Apremiante legislar una Ley General Sobre Desaparición Forzada

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Que permita prevenir, sancionar y erradicar la desaparición en México
por Judith Flores
Junio 2, 2015

México, D.F. 2 de junio/2015.- El pasado 31 de mayo, mediante un comunicado firmado por 103 organizaciones nacionales e internacionales y 261 personas solidarias, Comité Cerezo México lanzó su posicionamiento al Senado de la República, respecto a la necesidad de legislar una “Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Desaparición Forzada de Personas como parte de la Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada”, en el marco de la semana internacional del detenido-desaparecido, que se conmemora en América Latina desde hace más de tres décadas.

Detallaron que una Ley General sobre Desaparición Forzada de Personas, a diferencia de una ley federal, implicaría la armonización tanto a nivel local como federal de este delito, es decir, que habría un tipo penal unificado de desaparición forzada previsto en una sola Ley General de observancia obligatoria para el fuero federal, estatal o municipal; lo cual daría seguridad y certeza a la población y, en concreto, a las víctimas ya que establecería obligaciones y atribuciones concurrentes para las autoridades de los tres niveles de gobierno para prevenir, sancionar, investigar, perseguir, procesar y erradicar este delito , dado que será tipificado en cualquier parte de la república.

Desde la época de la llamada “guerra sucia”, el Estado mexicano ha utilizado la desaparición forzada de personas como una forma de inhibir y contener el descontento social en el país. Aún, desde el sexenio pasado, esta forma de grave violación a los derechos humanos ha sido utilizada como una forma de controlar a la población, con lo cual se ha puesto a miles de familias en una incesante búsqueda de sus seres queridos, al igual que la exigencia de saber la verdad y de obtener justicia.

Sin embargo, el Estado mexicano, principalmente desde el regresó al poder del partido que gobernó México por más de 70 años, es el mismo responsable de las desapariciones forzadas de los años 60´s, 70´s y 80´s, ahora bajo el escrutinio de diversas instancias Internacionales, a raíz de la desaparición forzada de los 43 normalistas de la Normar Rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero, se ha negado a aceptar que las desapariciones forzadas en nuestro país siguen ocurriendo, y peor aún, los casos de desaparición forzada los manejan como hechos aislados, que sólo son responsabilidad de los estados o de algunas policías “cooptadas por el crimen organizado” para deslindarse de su responsabilidad.

Por eso, entre las observaciones al proyecto de ley se encuentran: búsqueda eficaz e inmediata de personas desaparecidas; registro nacional de personas víctimas de desaparición forzada, banco de datos de información genética (Banco de ADN); sanción y las penas a los autores materiales e intelectuales del delito; investigación y derecho de la coadyuvancia de las víctimas; declaración de ausencia y por último pero no menos importante la reparación integral del daño.

El Estado mexicano debe dar cumplimiento a las recomendaciones realizadas en esta materia, la verdadera voluntad política se debe plasmar en los hechos haciendo todo lo necesario para que esta ley sea una realidad que permita prevenir, sancionar y erradicar la Desaparición Forzada de Personas.

Ante esto solicitaron públicamente a las Cámaras de Senadores y Diputados trabajar conjuntamente para sacar adelante una propuesta de Ley General que contemple las observaciones antes mencionadas, de manera que se legisle lo más pronto e integral posible.

El Registro Nacional de Personas Desaparecidas contabiliza 25.821 ciudadanos en esa condición, mientras que el reporte del Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada emitido en febrero pasado asevera que las desapariciones forzadas en México son "generalizadas y la mayoría de ellas quedan impunes".

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