Exigen ONG “mayor rigor” en ley de desaparición forzada

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Proceso
Jenaro Villamil
18 de agosto de 2015
Destacado

MÉXICO, D.F. (apro).- Para legislar sobre desaparición forzada en México se deben establecer dos tipos penales: uno para este tipo de delito cometido por la delincuencia organizada, y otro perpetrado por agentes de gobierno “y particulares que actúen en coordinación” con autoridades, con el fin de evitar que se diluya la responsabilidad del Estado.

Lo anterior fue la propuesta de los especialistas Santiago Corcuera y Carlos Ríos Espinosa, integrantes del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, expuesta ante la audiencia pública sobre el tema llevada a cabo en el Senado de la República.

Los especialistas también se pronunciaron por establecer incentivos procesales, así como conceder atenuantes a personas que proporcionen información sobre el paradero de víctimas.

Otro tema fundamental, agregaron, es reconocer la personalidad jurídica de la víctima y declararla como “ausente por desaparición”, con el fin de eliminar “la grave carga a su familia respecto de la imposibilidad de acceder a los bienes o enfrentar la presión por créditos u otros adeudos”.

En su exposición, Ríos Espinosa se pronunció por derogar la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas para incluir el tema como un capítulo especial de una nueva ley, además de concentrar la información nacional y estatal para evitar la pérdida de datos fundamentales.

Por su parte, Juan Carlos Gutiérrez Contreras, de Litigio Estratégico en Derechos Humanos, exhortó al Senado a evitar que la nueva norma sobre desaparición forzada confunda este delito con el secuestro, pues la primera no tiene como finalidad el intercambio de dinero, tiene motivaciones políticas e, incluso, puede considerarse un crimen de lesa humanidad.

Y la desaparición forzada por agentes del Estado “se comete con dolo, tiene una intención especial”, por tanto, la nueva ley debe investigar la cadena de mando y sancionar la responsabilidad de un superior jerárquico que dé la orden de “levantar” a una persona, ya sea de un cuerpo policiaco o de las fuerzas armadas.

“Ningún funcionario puede alegar que no cometió delito porque sólo cumplió una orden”, sentenció Gutiérrez Contreras.

En el mismo foro, encabezado por la senadora Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Naidín Reyes Maldonado, del Comité Hasta Encontrarlos, y Samuel Kenny, de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, reprocharon que no se incluya la desaparición de migrantes y las autoridades se limiten a clasificarla como secuestro, a pesar del hallazgo de fosas clandestinas en diversas entidades donde se encontraron decenas de indocumentados.

Los participantes afirmaron que la propia PGR reporta que en dos periodos diferentes de seis meses se ha registrado el “secuestro” de más de 20 mil migrantes en México.

Para identificar a estos 20 mil migrantes “secuestrados”, la PGR sólo cuenta con 16 antropólogos, y la CNDH no cuenta con registro alguno de las fosas clandestinas localizadas ni existe un plan de búsqueda de las autoridades, acusó Samuel Kenny.

Isabel Claudia Martínez Álvarez, del Instituto para la Seguridad y Democracia (Insyde), propuso tipificar la tortura y las detenciones arbitrarias junto con la nulidad de prueba, con el objetivo de combatir la creación de “chivos expiatorios” en esta materia.

“Si no detenemos las detenciones arbitrarias, no se detendrán los casos de tortura”, advirtió Martínez Álvarez.

En el foro también participó Mónica Oehler, de Amnistía Internacional (AI), quien consideró que la ley no debe tener carácter preferente, ya que reduce el tiempo para su análisis y aprobación.

La ley, planteó, debe considerar la participación de los familiares en la investigación, así como un mecanismo de búsqueda, el cual cuente con recursos financieros, de inteligencia, humanos, cruce de datos y obligaciones de transparencia.

Por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro participó Daniela Aguirre Luna, quien propuso solicitar a las empresas de telecomunicaciones los datos del teléfono de la víctima que contengan todo lo relacionado a su paradero.

En el Senado se encuentran tres iniciativas sobre esta materia pendientes de dictaminar: la del senador priista Omar Fayad, otra del panista Roberto Gil Zuarth y una más de la perredista Angélica de la Peña.

Ver en línea : http://www.proceso.com.mx/413236/20...

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