¿Quiénes no quieren la Ley General contra Desapariciones Forzadas?

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Siempre!
13 ago 2015
Carlos Arrieta

Sin duda el Estado mexicano y, en específico, las entidades federativas son los menos interesados en que se apruebe la Ley General contra Desapariciones Forzadas, a pesar de que el Ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, pidiera –o mejor dicho: exigiera- a las autoridades, ingresarla al marco jurídico, paralelo a la creación de dos sistemas nacionales de Búsqueda de Personas no Localizadas y de Información Genética.

Con bombos y platillos se anunció que la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) trabajarían de manera conjunta en la elaboración de un proyecto de iniciativa de dicha ley para la búsqueda efectiva de personas no localizadas, así como la prevención y sanción del delito de desaparición forzada.

Las cifras no son nada alentadoras, mucho menos cuando organismos defensores de los derechos humanos han informado que al menos cuatro de cada 10 desapariciones forzadas, son perpetradas por autoridades federales, estatales y municipales.

El Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas ha reportado hasta el momento que del total de averiguaciones previas del fuero federal, iniciadas en el periodo comprendido entre enero de 2014 y junio de 2015, y que permanecen sin localizar, al corte del 30 de junio de 2015, el estado de Guerrero se encuentra en la cúspide con 190 personas desaparecidas, seguido de Tamaulipas con 109, 80 más en Veracruz y el Distrito Federal con 36.

En contraste, con relación al total de registros de personas relacionadas con averiguaciones previas del fuero común que permanecen sin localizarse al corte del 30 de abril del 2015, Tamaulipas ocupa el primer lugar con 5 mil 289 personas desaparecidas, seguido de la Ciudad de México con 2 mil 196, Nuevo León con 2mil 154 y Jalisco 2 mil 148 personas reportadas como desaparecidas.

Aunque la cifra no es exacta, el pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de datos Personales (INAI) instruyó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) buscar y entregar información estadística sobre desapariciones forzadas, de 1960 hasta febrero de 2015.

Con todo este contexto, el presidente de la CNDH, Raúl González Pérez, lamentó que no puedan establecer acciones integrales y coordinadas de búsqueda, ni estar en la posibilidad de que se deslinden las responsabilidades correspondientes en cada caso si no se cuenta con información real y objetiva.

Esta documentación –dijo-, debería ser integrada conforme a estándares internacionales, que les permita distinguir los casos que, efectivamente, impliquen una desaparición forzada de aquellos que están vinculados a la delincuencia organizada o que responden a otras causas, dónde incluso estén relacionadas autoridades de los tres niveles de gobierno.

En este punto, es importante resaltar que en marzo pasado, González Pérez, urgió al presidente Enrique Peña Nieto que se volvieran realidad las propuestas que hizo el organismo en materia de desapariciones, a raíz de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, “levantados” en el estado de Guerrero.

Recordó que el 27 de noviembre del 2014, dos meses después del ataque a los normalistas, el presidente propuso la emisión de dicha ley, lo cual aún no ha ocurrido.

Y es que hasta el momento no existe, como era previsible, dicha información “por tratarse de hechos de competencia del fuero común o federal”, ante lo cual, el comisionado del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos (IFAI), Francisco Javier Acuña Llamas, propuso al órgano colegiado revocar esa respuesta.

Lo cierto es que las cifras de personas desaparecidas y/o no localizadas cada vez se engrosa más, sin importar edad, sexo o nivel socioeconómico de las víctimas.

Mientras todo esto ocurre, el primer paso de los políticos es hacer foros, declaraciones y leyes, como si esto resolviera el problema de fondo.

Por lo pronto, durante el foro realizado para “resolver” este problema, el subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, Roberto Campa Cifrián, reconoció que es necesario contar con esta ley.

Pero no es sencillo, ya que esta legislación podría destapar la cloaca, si en verdad se construye con dientes y capacidad de definir las obligaciones, las competencias, los procedimientos, los tiempos y las sanciones que permitan atender de manera eficaz este estigma delictivo.

Ver en línea : http://www.siempre.com.mx/2015/08/q...