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Exigen voluntad política para investigar, juzgar y erradicar las desapariciones forzadas en México

Martes 30 de agosto de 2016, por Hasta encontrarlos

Yunuhen Rangel/ Desinformémonos

30 agosto 2016

Ciudad de México | Desinformémonos. De 2006 a la fecha, 158, personas defensoras de derechos humanos han sido desaparecidas en México, 88 de ellas en lo que va del sexenio de Enrique Peña Nieto. Sólo dos de estos casos están en registros oficiales del gobierno, lo que significa que son “doblemente desaparecidas”, así lo informaron integrantes de la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada a seis años de que este día fuera instituido por la Organización de Naciones Unidas (ONU) como el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.

Explicaron que el 70 por ciento de los casos de personas defensoras de derechos humanos o activistas que tienen registrados como desaparecidos son hombres, aunque la cifra se invierte drásticamente cuando se trata de población “sobre todo migrantes y jóvenes” en los que la mayoría de los casos son mujeres, dijeron a Desinformémonos.

María Cruz Patishtán, del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo quienes son integrantes de la Campaña, dijo, al dar lectura a uno de los puntos del pronunciamiento conjunto, que “es lamentable constatar” que la situación en México sigue empeorando y que muestra de esto es el incremento en el número de personas desaparecidas, aseguró.

Nadín Reyes Maldonado, coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos” e hija de Edmundo Reyes Amaya, víctima de desaparición forzada en 2007 en Oaxaca, explicó a Desinformémonos que hoy existe una necesidad urgente de legislar en la materia para impulsar la búsqueda “inmediata” en vida de estas personas, así como a través de exhumaciones y por otro lado el enjuiciamiento y castigo de los responsables. Se trata, explicó, de una demanda que familiares y organizaciones han hecho desde hace 15 años.

Por lo anterior, anunciaron que el próximo 6 de septiembre, entregarán en la Cámara de Diputados una propuesta de ley, que en su opinión es “integral” para la atención, seguimiento y erradicación de estos delitos. Así mismo, entregarán la propuesta en la Cámara de Senadores el 13 de septiembre y será acompañada por una segunda caminata a la que convocan a familiares de personas desaparecidas, organizaciones populares y a la sociedad en general para exigir justicia.

Al respecto, Reyes consideró que “El pueblo debería sentirse empático con la búsqueda de familiares y de justicia sin esperar a que nos pase ya que los desaparecidos son de todo el pueblo y es el pueblo entero en que debe elevar la condena por estos crímenes”.

Es necesario, dijo Reyes Maldonado, la tipificación adecuada de este delito que afecta no sólo a las familias de quien es desaparecido sino a las comunidades y pueblos en general por lo que como sociedad, pidió, debemos “aumentar el costo político de esta política de estado”, agregó que esta necesidad radica en que “no ven que esta situación vaya a cambiar” ya que año con año el número de casos aumenta.

La falta de voluntad política para atender los casos es ejemplificada, agrega Reyes, “con claridad” en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de la escuela rural Ayotzinapa, en Guerrero, quienes a pesar de volcar el interés nacional e internacional en su búsqueda, el gobierno mexicano no ha dado claras respuestas de su paradero ni de la justicia que el caso merece.

El hecho de que la ONU haya instaurado este día como una conmemoración y recordatorio de un crimen que se perpetra con continuidad en México y América Latina obedece a la lucha y presión de las y los familiares de las víctimas, explicó Reyes, por lo que su opinión y participación debe ser considerada en la creación de la Ley, sostuvo.

Sobre el caso de su padre, Nadin Reyes, informó que, a casi 10 años de su desaparición, no existe ningún avance para su localización ni para acceder a la justicia ya que a pesar de que existe, en torno al caso, una resolución “histórica”, dijo al referirse a la resolución judicial 29/2014 emitida por el Noveno Tribunal Colegiado del Poder Judicial de la Federación, que a través de un amparo ordena la búsqueda de Reyes Amaya y Gabriel Cruz, desaparecidos juntos, en los principales cuarteles militares y que se cite a comparecer a altos mandos que estuvieron en función en mayo de 2007, esto no ha sucedido.

Para que esto suceda, explicó Nadin Reyes, “se requiere de una voluntad política que no existe”, difícilmente abrirán los cuarteles ya que “sabemos que hay una total y absoluta impunidad para el ejercito” por ello a más de dos años de haberse emitido, no ha sido acatada por el Estado mexicano, señaló.

Finalmente, las organizaciones que integran la Campaña Nacional manifestaron que no avalaran una ley que no reconozca que la desaparición forzada es una “política de Estado”, que no garantice la memoria, la verdad, la justicia y la reparación del daño “integral y no a medias”, ni hecha “en lo oscurito” sin la participación de las víctimas y organizaciones, sin una tipificación adecuada y sin una “Fiscalía de búsqueda e investigación eficaz” ya que la búsqueda es nuestro principal objetivo, afirmaron.

La ONU explica en su página oficial que la desaparición forzada se ha usado a menudo “como estrategia para infundir el terror en los ciudadanos”, detallan que éstas generan una “sensación de inseguridad” que se ha convertido en un problema mundial. En su momento, dicen, fueron principalmente el producto de las dictaduras militares y hoy “pueden perpetrarse en situaciones complejas de conflicto interno”, especialmente, afirman, “como método de represión política de los oponentes”.


Ver en línea : https://desinformemonos.org/exigen-...

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