Desaparición forzada, Congreso ya puede atacarla

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Viernes 10 de julio de 2015

Este sábado entra en vigor el decreto que faculta al Congreso de la Unión para que legisle sobre temas cruciales como la desaparición forzada, la tortura y otros malos tratos. Casos como el de Tlatlaya y Ayotzinapa son muestra de la situación crítica que vive el país.

Ciudad de México (elsemanario.com).- El Congreso de la Unión publicó este día un decreto que la faculta para expedir las leyes generales que tipifiquen y sancionen la desaparición forzada, trata de personas, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como electoral.

Además, la autoridad para establecer penas mínimas, los tipos penales y sus sanciones en materia de secuestro y otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley. Con el decreto que entra en vigor desde este sábado, parece que hay algo de certidumbre en temas que han lastimado tanto a México.

Esta facultad deriva de las reformas en materia de seguridad y justicia aprobadas y decretadas este año, por lo que los senadores y diputados podrán expedir leyes secundarias en la materia. Si bien ya hay leyes, asociaciones y especialistas señalan que hacen falta modificaciones que combatan las malas prácticas como la tortura y la desaparición forzada.

El país ha vivido ya casi un año de historias aterradoras que han evidenciado una crisis de respeto a los derechos humanos y al Estado de derecho. Los casos de Tlatlaya y la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa son los que más han consternado a la población.

Sin embargo, hay otras historias que también han sufrido estas laceraciones; la desaparición y asesinato de periodistas (6 asesinados y 227 agresiones en 2015), las múltiples denuncias de casos fabricados, así como prácticas de tortura y violencia para obtener confesiones, como el caso de Yecenia Armenta, en Sinaloa, presa desde hace más de tres años acusada del homicidio de su esposo. Estos son sólo algunos de los se ha tenido conocimiento, pero hay más de los que no se habla.

En febrero pasado, el relator especial sobre la tortura y otros malos tratos de Naciones Unidas, Juan N. Méndez concluyó que las desapariciones forzadas en México son generalizadas y la mayoría de ellas quedan impunes. Además, advirtió que la tortura es una práctica recurrente por parte de autoridades para obtener confesiones.

Estas acusaciones fueron rechazadas categóricamente por el gobierno mexicano, sin embargo, casos como Tlatlaya y Ayotzinapa, así como las más de 22 mil desapariciones desde 2006, no dejan mucho al debate. Por su parte, el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada recomendó al país la creación de una “unidad fiscal especializada en la materia, además de redoblar sus esfuerzos por combatir este delito.

México vive una crisis de derechos humanos, son innumerables las denuncias ciudadanas de abusos por parte de las autoridades, desde municipales, pasando por las estatales y hasta llegar a las federales. No hay un nivel de gobierno que escape de este estigma que ha provocado que las personas dejen de creer en las instituciones.

Es tarea del Estado mexicano hacer lo que esté en sus posibilidades para proveer las condiciones que permitan la restauración de esa confianza perdida. El Congreso ya está facultado, ahora habrá que esperar a que llegue la próxima Legislatura y ver si hay voluntad política para que esto se convierta en realidad.

Que se endurezca el marco legal, las penas y sanciones contra los que cometan este tipo de flagelos, sea ciudadano “común”, autoridad o funcionario público.

Por I. Nava.

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