Organizaciones civiles piden registro independiente de víctimas de desaparición forzada; el oficial no es funcional

, por  Hasta encontrarlos , popularidad : 2%

Emma Martínez

(19 de julio, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, fueron detenidos y desaparecidos el 25 de mayo del 2007 en Oaxaca. Aunque sus familiares denunciaron la responsabilidad y culpabilidad del gobierno del Ulises Ruíz y del Gobierno federal en su desaparición, no solamente las investigaciones han sido nulas, a esto se agrega que sus nombres no aparecen en el Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas (RNPED), pese a tener abierto un expediente.

El RNPED, se creó a raíz de recomendaciones internacionales que se realizaron por la problemática de la desaparición forzada en el país, sin embargo organizaciones civiles y defensores de derechos humanos han denunciado que existen fallas, tales como la falta de los casos que conforman la cifra negra, además de no contar con la integración del 100% de los casos que sí han sido reportados ante autoridades locales y federales.

Aunque al 31 de mayo, el RNPED tenía integrados 28 mil 189 nombres, distintas organizaciones de familiares de desaparecidos han denunciado que muchos de sus casos no existen en las listas, aun teniendo ya una denuncia correspondiente.

Nadín Reyes, fundadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos, declara a Revolución TRESPUNTOCERO que “el RNPED en este momento no es funcional, si bien se creó como una respuesta ante la presión de organismos internacionales y del mismo Estado, es un mecanismo mal hecho, no está bien clasificado.

Por lo tanto no es confiable, incluso se está planteando que desde las organizaciones se cree un registro independiente para poder visualizar casos que no aparecen ahí, lo cual daría una pauta para darnos cuenta de qué tan grave es la situación en el país. Si oficialmente reconocen que son más de 28 mil y hay una cifra negra mucho mayor detrás, podríamos decir que tenemos muchísimos más desaparecidos que en dictaduras de otros países, por eso el registro se tiene que cambiar a uno que por lo menos plasme los nombres de personas que sí se sabe son víctimas de desaparición forzada y que se pueden clasificar y distinguir de los otros delitos”.

La activista señala que la problemática inicia desde que se intenta denunciar una desaparición forzada, por los obstáculos jurídicos y legales, y pone como ejemplo el caso de su padre Edmundo Reyes, el cual no fue registrado como un delito de desaparición forzada sino como una privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro.

“Así es como empieza todo el calvario para las familias, primero para que te levanten la denuncia y después para que puedan investigar, eso fue lo que nos pasó y sucede en otros casos, es algo reiterado y es por falta de voluntad política aunque exista la tipificación adecuada del delito no lo investigan por desaparición forzada. Por ejemplo, en Oaxaca ya existía la tipificación de dicho delito, pero a nosotros no nos registraron la denuncia bajo este tipo penal.

Fue hasta 2011 que se logró reclasificar el delito por desaparición forzada, sin embargo las investigaciones realmente no se realizan, en el caso de mi padre y de su compañero ellos pertenecen a un grupo armado revolucionario, entonces lo que han hecho desde entonces ha sido investigar quiénes eran ellos, qué hacían en la organización política, a qué se dedicaban y también a qué nos dedicamos nosotros, más que investigar el hecho de la desaparición forzada”, explica Nadín.

Así es como las autoridades se han enfocado en investigar a las víctimas y sus familias y no a los policías del Estado y Ejército; “incluso en el expediente tienen toda una carpeta de investigación dedicado al grupo armado, dedicado a ellos y a nosotros como familiares, así sucede en la mayoría de los casos, más que buscar directamente a las víctimas, en lugar de labores de búsqueda de campo, se averigua quiénes eran”, agrega.

Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya no han sido buscados, incluso cuando existen evidencias claras de la participación de policías del Estado, la Federal y el ejército, en su desaparición forzada. Incluso cuando se sabe que fueron torturados en el estado y entregados al ejército, habiendo complicidad y participación de los tres niveles de gobierno.

En dicho caso se logró una resolución importante, a decir por Nadín, y fue que en 2014 el poder judicial de la Federación ordenó realizar la búsqueda de su padre y su compañero en instalaciones militares, siendo la primera vez que un poder judicial ordena una situación así. Sin embargo, esto no se ha cumplido a la fecha.

“Esto porque nosotros vemos la desaparición forzada como una política de Estado, y si no hay voluntad política para que se cumplan las leyes y resoluciones no se logrará nada, lo hemos visto no solamente en el caso de nuestros familiares sino también en muchos otros, porque cuando se relaciona al Ejército no se avanza, son instancias intocables, que no se investigan ni se sancionan”, añade la entrevistada.

Hasta el momento el caso de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, sigue sin tener avance alguno, y es que ni siquiera la Suprema Corte de Justicia de la Nación quiso atraer el caso, por lo que Nadín comenta que “si no les interesa a ellos, a quién más tendremos que recurrir para que se cumpla o por lo menos se llevaban a cabo algunas diligencias, porque además que se ordena que se busquen en cuarteles militares, también que comparezcan todos los mandos que participaron en mayo de 2007: militares, policías estatales, ministerios públicos y que también realice la exhumación de cuerpos dentro de instalaciones militares que correspondan a las características de mi padre y su compañero, pero si esto no se ha hecho es porque es una clara orden de Estado, el no querer que se realice, está tocando altos intereses”.

A esto se suma la no existencia de sus nombres, como el de muchas otras víctimas en el RNPED, y es que el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos junto a otras organizaciones, realizaron un ejercicio de buscar en dicha base de datos los nombres de sus desaparecidos, esto poco antes que se entregara el “Informe Sombra” presentado ante el Comité contra las Desapariciones Forzada de Personas de la ONU.

Ya que se buscaba conocer cómo funcionaba y operaba dicho registro, además de saber si estaban o no de acuerdo con los datos que se manejaban, pero al ingresar los nombres que como organizaciones estaban documentando, se percataron que ninguno de los casos que ellos tenían documentados estaban dentro de las listas.

Así es como de 139 casos, solamente de luchadores sociales, ya con una denuncia interpuesta, nada más un nombre aparecía. “Eso en cuanto a nuestro comité, pero habían más organizaciones buscando, en Chihuahua y Nuevo León que también hicieron el ejercicio y que más del 50% de sus desaparecidos no estaban dentro del RNPED.

“Cómo están haciendo el registro, no están separando a las víctimas de desaparición forzada de las que son desapariciones, extravíos o ausencias. Lo tienen todo revuelto, no se puede identificar cuáles son los casos de desaparición forzada. Las que nosotros hemos documentado sí lo son, la mayoría tiene una denuncia, tienen quejas ante las comisiones de derechos humanos y aún así no están en el registro.

Por eso es que nosotros siempre decimos que la cifra que ellos dan a conocer está muy por debajo al número de casos que existen en realidad, hay muchos otros que ni siquiera se contemplan, por eso las cifras se pueden disparar mucho más, sin contar los cientos de casos que tampoco han querido denunciarse por miedo y por la intimidación que hay por parte de las autoridades, por eso la cifra es muchísimo mayor”, afirma Nadín.

A su vez, habla de la iniciativa ciudadana sobre la ley General de desaparición forzada, la cual asegura aunque fue abrazada por senadores, entre ellos Angélica de la Peña, durante las reuniones se buscó ‘negociar’, parte del contenido de la propuesta, en tanto se usaban estas juntas de trabajo, como un aval que las organizaciones aceptaban lo que se promulgaba, cuando a decir por Nadín esto no era una realidad.

Poniendo como principal problema la no modificación del tiempo para buscar a las personas reportadas como desaparecidas, puesto que la espera de 48 o 72 horas significa un gran retraso en la posibilidad de recuperar a la víctima. A su vez, Nadín, agrega que otra deficiencia más es la manera tramposa en que el Estado engaña a los familiares de las víctimas, con respecto a la búsqueda e investigación de los casos.

“Se tiene que iniciar tanto en la búsqueda como la investigación, pero no se hace y además las separan y eso es un engaño a las familias, convencerlas que se dará paso a la búsqueda sin investigar y sin sancionar; les dice “sí, los busco” y a veces se aprovechan de la desesperación de las familias, que lo que queremos es saber dónde están, pero eso no es todo, no solamente se trata de encontrarlos, sino también de la detención y el castigo de los responsables.

Búsqueda e investigación son dos procesos que tienen que ir juntos, no podemos sacrificar la verdad por la justicia, son derechos inalienables y no se puede renunciar a uno o a otro. El Estado tramposamente quiere orientar más esta idea de la búsqueda pero sin sanción ni investigación”, declara la activista.

Quien también cuestiona al Estado por abandonar a las familias en la búsqueda y permitir que se sometan a graves peligros al ser ellos quienes tengan que realizar este proceso para localizar a sus familiares.

“Este tipo de búsqueda que hacen los familiares es algo perverso por parte del Estado, porque se está deslindando de su responsabilidad a investigar y si pasa algo el Estado simplemente dice “yo no fui”, ellos quisieron ir a realizar la búsqueda, cuando sabe que esto sucede porque éste no quiere hacerse cargo de lo que le corresponde”, puntualiza.

Ver en línea : http://revoluciontrespuntocero.com/...