Presenta Angélica de la Peña iniciativa para expedir Ley general de desaparición forzada

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La iniciativa tiene como objetivo principal proteger a toda persona contra el delito de desaparición forzada, así como criterios para sancionar este delito y medidas para prevenirlo.

Óscar Palacios Castañeda
19 Sep 2015

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Angélica de la Peña Gómez (PRD), presentó una iniciativa que busca expedir la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar la Desaparición Forzada de Personas y la Desaparición de Personas Cometida por Particulares.

Dicha propuesta, que resultó del trabajo realizado por diversas organizaciones integradas a la campaña nacional contra la desaparición forzada, contiene las principales preocupaciones de un conjunto de personas que llevan años luchando por encontrar a sus seres queridos.

En este sentido, la iniciativa tiene como objetivo principal proteger a toda persona contra el delito de desaparición forzada, así como criterios para sancionar este delito y medidas para prevenirlo.

Se contempla la creación de fiscalías especializadas en la desaparición forzada de personas y a manos de particulares, una a nivel federal y una por cada estado de la República, así como la implementación de un Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas.

Además se propone la creación del Instituto Nacional Autónomo en Investigación Forense Mexicano, que estará integrado por reconocidos especialistas cuyas observaciones e investigaciones servirán para la resolución y sanción de los delitos.

La ley también obligaría al Estado a la reparación integral del daño para las víctimas y familiares sin importar sus nacionalidades, así como a garantizar la seguridad física y psicológica de los defensores de derechos humanos, organizaciones, testigos y grupos que se encuentren en riesgo.

Al presentar la iniciativa, la senadora Angélica de la Peña enfatizó que no se trata únicamente de darle voz a la sociedad y a las organizaciones civiles, sino de concretar acciones a partir de sus propuestas, como parte del proceso legislativo que desembocará en una Ley que responda a la exigencia de acceso a la justicia y a la verdad de miles de víctimas.

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