México vive un contexto generalizado de desapariciones forzadas

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Gisela Martínez
20 SEP 2015

El pasado 11 de septiembre el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de Naciones Unidas emitió un informe de seguimiento sobre la situación que vive México en esa materia. En dicho informe el Grupo de Trabajo expresa su preocupación por “la situación deteriorada que prevalece en México” y reafirma que existe el país vive un contexto generalizado de desapariciones forzadas.

Según lo expresado en el informe, el Estado mexicano sigue sin dimensionar el problema de la desaparición forzada de personas, esto le ha impedido desarrollar medidas integrales y efectivas para su prevención, erradicación investigación, sanción y reparación. Lo cual se evidencia con lo sucedido a los 43 normalistas de la normal de Ayotzinapa y el descubrimiento de las fosas clandestinas en diversas partes de la república.

El grupo también coincide con el GIEI de dar un replanteamiento general a la investigación por la desaparición forzada de los 43 jóvenes estudiantes y llama al Estado mexicano a cumplir con todas las recomendaciones de manera diligente y exhaustiva, incluidas actuaciones que involucren a autoridades militares

El Grupo de Trabajo también “lamenta observar pocos esfuerzos” del Estado mexicano para implementar las recomendaciones realizadas en 2011, particularmente las que permitirían enfrentar los problemas estructurales en materia de desaparición forzada.

Los principales señalamientos del grupo son la falta de acceso a la justicia; “la impunidad generalizada perdura como un patrón crónico. La alarmante impunidad favorece la perpetración de las desapariciones forzadas.”

Las medidas implementadas para buscar y localizar a personas desaparecidas “son notoriamente insuficientes”, incluidas las que son víctimas el delito de desaparición forzada.

Recomienda que se considere el retiro de las fuerzas militares de las operaciones de seguridad pública y aplicación de la ley penal.

Un punto importante a señalar es la falta de una legislación en la materia, si bien el propio Grupo de Trabajo reconoce como un avance la reciente reforma al artículo 73 de la Constitución para que el Congreso de la Unión pueda legislar sobre la materia, queda pendiente la creación de la Ley General sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias puesto que las leyes que existen actualmente no siempre tipifican el delito de acuerdo a los tratados internacionales en la materia. Esta falla temen que se repita en la propuesta que envíe el ejecutivo federal toda vez que es fuertemente criticado por diversas organizaciones de la sociedad civil.

Por ejemplo, las organizaciones integrantes de la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada hicieron un análisis de los puntos necesarios que debe contener la ley y coincide en varios aspectos con las preocupaciones del Grupo de Trabajo:

  1. La Ley deberá definir el delito de desaparición forzada y desaparición a manos de particulares acorde con los tratados internacionales de la materia.
  1. La ley debe mandatar al Ministerio Público para reclasificar los delitos cuando haya sospecha de que se trata de una desaparición forzada; es decir si estaba siendo investigado por secuestro u otro lo deberá modificar a desaparición forzada. No importa cuándo se cometió éste pues es un delito que no prescribe mientras no se encuentre a la persona o a su cadáver.
  1. La Ley deberá establecer protocolos de investigación, fiscalías especiales y un Registro Nacional de Personas víctimas de Desaparición Forzada y a manos de particulares para realizar la búsqueda e investigación de víctimas de este delito.
  1. El Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad física y psicológica de los familiares de las víctimas y de todos los involucrados en el proceso, incluidos acompañantes, testigos, ministerios públicos y especialistas.
  1. Tener un protocolo especial y la obligación por parte de las fiscalías de investigación inmediata cuando se trate de casos de desaparición forzada y desaparición de niñas, niños y adolescentes cometida por particulares.
  1. Creación del Instituto Nacional Autónomo en Investigación Forense Mexicano cuyas funciones serán crear y resguardar un Banco Nacional de Información Genética, una Base de Datos Nacional Ante-mortem/Post-mortem, así como de un Registro Nacional de restos mortuorios No identificados (NN) y de las zonas donde se encuentran las fosas comunes.
  1. Regular la declaración de ausencia, figura jurídica que permite reconocer y garantizar la personalidad jurídica de las personas desaparecidas, y permite que se les represente para que la familia pueda continuar con además de brindar certeza jurídica a los familiares de las víctimas a fin de que judicialmente se determine la representación de los intereses y derechos de dicha persona.
  1. Incluir la Reparación Integral del Daño, el cual comprenderá la restitución, compensación, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. Así como el derecho a la verdad que comprende conocer el paradero de las víctimas, la verdad de los hechos, la identidad de los responsables, las circunstancias que hayan propiciado su comisión, tener acceso a la justicia en condiciones de igualdad y conocer la sanción a los responsables.
  1. Prevenir los delitos de desaparición Forzada y Desaparición de Personas cometida por particulares, se establece el Registro Oficial de Personas Detenidas, el cual deberá ser actualizado y ser proporcionado por todos los órganos civiles de seguridad y castrenses.
  1. Capacitación y sensibilización de los agentes del Estado sobre los delitos de desaparición forzada de personas y desaparición de personas cometida por particulares.

Además, el Grupo de Trabajo no sólo hace señalamientos por los delitos actuales, sino también por los delitos cometidos durante la “Guerra Sucia”, período en la década de los setentas cuando se recrudecieron los delitos cometidos por fuerzas militares principalmente contra la disidencia política y grupos guerrilleros. En el informe el Grupo señala que “pareciera como si el Estado mexicano ha renunciado al cumplimiento de sus obligaciones internacionales de derecho a la justicia, la verdad, la reparación y la memoria de las víctimas. […] La impunidad es generalizada y no se conocen acciones efectivas y resultados concretos para la investigación de lo sucedido”.

El Grupo de Trabajo es tajante: “la realidad en que viven las víctimas de desaparición forzada y la impunidad puede y debe ser transformada. El Estado cuenta con una oportunidad histórica de transformar la situación imperante”.

Por último, es de resaltar que a dos años de que entró en vigor la Ley General de Víctimas, aún no se haya reparado a ni una sola persona víctima del delito de desaparición forzada.

El informe del grupo se basa en la información entregada por el propio Estado, y organizaciones de la sociedad civil.

Ver en línea : http://masde131.com/2015/09/mexico-...