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Desaparición forzada en México tiene finalidad de carácter político; militares están involucrados: López y Rivas

en el caso de la desaparición de los luchadores sociales, Edmundo Reyes Amaya y Alberto Cruz Sánchez, el Ejército también es acusado como responsables del crimen. Recordó que en este caso hay una resolución judicial que ordena a las autoridades abrir los cuarteles militares para la búsqueda de los luchadores, así como citar a declarar a altos mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional, entre ellos el titular de la dependencia en al año 2007, cuando ocurrió el crimen.

Sábado 5 de marzo de 2016, por Hasta encontrarlos

Por: Edgar Rosas / 4 marzo, 2016

04 de marzo, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- La desaparición forzada en México tiene una finalidad de carácter político: romper la resistencia de los pueblos; además, el Estado capitalista mexicano la ha aplicado desde épocas de la guerra sucia como un método de contrainsurgencia.

Así lo expresó el Doctor en Antropología, Gilberto López y Rivas, quien añadió que la práctica de la desaparición forzada como método de contrainsurgencia es una medida que el gobierno mexicano “ha aprendido de sus mentores estadounidenses”.

El académico manifestó que analizar el fenómeno de la desaparición forzada desde el aspecto político, permite entender lo que se quiere lograr con ella. Entre otras cosas, dijo, la meta del gobierno al emplear prácticas como ésta es eliminar la lucha social.

“Cuando hablamos de desaparición forzada, tenemos que entrar al terreno del análisis político, de a qué nos estamos refiriendo. Y nos estamos refiriendo a un tipo de delito, y a un tipo de Estado, que es el Estado capitalista mexicano, que lo viene aplicando a partir de una estrategia de contrainsurgencia que ha aprendido de sus mentores estadounidenses”, señaló al participar en el foro “Desaparición forzada, una realidad vigente”.

El profesor e investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia-Morelos destacó la participación de militares en este tipo de delitos. Recordó que han sido soldados los perpetradores de casos de desaparición forzada emblemáticos, como el de Rosendo Radilla Pacheco.

“En el caso Radilla se comprobó la responsabilidad del Estado mexicano. Es un caso en donde el actor específicamente comprobado es el Ejército mexicano. Radilla fue detenido en un retén militar, acusado de pertenecer a la guerrilla; llevado al Campo militar No.1, donde fue la última vez que se le vio, presuntamente desaparecido ahí, por los militares.

“Es un caso juzgado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), y es un caso que hasta la fecha se mantiene impune y que no ha recibido la atención por el Estado mexicano. Pero es un caso de desaparición forzada políticamente ligado a la contrainsurgencia; y ¿quiénes intervinieron en este caso? Los militares”, apuntó.

En este sentido, señaló que en el caso de la desaparición de los luchadores sociales, Edmundo Reyes Amaya y Alberto Cruz Sánchez, el Ejército también es acusado como responsables del crimen. Recordó que en este caso hay una resolución judicial que ordena a las autoridades abrir los cuarteles militares para la búsqueda de los luchadores, así como citar a declarar a altos mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional, entre ellos el titular de la dependencia en al año 2007, cuando ocurrió el crimen.

Sin embargo, lamentó que a pesar de la resolución de un Tribunal Colegiado, la impunidad impera, sobre todo en este caso que involucra a las fuerzas armadas.

“El contexto político de la desaparición forzada es el contexto de la contrainsurgencia. Llevamos ocho años exigiendo respuestas en el caso de Edmundo y Gabriel, un caso más del uso de la desaparición en la contrainsurgencia.

“En cualquier Estado, incluso un Estado burgués, habría una posibilidad de que las autoridades digan ‘vamos a encontrar a estas personas e incluso vamos a encontrar a los responsables, a que nos cueste algo. Si fue el teniente tal con el coronel tal, pues los metemos a la cárcel’. Pero no, en México no y es donde encontramos el tipo de Estado que tenemos: un estado tutelado, neocolonial, un Estado manejado por gerencillos de quinta como Enrique Peña Nieto que no tienen la menor visión de Estado. Es un Estado que evidentemente no está manejado por estadistas y entonces tenemos lo que tenemos, que a ochos años no han sido capaces de poner un poco de atención”, dijo.

El investigador destacó que esta clase de hechos demuestra “las peculiaridades del Estado”, entre otras, que no tiene la voluntad política para atender los hechos de desaparición forzada, pues “es un Estado que no se muerde la cola”.

López y Rivas hizo mención de la utilización de la desaparición forzada como método para inhibir la lucha de los pueblos ante el avance del neoliberalismo y sus empresas. Dijo que en esta lógica, a partir de la comisión de este crimen, se ha logrado consumar el despojo de tierras y recursos en algunas regiones.

“Hay un libro que se llama ‘Violencias de Estado’ de Pilar Calveiro, en donde dice que México está sufriendo una forma distinta de violencia, pero muy directamente relacionada con un proceso como el que se llevó a cabo en Irak, es decir, en lugar de una invasión directa para posesionarse de los pozos petroleros, aquí se aplicó lo que llama las dos formas para posesionarse, que es el narcotráfico y la guerra contra el narco, que fueron las dos maneras de introducirse en los territorios, militarizarlos y criminalizar las resistencias.

“En otras palabras, la manera para que el territorio mexicano tenga ya casi un tercio con concesiones mineras; la manera para que la Coca-Cola y las cervecerías posean una buena parte de nuestra agua; la manera para que los megaproyectos se estén extendiendo; la manera para que se rompa la voluntad ciudadana de defender sus derechos, es precisamente este tipo de intervenciones en donde el Estado juega el papel del comisario de estas corporaciones, y ese es el papel político que juegan estas intervenciones del Estado.”

A lo anterior, añadió: “ver desde el aspecto político el asunto de la desaparición, o de las ejecuciones extrajudiciales, nos deja ver lo que quieren lograr con estas prácticas forzadas, que es romper la resistencia de nuestros pueblos”.


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