Por qué “Noche y niebla”

Por qué “Noche y niebla”

07-marzo-2011

Juan Carlos Gutiérrez Contreras Director General CMDPDH

En 1941, el Tercer Reich de la Alemania nazi emitió un decreto que hizo de la tortura, la desaparición forzada de personas y otras violaciones graves de los derechos humanos una política de Estado. Se le llamó “Decreto Noche y Niebla”. Esta disposición representó la forma extrema de un conjunto de prácticas que, pese a estar mundialmente condenadas, siguen ocurriendo en diversos países, incluido el nuestro.

Al decidir titular este blog “Noche y Niebla”, dado su significado en la historia de la humanidad, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, (CMDPDH) desde nuestra primera entrega proponemos al lector un debate profundo sobre la grave situación en la que se encuentra el respeto de los derechos fundamentales de quienes vivimos en México.

Partimos de un hecho para nosotros innegable: México padece un patrón sistemático de violaciones graves a los derechos humanos. Por ello, y ante la situación actual en la cual el Gobierno mexicano asumió importantes retos en el combate a la delincuencia organizada, es pertinente debatir sobre los límites que el Estado debe preservar para respetar los derechos constitucionales e internacionales, sin menoscabar la protección de la seguridad pública.

Usted podrá estar de acuerdo o no con nuestras reflexiones, sin embargo, bajo estas premisas, le invitamos a debatir si en el México de hoy cualquier expresión de violencia está justificada para combatir a la delincuencia organizada.

Uno de los aspectos que nos preocupa es la evidente disparidad en las cifras que nos describen el acontecer de la violencia, ya que las diversas autoridades federales difieren en las mismas. Mientras el ejecutómetro oficial continúa día a día sumando vidas, es sorprendente el desdén hacía las víctimas por parte del actual gobierno.

Para quienes nos ocupamos de la defensa de los derechos humanos, en cambio, es indiscutible que detrás de cada una de las más de 35 mil muertes reportadas oficialmente hay una historia, un proyecto de vida interrumpido, un duelo, una muestra de violencia que se remite a hechos concretos, a personas con rostro, nombre e identidad, un relato de violaciones y un peregrinar por dependencias oficiales narrando su historia, pero especialmente un terrible drama en la búsqueda de justicia.

Estamos seguros que tras cada uno de estos hechos, mostrados como frías cifras de la “guerra contra la delincuencia organizada” o etiquetadas bajo la desatinada figura de “daños colaterales”, hay un fuerte impacto social en sus familias, en su entorno social y una característica común: un pacto oficial de impunidad.

Hoy tenemos una idea aproximada de cuántas muertes van en este sexenio, lo que todos desconocemos es cuántas averiguaciones previas, consignaciones o condenas por estos hechos han sido emitidas por los jueces.

Tampoco sabemos dónde están los desaparecidos de la denominada “guerra sucia” durante las décadas de 1970 y 1980; quiénes son los responsables del asesinato de Julio Cesar Reyes, Josefina Reyes, Ruben Reyes, Magdalena Reyes Salazar, su hermano Elías y la esposa de éste, Luisa Ornelas Soto; a cuántos años de cárcel fueron condenados los asesinos de los estudiantes del Tecnológico de Monterey; cuántos funcionarios han sido investigados por negligencia y homicidio doloso en la tragedia de la mina de “Pasta de Conchos”; quiénes ordenaron el asesinato de 72 migrantes en Tamaulipas; quiénes son los asesinos de Marisela Escobedo Ortiz o cuántas consignaciones han realizado los ministerios públicos por las más de 900 mujeres asesinadas en el Estado de México, y las 79 mujeres asesinadas en Ciudad Juárez en 2011; y así, en una lista interminable, enumeración de nombres y casos de impunidad, podríamos agotar nuestro espacio.

En este contexto, es incuestionable que la presencia del Ejército en las calles ha aumentado significativamente las denuncias ciudadanas, ante las cuales el gobierno y las autoridades castrenses siguen defendiendo la aplicación de la jurisdicción militar para su investigación, contradiciendo los estándares internacionales en la materia. Desde 2007, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha recibido cerca de cinco mil denuncias contra integrantes del Ejército por hechos que incluyen asesinatos, desapariciones forzadas, torturas y violaciones sexuales, sin que existan datos fiables sobre uno solo de los responsables juzgados ante la justicia ordinaria.

Lo más lamentable de esta situación es que nos acostumbramos a la muerte y a su justificación. Hoy en México a los asesinatos o ejecuciones extrajudiciales se les llama “daños colaterales”, a los allanamientos ilegales, “cateos” y a las detenciones arbitrarias en hoteles, casas particulares o batallones, “arraigos”.

Desafortunadamente, en este país en el que parece ser que somos “buenos o malos”, si tenemos la desgracia de ser identificados como los últimos, está justificado un levantón. Este eufemismo se relaciona con la desaparición forzada de personas, la cual, hay que recordar, ha sido utilizada sistemáticamente como método de represión para enfrentar los movimientos sociales y políticos desde hace 40 años. Un claro ejemplo es la desaparición forzada del señor Rosendo Radilla Pacheco, cuyo caso representamos y por el cual el Estado mexicano fue demandado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, máxima instancia de justicia en nuestra región.

Estos y otros argumentos ilustran, bajo nuestra óptica, la existencia de una política que, por acción u omisión, gira en torno a la violación sistemática de derechos humanos: una lamentable versión mexicanizada de “Noche y Niebla”.

A partir de hoy, la CMDPDH compartirá con las y los lectores reflexiones en torno a la situación de los derechos humanos en nuestro país. Confiamos en que este espacio contribuirá al debate, la reflexión y a una práctica que nos permita continuar avanzando en la construcción de un verdadero Estado de Derecho, en el cual la impunidad que nos mantiene por los caminos de la noche y la niebla, sean iluminados por la luz de la justicia y el respeto absoluto de los derechos humanos.