los familiares de Edmundo y Gabriel, la desaparición de estos luchadores es el ejemplo de la utilización de la desaparición forzada como una manera de exterminio del enemigo, implementada por el gobierno desde la guerra sucia.

Apuntó que la desaparición forzada viola derechos humanos como el derecho a la vida y a la libertad.

En el caso de Edmundo y Gabriel, señaló que el Ministerio Público de la federación no ha querido utilizar todos los mecanismos con los que cuenta para poder determinar el paradero de los activistas.

Por otro lado habló sobre la resolución dictada por la SCJN, misma que no ha sido cumplida. Explicó que los puntos que no se han cumplido por parte de la autoridad son: 1.- acudir a las principales instalaciones militares a buscar a Edmundo y Gabriel; 2.- citar a declarar a mandos militares y civiles que estaban en funciones en mayo de 2007, cuando fue la desaparición, para que digan qué es lo que saben sobre los hechos; 3.- la Sedena tiene que informar sobre la inhumación de cuerpos en sus instalaciones para determinar si pueden corresponder a los de Edmundo y Gabriel.

“Estos 3 puntos, el MP de la federación no han querido acatarlo, en la cual el Poder judicial dijo que eran de inmediato. Si estuviéramos en un Estado de derecho lo que tendría que proceder es que se cumpliera la resolución, aquí ya no queda en decisión del MP, de la Sedena, es una decisión judicial que se tiene que cumplir”, declaró.

Argumentó que el MP de la federación ha argumentado que no ha llamado a declarar a militares debido a que no se encuentra dentro de sus líneas de investigación, sin embargo, el abogado explicó que en un inicio el MP informó lo contrario.

“El MP lo que dijo es que como no es línea de investigación en la averiguación previa, la parte de la Sedena no tiene por qué cumplirla, sin embargo es importante comentarle que el MP de la federación mandó un oficio en el cual le informaba a la autoridad cuáles eran sus líneas de investigación sobre los hechos. Entre estas están que los luchadores sociales fueron llevados por ejército al cuartel militar número 1 en el DF”, dijo.

En lo referente, Sandino explicó que esta resolución ya fija precedente importante, puesto que después de mucho se toca al ejército en una cuestión de violaciones a los derechos humanos. Manifestó que ante la negativa de cumplir la resolución, acudirán a la SCJN para que emita una resolución y ordene cumplir con lo ya establecido.

“Ahora el tema es: si se hace efectiva va a generar mayores precedentes, si se abren las instalaciones militares se cita a declarar a mandos militares. Y en este citatorio no es a modo lo que le quiera preguntar la PGR, tenemos el derecho los representantes legales y las victimas de preguntar a los generales, por ejemplo, que es lo que saben. La pelota está en la cancha de la SCJN, vamos a seguir impulsando para que la SCJN emita una resolución en la materia. Vamos a entregar firmas en las que se exige al ministro presidente de la Suprema Corte para que respete la resolución que el poder judicial ha emitido y en su caso ordene el cumplimiento a la Sedena, para abra los cuarteles y se cite a declarar a los mandos militares”, finalizó.

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