Iniciativa de EPN busca negar que la desaparición forzada en México es una política de Estado: organizaciones

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Por: Redacción Revolución / 8 enero, 2016

Este miércoles venció el tiempo establecido para que se emitiera respuesta de poder legislativo la iniciativa de la Ley de desaparición Forzada, a lo que las organizaciones civiles protectoras de los derechos humanos acusan que las desapariciones forzadas son una política de Estado.

Grupos sociales advirtieron que el Congreso no cumplió el plazo de 180 días establecido en la reforma al artículo 73 constitucional para emitir y aprobar dichas legislaciones. Dicho plazo empezó a contar el 10 de julio de 2015, fecha en que la reforma constitucional fue publicada en el Diario Oficial de la Federación.

Aunque hay una larga serie de cuestionamientos a la iniciativa presidencial, se citan varios que generan enorme preocupación entre las organizaciones. De entrada, señala que en el título de esta norma –Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de Desaparición de Personas– se excluya la palabra “forzada”, en un intento por “invisibilizar” y “negar que la desaparición forzada en México es una política de Estado”.

Dicha propuesta enviada por Peña en diciembre pasado al Senado tiene lagunas y contradicciones que generan preocupación entre las organizaciones preocupadas por salvaguardar los derechos fundamentales y también acusaron que fueron ignoradas muchas de sus propuestas.

Las ONG señalan que la iniciativa de ley desatiende la mayoría de las exigencias hechas por las familias de las víctimas de desaparición forzada.

Ambas iniciativas, tanto la de desapariciones como la de tortura, empezarán a discutirse en el periodo que se inicia en febrero, aunque hasta ahora se desconoce si las comisiones dictaminadoras trabajan en la elaboración del proyecto de dictamen.

Otra de las anomalías que pretenden “tapar” el hecho de que en México existe la desaparición forzada, de acuerdo con las organizaciones es que en la propuesta de crear el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas, el gobierno pretende “encajonar” en un mismo registro a las víctimas de una violación grave de derechos humanos con otras personas que no son localizadas. “Con ello, el Estado mexicano busca, nuevamente, ocultar la realidad y gravedad del problema en nuestro país”.

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