Presentan ONG observaciones a propuesta de ley sobre desapariciones forzadas

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Roberto Ramírez Bravo ( )

Las organizaciones que integran la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada, de familiares de desaparecidos, presentaron 15 observaciones a la propuesta de ley sobre el tema que presentó el presidente Enrique Peña Nieto el pasado 6 de diciembre.

En ellas se establecen puntos como las atenuantes que permitirán a los perpetradores salir en libertad, el inicio de la búsqueda que requiere, según el decreto, una serie de requisitos que sólo obstaculizan la localización de la persona desaparecida.

En un comunicado del comité central de esta campaña en la que participan 274 organizaciones de todo el país, se establece que si bien es cierto que existen desapariciones perpetradas por particulares, sin la actuación de agentes del Estado, también lo es que el Estado mexicano tiene la obligación de buscar, investigar y sancionar a los responsables de estos delitos, si bien la responsabilidad estatal en materia de violación a derechos humanos es diferente a la que se tiene cuando se comete un delito.

“No se puede diluir ni quitarle la centralidad al Estado en las desapariciones forzadas cometidas en nuestro país, pues ello significaría seguirle el juego en el no reconocimiento de éste como el principal responsable por comisión de las desapariciones forzadas y, por omisión, de las desapariciones a manos de particulares”, explica el documento.

Las organizaciones cuestionaron que el Ejecutivo haya presentado su iniciativa hasta el último momento, y que el Senado haya dejado pasar la oportunidad de discutir el tema tres meses, por lo que el análisis legislativo y su aprobación se hará hasta febrero, lo cual viola el plazo que se tenía para hacerlo en diciembre.

Algunas de las observaciones a la iniciativa presidencial son que se plantea un registro de personas “desaparecidas y no localizadas” sin distinguir los casos de desaparición forzada con ausencias simples de personas que no son víctimas de grave violación a sus derechos humanos; igualmente, que el decreto no hace mención de la Fiscalía Especializada en Búsqueda de Personas, creada recientemente por mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; que se excluye como responsables de desaparición forzada a las fuerzas armadas, militares “y demás agentes del Estado” y sólo se responsabiliza a “servidores públicos”.

La iniciativa presidencial dejará fuera de su alcance a las personas que están siendo buscadas en este momento, al no aplicarse de manera retroactiva; el carácter de desaparición forzada es “permanente y continuo” en los estándares internacionales, pero en el decreto es “permanente o continuo”, alertan las organizaciones.

Critican que en ninguna parte se considera agravante el que el delito sea cometido contra personas defensoras de derechos humanos o periodistas, “dejando en la impunidad a los perpetradores directos e indirectos”.

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