La desaparición forzada se agudiza en México

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Abraham Cornejo

Jueves, Julio 7, 2016 - 07:32
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Hoy es un día muy grande para nosotros los familiares, 25 de mayo, es muy fuerte, pero aquí estamos, con los nueve años de lucha, de una lucha que no sabemos hasta cuando…

- Margarita Cruz Sánchez, hermana de Gabriel Alberto Cruz Sánchez, luchador social desaparecido en 2007-

La desaparición forzada de personas no ha dejado de existir, al contrario, ahora se agudiza y se realiza en contra de la población en general, ya no sólo son los guerrilleros, activistas o defensores de derechos humanos, esta práctica se ha volcado contra cualquier ciudadano, con el que no está inmiscuido en ningún tipo de lucha, con mujeres, niñas, niños y migrantes.

Así lo documenta el Informe 10 años de desaparición forzada por motivos políticos en México 2006-2016 realizado en el que se informa que, en el marco de la “guerra contra el narcotráfico”, puesta en marcha en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa las violaciones a los derechos humanos se vieron incrementadas de manera alarmante y política que sigue predominando en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

La actual administración del priista, Enrique Peña Nieto, ha incrementado la desaparición forzada de personas ya que hasta marzo de 2016 se habían registrado 83 casos en contra de activistas y defensores de derechos humanos.

De estas personas, en 51 casos se desconoce el paradero, 15 han culminado en ejecución extrajudicial, en 10 casos han sido liberados y 7 personas se encuentran en prisión.

El porcentaje de perpetradores está dividido de la siguiente manera, 44% han sido policías estatales, 23% de los casos han estado involucrados policías federales, 22% el Ejército, 5% se desconoce, 4% han sido miembros de grupos paramilitares y 2% policías ministeriales.

El caso emblemático de la gestión Peñanietista es el de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos en el que a pesar de existir evidencias de la responsabilidad directa de agentes del estado como la policía municipal y estatal de Guerrero y de la participación del Ejercito, no está siendo investigado por la desaparición forzada, señala el documento.

Por otra parte, durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa las desapariciones se dieron en el contexto del inicio de las “Reformas Estructurales”, las cuales desde su inicio fueron denunciadas por organizaciones de derechos humanos por ser contrarias a los derechos fundamentales de la sociedad. Ante esta disidencia fue que se incrementó la militarización del país.

En el segundo mandato panista de la vida nacional se registraron 56 desapariciones forzadas por motivos políticos de las cuales 54 son defensores de derechos humanos y 2 personas pertenecientes a un grupo insurgente.

De estos 56 casos, 31 personas aún siguen desaparecidas, 13 casos culminaron en ejecución extrajudicial y 12 personas fueron liberadas después de ser sometidas a actos de tortura.

Los perpetradores que llevaron a cabo estas desapariciones fueron las policías estatales 29%, paramilitares 25%, policías municipales 14%, Militares 12%, Marinos 5%, policías federales y PGR 2%. El 11% restante se desconoce el perpetrador.

Los estados que históricamente se defienden de las violaciones a derechos humanos y ahora de las políticas neoliberales son lo que sufrieron la mayor cantidad de desaparecidos con Calderón pues Michoacán documentó 13 casos, Guerrero 11, Oaxaca 9 y Chiapas 6.

Durante la presentación de este informe, Nadin Reyes Maldonado, perteneciente al Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos, mencionó que la situación de las desapariciones forzadas en el país solamente podrá ser erradicada en la medida en que, como organizaciones, como familiares, hagamos un esfuerzo cada vez mayor por articularnos y organizarnos y exigir un alto a esta práctica.

En México tenemos miles de desaparecidos, más que en los gobiernos de dictaduras como Chile, Argentina o Guatemala y lamentablemente no se ha alcanzado el nivel de condena social contra esta práctica por lo que invitó a la sociedad a ser sensibles con las desapariciones forzadas porque son gente como ustedes, como nosotros, señaló.

Ante la contundencia de este informe, Alan García, encargado del Área Jurídica de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México (ONU-DH), señaló que la desaparición Forzada en México ha alcanzado niveles críticos, la cual, se ha dividido en dos etapas, la primera en el contexto de la “guerra sucia” llevada a cabo en contra del sector disidente del país en los años 1960 y el actual contexto (2006-2016) de inseguridad y violencia.

“Para un familiar de una persona desparecida las ausencias pesan a lo largo del año, pero hay fechas y ocasiones en las que estas, también, muerden”, señaló el pasado 25 de mayo al llevarse a cabo la presentación del Informe y, que coincide con la fecha de desaparición de Edmundo Reyes Amaya y de Gabriel Alberto Cruz Sánchez, luchadores sociales.

Alan García indicó que el presente contexto muestra una pluralidad de actores comisivos (fuerzas armadas, autoridades incluso migratorias, policía federal, policías estatales, policías municipales. Además, señaló, la desaparición forzada se realiza de manera unilateral o coludida con la criminalidad organizada y, recordó, que para que esto suceda así y, la desaparición forzada sea calificada como tal, se requiere invariablemente de la participación de agentes del Estado.

El periodista y escritor, Federico Mastrogiovanni, denunció que siguen desapareciendo líderes sociales, antagonistas, luchadores y luchadoras sociales posiblemente con más frecuencia y que también los familiares de los desaparecidos son víctimas de esta tortura por el terror que se siembra a través de esta práctica y el no saber si la persona que despareció está viva o muerta, lo cual, causa duelo eterno e incertidumbre que nos paraliza.

Este informe nos muestra que las desapariciones forzadas no son hechos aislados o que son prácticas que llevan a cabo policías, marinos o militares corruptos, sino que es una política dirigida en contra, primero, de los grupos disidentes de la sociedad y, en segunda instancia, contra la sociedad en general para infundir un terror de tal magnitud que a la población le dé miedo siquiera exigir sus derechos humanos.

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