¿Qué hemos aprendido?

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Diario de Yucatán
Lunes, 21 de septiembre de 2015 -
Edición impresa
Ayotzinapa a un año
Rodrigo Llanes Salazar (*)

Primera parte

El próximo sábado 26 de septiembre se cumplirá un año de la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” en Ayotzinapa y el homicidio de seis personas más esa misma noche. A casi un año de los hechos, ¿qué hemos aprendido sobre México?

No sabemos con certeza lo que sucedió aquella noche, “La noche de Iguala”, como reza el título del libro de Esteban Illades sobre el tema. El Informe presentado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llevó a muchos analistas y medios a pregonar el “derrumbe de la verdad histórica”, es decir, de la versión oficial proporcionada por la PGR el pasado 27 de enero, a saber: que los estudiantes fueron asesinados y quemados en un basurero en Cocula, Guerrero. En palabras de los padres de los 43: “La supuesta ‘verdad histórica’… es más bien una mentira histórica”.

A pesar de que los propios expertos del GIEI han declarado que el Informe no es concluyente, también es verdad que, a la víspera del aniversario de la tragedia, la publicación del documento ha revivido el tema en los medios y ha dado más fuerza a los inagotables padres de los 43 para exigir que les entreguen vivos a sus hijos.

Ante el resurgimiento del tema en los medios —aunque en todo este año los padres y algunas organizaciones no han dejado de trabajar un solo día en el asunto—, el Gobierno Federal ha llevado algunas acciones para reforzar su versión e intentar arreglar algo de la pérdida de su legitimidad y credibilidad: en los días pasados informó que el Instituto de Medicina Legal de la Universidad de Innsbruck, en Austria, identificó los restos del estudiante Jhosivani Guerrero, y anunció la detención de Gildardo López Astudillo, “El Gil”, uno de los líderes de Guerreros Unidos y presunto autor material de la desaparición de los 43. Así, desde la perspectiva oficial, el Gobierno ha proporcionado “verdad” (con pruebas científicas sobre el destino de un par de normalistas) y “justicia” (pues ya ha detenido a 111 personas vinculadas con la agresión).

Y si bien no sabemos a ciencia cierta qué sucedió aquella noche, ¿qué hemos aprendido sobre México en todo este año?

1. La desaparición de los 43 normalistas, la incansable búsqueda por parte de sus padres, las movilizaciones masivas en las calles y en redes de todo el mundo, los foros de análisis, los eventos artísticos, las ya numerosas publicaciones sobre el tema, han resaltado la gravedad del problema de las desapariciones forzadas en México.

Los lectores recordarán que al finalizar el sexenio de Felipe Calderón casi siempre se hacía alusión a los más de 60 mil muertos (algunos estiman hasta 100 mil) por la guerra contra el crimen organizado. Ahora es más común escuchar sobre las decenas de miles de muertos acompañadas de los más de 25 mil desaparecidos. Es una cifra negra que filtra nuestra visión de lo que es México y detrás de la cual hay centenas de miles de familiares, amistades y seres queridos sufriendo por la ausencia de sus desaparecidos.

La desaparición de los 43 ha visibilizado las ausencias, a los que no están y no sabemos dónde están. Al respecto, las fotografías del artista visual argentino Marcelo Brodsky, quien además de tratar el tema de los desaparecidos durante la dictadura argentina también ha abordado el caso de Ayotzinapa, son dolorosamente evocadoras (como paréntesis, no puedo evitar citar unas palabras de Brodsky dirigidas hacia los padres de los 43: “en mi país, a los militares los pudimos llevar al banquillo de los acusados”).

Sí, necesitamos verdad y justicia por los 43, pero no podemos aislar a los 43 de los más de 25 mil desaparecidos. Hay que exigir verdad y justicia para los 25 mil y sus familiares. La ONU ha destacado que el gobierno mexicano debe demostrar con actos, no sólo con palabras, que está comprometido en la lucha contra las desapariciones forzadas. Ariel Dulitzky, presidente del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias, expuso sin reparos que “El Gobierno (mexicano) hasta ahora ha fracasado en asumir la gravedad de la dimensión del problema”. Un primer paso para actuar es la reforma al marco jurídico sobre el tema.

En este contexto, Peña Nieto ha declarado que está dispuesto a reunirse de nuevo con los padres de los 43 y los expertos del GIEI, y que enviará un proyecto de ley general para prevenir, sancionar y erradicar la tortura y otra sobre la desaparición forzada de personas.

En realidad, ya hay varias propuestas sobre el tema y yo quisiera destacar una, la elaborada por la Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada en México, integrada por familiares de víctimas de desaparición forzada, organizaciones de derechos humanos, expertos en la materia y personas solidarias, presentada el pasado 3 de septiembre en el Senado de la República.

La destaco porque es la única de las cuatro en el Senado elaborada desde la sociedad y las víctimas.

2. Independientemente de que aceptemos la versión oficial, las hipótesis del GIEI o cualquier otra interpretación de los sucesos, en todas ellas subyace un profundo problema de impunidad. Si es cierta la versión del Gobierno, ¿cómo es posible que policías municipales e integrantes de cárteles secuestren, maten y quemen a 43 personas en una sola noche?, ¿cómo tuvieron la capacidad humana, organizativa y técnica para cometer esa atrocidad en unas pocas horas? ¿en qué país es posible eso?, ¿qué está pasando en el país, en nuestras instituciones, en nuestras casas, en nuestras calles, que provoca que unos mexicanos maten a otros 43, jóvenes, estudiantes?

Si los autores intelectuales fueron el alcalde de Iguala José Luis Abarca y María de los Ángeles Pineda, su esposa y ex directora del DIF municipal, ¿cómo es posible que Abarca haya sido candidato y luego alcalde?, ¿cómo creer en nuestro sistema de partidos?, ¿cómo creer en los procesos electorales?, ¿cómo creer en nuestras autoridades?, ¿cómo saber cuáles están coludidas con criminales y cuáles no?

Todo esto es posible, en gran medida, por la impunidad, porque no hay castigo a los culpables, porque, como ha escrito con su singular estilo Alejandro Páez Varela, “en México es posible salirse con la suya, y eso no tiene consecuencia alguna”.

Uno podría responder de inmediato: ¿de qué impunidad se está hablando si ya hay más de 110 detenidos por el caso de Iguala?, ¿no acaso ya hubo castigo a los culpables? Además de que hay personajes claves en las desapariciones y homicidios de los normalistas que no han sido detenidos, quedan muchas preguntas: ¿se ha castigado a quienes torturaron a los presuntos perpetradores, a quienes borraron información de los expedientes del caso, a quienes falsificaron datos de la investigación? De nuevo, no se trata sólo de este caso.

Recordemos que, según el Índice Global de Impunidad, México es el segundo país de 59 con mayor impunidad, es decir, con delitos no castigados. Y, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública de 2014, sólo se inició una averiguación previa para 6 de cada 100 delitos ocurridos en el país.

Coincido con Páez Varela cuando hace un llamado a “presionar y presionar hasta que el Estado mexicano acepte una Comisión Internacional contra la Impunidad”. Es urgente que se abra un debate público para la constitución de un órgano ciudadano, autónomo y con respaldo internacional para combatir la impunidad. (Continuará).— Mérida, Yucatán.

Presidente del Colegio de Antropólogos de Yucatán, A.C., maestro en Ciencias Antropológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana y profesor.

Ver en línea : http://yucatan.com.mx/editoriales/o...