Exigen cumplimiento de resolución judicial ante desaparición forzada de integrantes del EPR

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El 14 de agosto de 2008, la COMED presenta documentos relevantes con respecto a la desaparición de ambos luchadores sociales y ese mismo día, el Gobierno Federal reconoce en un comunicado la existencia de la desaparición forzada, sin embargo, no realiza las acciones necesarias para dar con los desaparecidos.

Rocío Méndez Robles

10 Feb 2016

A más de ocho años ocho meses de la desaparición forzada de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, integrantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR), las Comisiones "de la Verdad de Oaxaca" y "Civil de Seguimiento y Búsqueda" exigen se realice la búsqueda de ambos militantes "en instalaciones militares" y "se realicen diversas diligencias para su localización", como ordenó hace más de un año, el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito del Poder Judicial de la Federación.

"Ha quedado demostrado que el Estado mexicano no tiene la más mínima voluntad política para esclarecer este crimen de lesa humanidad", destacaron familiares de los eperristas desaparecidos, su abogado Sandino Rivero, así como los integrantes de ambas comisiones, entre ellos, el Padre Alejandro Solalinde, Miguel Álvarez, Dolores Sarabia, Gilberto López y Rivas y Pablo Romo.

Este caso es emblemático porque revela elementos y un patrón constante detrás de la desaparición forzada, explicó el Padre Solalinde al detallar que la desaparición de Cruz Sánchez y Reyes Amaya "fue planeada interinstitucionalmente, ejecutada con la complicidad de varias instituciones con la intención de ocultar la verdad y se ve clara una protección al Ejército".

"No podemos aceptar que haya instituciones sagradas, intocables; es intolerable que en pleno siglo XXI en este México que se dice democrático haya fueros", exclamó el sacerdote, al señalar que "no debe haber campos intocables y la Defensa no debe gozar de ese privilegio".

"Está en juego no sólo el caso sino sus implicaciones nacionales", enfatizó Miguel Álvarez, también de Serapaz, al recordar que cuando el EPR empieza con acciones de fuerza para reclamar la desaparición de Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, pero después, el EPR acude a la lógica de derechos humanos y pide la instalación de una Comisión de Mediación, que aceptó su labor pero pidió al grupo armado la suspensión de sus actividades de fuerza tenue toda la comunicación con el EPR fiera pública.

Así llega en noviembre del 2015 un comunicado del EPR sobre posibles sitios donde supuestamente se encontrarían los cuerpos de varios maestros y activistas de Oaxaca de los años 2006, incluidos los cuerpos de los eperristas, detalló Ávarez al informar que se entregó el documento a las autoridades ya en enero de este 2016.

Pero, "el estado sigue disputando la caracterización de conflictos en los términos más menores para que de ese tamaño sea el cambio en el país y se orienta al crimen para no tocar los grupos de poder", lamentó Álvarez.

La no resolver el caso de los eperristas, el mensaje que se da es que "se mantendrá en la impunidad a los crímenes donde esté involucrado el Estado", finalizó Pablo Romo; en esta línea, el padre Solalinde consideró que no sólo debe hablarse de "desaparecidos", sino también de "la cadena de mando, los traslados las torturas y hasta los asesinatos. Varios de los testimonios describen esas fases detrás de la desaparición."

"Lo que estamos demandando aquí es acceso a la verdad y a la justicia y el cumplimiento de todo el andamiaje que se ha logrado construir ante este caso emblemático por el nivel de impunidad y falta de voluntad política en un contexto en el que el tema de la desaparición de personas está a la orden del día", enfatizó Dolores Sarabia de Servicios para la Paz, Serapaz

La impunidad ha marcado todo el proceso de búsqueda, verdad y justicia, como demuestra el incumplimiento de la resolución judicial 29/2014 emitida por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito el 19 de junio del 2014 por la cual se dio origen a esta Comisión Civil de Seguimiento y Búsqueda a petición del EPR y que a más de un año no ha obtenido respuestas favorables.

La Comisión Civil de Seguimiento y Búsqueda, acompañados de la Comisión de la Verdad de Oaxaca (que en este 2016 entregará su informe sobre los acontecimientos de Oaxaca en 2006 y 2007), exigió el cumplimiento de la resolución judicial 29/2014 hasta dar con el paradero de Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, debido a que su cumplimiento significaría un gran avance no sólo para esclarecer este caso, sino como precedente para muchos más, además se impulsará que el cumplimiento de este tipo de resoluciones quede plasmado en la futura ley general sobre desaparición forzada para obligar a las autoridades a desarrollar la búsqueda de los desaparecidos en instalaciones militares y cárceles.

Al repasar las diversas etapas de la búsqueda de Cruz Sánchez y Reyes Amaya "primero como Comisión de Mediación entre el PDPR-EPR y el gobierno federal y, ahora, como Comisión Civil de Seguimiento y Búsqueda de Edmundo y Gabriel", defensores y familiares recordaron que en abril del 2008 se crea la Comisión de Mediación (COMED) entre el PDPR –EPR y gobierno federal a petición del EPR, para encontrar con vida a Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez; esta comisión estaría conformada por Carlos Montemayor, Miguel Ángel Granados Chapa, Gilberto López y Rivas, el obispo emérito Samuel Ruiz, Rosario Ibarra de Piedra, Enrique González Ruiz, y Juan de Dios Hernández Monge.

El 29 de abril, la PGR informó que contaba con indicios para considerar que los eperristas Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz estaban muertos, esto sin tener líneas claras de investigación dentro de la averiguación.

El 14 de agosto de 2008, la COMED presenta documentos relevantes con respecto a la desaparición de ambos luchadores sociales y ese mismo día, el Gobierno Federal reconoce en un comunicado la existencia de la desaparición forzada, sin embargo, no realiza las acciones necesarias para dar con los desaparecidos.

El 13 de febrero de 2009, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 07/2009 dirigida a los tres niveles de gobierno, en la que se evidencia que el caso se trata efectivamente de una desaparición forzada. Sin embrago hasta la fecha el Estado no ha cumplido esta recomendación.

El 21 de abril de 2009, debido a la falta de respuesta del gobierno federal, la COMED decide suspender sus actividades. A petición de la organización armada, es reintegrada en enero del 2010 con nuevos integrantes Miguel Álvarez Gándara, Jorge Fernández Souza, Dolores González Saravia, Gonzalo Ituarte Verduzco y Pablo Romo Cedano.

En Mayo de 2010, se publica el libro Desapariciones Forzadas en México. Documentos del proceso de la Comisión de Mediación, el PDPR- EPR y el Gobierno Federal, en el que se documenta todo el proceso de esta comisión en sus esfuerzos por la presentación con vida de Edmundo y Gabriel y las respuestas del Estado.

En Mayo de 2012 y como un hecho que destacamos de todo este proceso, se trata de imponer a toda costa la hipótesis de que uno de los desaparecidos está muerto, llegando asegurar que había más del 80 % de probabilidades de que se encontraría un cuerpo que correspondería a uno de ellos, que se encontraba enterrado en un panteón de Puerto Escondido, Oaxaca, hecho por el cual se realizó una diligencia de exhumación con el apoyo de expertos independientes del Equipo de Antropología Forense de Argentina (EAAF), ante la desconfianza de los familiares en los peritos de la PGR, hecho que nos permitió determinar una vez más el engaño y la perversidad del Estado al tratar de entregar a las familias los restos de otra persona que no era el de sus seres queridos, y que de no ser por el apoyo del EAAF, tenemos la certeza de que el Estado hubiera entregado esos restos a los familiares con la finalidad de dar por cerrado el caso.

Por la Comisión Civil de Seguimiento y Búsqueda expresaron su reclamo Gilberto López y Rivas, Santiago Corcuera Cabezut, Miguel Concha Malo, Luis Daniel Vázquez Valencia, Miguel Álvarez Gándara, Dolores González Saravia y Pablo Romo Cedano; los abogados del caso Augusto César Sandino Rivero Espinosa y Leonel Rivero Rodríguez, y los familiares de los eperristas desaparecidos Margarita Cruz Sánchez y Nadin Reyes Maldonado;

por la Comisión de la Verdad de Oaxaca firmaron la demanda el Padre Alejandro Solalinde, Marina Patricia Jiménez Ramírez y Diego Enrique Osorno.

Ver en línea : http://www.noticiasmvs.com/#!/notic...