La ley sobre desapariciones avanza a regañadientes

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Proceso
Mathieu Tourliere
21 de septiembre de 2015
Nacional

MÉXICO, D.F. (Proceso).- La desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa finalmente obligó el gobierno de Enrique Peña Nieto a anunciar la elaboración de una nueva ley general sobre ese tópico. Lo hizo después de dos décadas de sordera de las autoridades federales ante los reclamos de los familiares de víctimas, las presiones de los organismos internacionales y de activistas sociales.

El próximo 17 de diciembre a más tardar, el Legislativo deberá aprobar el texto final que en próximos días le enviará la Secretaría de Gobernación. Mientras llega, en el Senado ya se barajan algunas iniciativas de organizaciones civiles sobre las desapariciones forzadas.

El anteproyecto de Ley General sobre Personas Desaparecidas y No Localizadas que Gobernación compartió con algunas organizaciones engloba tanto a las víctimas de desaparición forzada y a las personas desaparecidas por particulares, como a las personas extraviadas y ausentes, según la copia consultada por Proceso.

El martes15, cuatro años después de su visita y de presentar su informe sobre México, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), externó su “grave preocupación” ante la “aparente” falta de voluntad y la incapacidad de la administración de Peña Nieto para reconocer y combatir el fenómeno.

En el documento, elaborado a partir de información obtenida en dependencias del gobierno federal y organizaciones civiles, los expertos de la ONU lamentan “la situación deteriorada que prevalece en México desde que realizaron su visita”, y denuncian que, “salvo excepciones, la impunidad prevalece, los hechos no se esclarecen y las víctimas no reciben una adecuada e integral reparación”.

Pese a ello, el grupo presidido por Ariel Dulitzky dio la bienvenida a la futura ley general, pues “brinda una oportunidad histórica al Estado mexicano para armonizar su normatividad interna con sus compromisos internacionales, remontar la situación crítica por la que atraviesa y adoptar finalmente las transformaciones estructurales que se requieren en materia de desaparición de personas”.

Los retos

En entrevista con Proceso, Héctor Cerezo, del Comité Cerezo, comenta sobre los riesgos de aprobar una iniciativa escrita sólo para salir al paso de la presión nacional e internacional y presumir al mundo que México es uno de los 12 países que tiene una ley contra la desaparición forzada, según se desprende del borrador, que ni siquiera habla de “desaparición forzada” en el título.

“El propio nombre está mal –dice–, pues demuestra una intencionalidad de equiparar las desapariciones del Estado con las del narco, pero también con las personas que se perdieron o se extraviaron.

“Las familias nos dicen que, dada la naturaleza de la desaparición forzada, es necesario tener una ley exclusivamente sobre esta materia.”

Hasta el capítulo tres, artículo 68, se habla de la tipificación del delito de “desaparición por particulares”, que es perpetrada por agentes ajenos al Estado.

El documento al que alude Cerezo es una versión preliminar de la iniciativa de Gobernación, que se modificará antes de presentarla como anteproyecto oficial ante el Legislativo.

En él, la dependencia propone crear un sistema nacional de búsqueda de personas que estaría a cargo de la Procuraduría General de la República y de las procuradurías estatales, que a su vez contarían con unidades especializadas en la búsqueda de personas extraviadas.

Asimismo, se prevé que el Ministerio Público federal podría atraer casos cuando se percate de que las autoridades locales investigan de manera lenta, parcial o no exhaustiva. El sistema nacional también integraría un registro de personas desaparecidas y no localizadas, y un registro forense nacional.

Cerezo lamenta que la tipificación del delito de desaparición forzada se limite a los “servidores públicos” que “dolosamente” privan de la libertad a una persona, esconden su paradero y encubren a quienes perpetran la desaparición u obstaculizan la búsqueda.

Explica: primero, porque existen controversias jurídicas sobre los integrantes de las Fuerzas Armadas, quienes no son considerados servidores públicos; segundo, porque para las autoridades hay delito “sólo cuando el funcionario (tiene) la intención de desaparecer a una persona y ocultar su paradero, pero no importa que sea dolosamente o no”. Sólo si lo hace así, dicen, es culpable.

Y agrega: “El proyecto de Gobernación sanciona a la cadena de mando aunque no condena a quien adultera la investigación; tampoco castiga con rigor a quienes, sabiendo que se comete el ilícito, no hacen nada por evitarlo”.

El director de Amnistía Internacional (AI) en México, Perseo Quiroz Rendón, comenta al reportero que si bien la dependencia encabezada por Miguel Ángel Osorio Chong compartió el borrador con organizaciones civiles para recibir sus comentarios, es lamentable que el Ejecutivo federal nunca haya escuchado directamente a los familiares de los desaparecidos para elaborar su proyecto de ley.

El miércoles 9, familiares de los desaparecidos entregaron al subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, un documento con los puntos mínimos que debería contener la ley general, entre ellos garantizar su participación en el diseño de los mecanismos y los protocolos de búsqueda, y prever mecanismos de rendición de cuentas.

Campa se comprometió a que el documento sería tomado en cuenta. Horas después fue sustituido por Arturo Escobar Vega, el polémico dirigente del Partido Verde.

Quiroz Rendón confía en que la sociedad civil vigile el proceso legislativo para evitar que la ley sobre las desapariciones forzadas se convierta en un elefante blanco, como fue el caso de las leyes de víctimas y contra la tortura.

“Se requiere voluntad de garantizar una independencia seria (de los mecanismos) y se les tiene que dotar de la adecuada infraestructura y tecnología, así como de un presupuesto suficiente para realizar la búsqueda. Es una serie de cuestiones muy operativas pero también políticas”, sostiene el representante de AI.

Proyecto alterno

Desde 2006 el Comité Cerezo y organizaciones de familiares agraviados –como el Comité Hasta Encontrarlos– empezaron a elaborar un proyecto de ley sobre desapariciones forzadas.

Partieron de su experiencia directa, consultaron los libros sobre la materia, compararon siete iniciativas de ley, nacionales e internacionales, entre ellas las de Colombia, Argentina y Uruguay, y recibieron asesoría de especialistas como la italiana Gabriella Citroni, el alemán Rainer Huhle y el chileno Roberto Garretón.

Al final redactaron la “Iniciativa que expide una Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar la Desaparición Forzada de Personas y la Desaparición de Personas cometida por Particulares”. El jueves 3 se la entregaron a la senadora perredista Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, quien una semana después la turnó a comisiones para su discusión.

Las organizaciones proponen crear una nueva fiscalía federal y una red de fiscalías en los estados que, argumentan, deben ser autónomas y reguladas por representantes de los gobiernos federal y estatal, así como por representantes de organizaciones de derechos humanos, familiares de desaparecidos y un representante de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU.

Pugnan también por que cada fiscalía cuente con dos subfiscalías: una que se encargue de la búsqueda inmediata de las personas desaparecidas, y otra que se dedique a investigar y procesar las sanciones contra los perpetradores de desapariciones; la creación de un Instituto Nacional Autónomo en Investigación Forense Mexicano, cuya sede estaría en la Universidad Nacional Autónoma de México. Sus peritos, comenta Cerezo, se encargarían de los bancos genéticos y del registro nacional de restos mortuorios.

Sobre las sanciones, los autores de la iniciativa piden endurecer las penas en casos de tortura durante la desaparición forzada cuando se practique en contra de menores, migrantes, defensores de derechos humanos y testigos, entre otros.

“Lo que nos da esta iniciativa de ley es un techo de discusión muy alto”, estima Cerezo. Hasta el jueves 17, la iniciativa ciudadana, disponible en internet, había recibido el aval de 111 organizaciones.

Ese mismo día, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el decreto que establece el 26 de septiembre como Día Nacional Contra la Desaparición Forzada de Personas. Con ello, el PRI acepta que en México se comete ese delito. Ahora el tricolor tiene el voto decisivo en la comisión especial del caso Ayotzinapa.

Ver en línea : http://www.proceso.com.mx/?p=415933

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