Ley contra la desaparición forzada en México es urgente y necesaria

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Cristina Fontenele
Adital

29.09.2015

La propuesta de una Ley General que combata la desaparición forzada de personas en México fue presentada al Senado, a comienzos de este mes de septiembre, por la comisión formada por organizaciones de derechos humanos y familiares de víctimas. El objetivo de la ley, que comenzó a ser elaborada en 2012 con integrantes de la Campaña Nacional contra la Desaparición forzada, es romper con un "ciclo de impunidad” y exigir la creación de Procuradurías Especiales, en todos los estados del país, para lidiar con la desaparición.

En entrevista con Adital, el colectivo Comité Cerezo de México, explica que la Ley General es un marco jurídico para la denuncia de un Estado que sigue con la práctica de la desaparición forzada. La expectativa con la Ley es que se ajusten los contenidos a los patrones internacionales. "Es debido al empuje y el cabildeo de las organizaciones de Derechos Humanos que la estamos impulsando, y del movimiento social en general, que hay una oportunidad política de poder tener una legislación adecuada”, se destaca desde la entidad.

Organizaciones denuncian que la desaparición forzada en México ha sido una práctica cometida por agentes del Estado o por particulares con el permiso del Estado, que generalmente son miembros de grupos paramilitares.

Según denuncia el Colectivo, la desaparición forzada en México ha sido una práctica cometida por agentes del Estado o por particulares, con el permiso del Estado. Generalmente, son miembros de grupos paramilitares. Todavía no hay números oficiales de esta violación, pero se estima que, en los últimos ocho años ocurrieron cerca de 30 mil casos de desapariciones forzadas en el país.

"El Estado mexicano revuelve todo con la intencionalidad política de que no se sepa cuántas son las desapariciones forzadas, es decir que no se sepa que sus agentes son los responsables, entonces mezcla desaparecidos por particulares, desaparición forzada, extraviados, y les llama no localizados”, revela el Comité.

La desaparición forzada se agravó a partir de la "guerra al narcotráfico” implementada por el ex-presidente Felipe Calderón (2006-2012). Según el Comité, la práctica también se ha extendido a migrantes, mujeres, menores de edad y jóvenes. A lo largo de las últimas décadas, el método se propagó en varios países de América Latina, como El Salvador, Uruguay, Argentina, Brasil, Colombia, Perú, Honduras, Bolivia, Haití y Chile.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública (Envipe), de 2014, se estima que en 2013 ocurrieron más de 130 mil secuestros en México. El gobierno es señalado como omiso en las investigaciones y en el castigo de los responsables, que según denuncias, son en su mayoría ex-policías especialistas en antisecuestro y, en algunos casos, policías que están en actividad.

Para el Comité Cerezo, el problema de los números relacionados con delitos es que también se ocultan, "intencionalmente”, las violaciones a los derechos humanos de delitos cometidos por agentes estatales. La organización cree que, en toda la República mexicana, todas las familias fueron víctimas de algún delito. "Lamentablemente no hay cifras o documentación que sustente cuántas familias han sido víctimas de violaciones graves a los Derechos Humanos; ya que violaciones a los DH en general, toda la población las sufrió con las reformas estructurales aprobadas en México, es decir con la profundización de la política neoliberal que profundiza la precarización económica”, se explica desde la organización.

Según el Comité de las Naciones Unidas contra el Desaparición Forzada, el gobierno todavía no aplicó la mayoría de las recomendaciones para combatir la desaparición forzada en el país.

El Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada evaluó, en febrero de este año, la situación de México. El grupo, formado por 10 especialistas de diversas nacionalidades, analizó la implementación en el país de la Convención Internacional para la protección de las personas contra la desaparición forzada. Las conclusiones fueron que hubo pocos avances en la materia y que el gobierno todavía no aplicó la mayoría de las recomendaciones propuestas por el grupo desde la última visita al país, en marzo de 2011.

En el informe, el Comité de la ONU instó al gobierno mexicano a crear un registro único de personas desaparecidas en el país, permitiendo así establecer estadísticas para el adecuado desarrollo de políticas públicas, ya que actualmente no se conoce la verdadera amplitud de este flagelo. Destacando el caso de Guerrero, en el que hace un año 43 estudiantes fueron víctimas de desaparición forzada, el Comité afirma que las investigaciones "tardías y precarias” que se siguieron demuestran la falta de reconocimiento de la dimensión de este problema en el país.

Para apoyar la Ley General contra la desaparición forzada en México haga clic aquí.

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