Por el Derecho a No ser Desaparecido comunicado de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos

Por el Derecho a No ser Desaparecido

El 30 de agosto Día Internacional del Detenido desaparecido es un día
marcado por el dolor y también por la lucha.

Dolor que surge luego de vivir la barbarie, la pérdida de tanta gente
valiosa en tantos lugares del mundo. Y lucha porque fue la respuesta de los
familiares, de los compañeros de esos desaparecidos, de sus sociedades, la
que resistió, persistió y encontró caminos para denunciar y alertar al mundo.

Así iniciamos esa lucha por ellos, por ellas, que será permanente mientras
exista la impunidad y el abuso del poder político y económico que se ha
vestido con tan distintos ropajes hasta el presente.

La desaparición forzada es un problema mundial. En su momento fue
principalmente producto de dictaduras militares. En nuestros años tenebrosos,
América Latina perdió decenas de miles de personas, vio distorsionado el
desarrollo de sus sociedades, los lazos entre las generaciones, al tiempo que
sus países eran saqueados.

Pero la desaparición forzada también se perpetra hoy en situaciones
complejas de conflicto interno, aún en estados formalmente democráticos. ¿A
cuántos ambientalistas, sindicalistas, periodistas han desaparecido o asesinado
en estos años? ¿Cuántos maestros y activistas han desaparecido sólo en
México? El objetivo de estas prácticas sigue siendo el mismo: reprimir,
mediante la desorganización y el miedo que produce la desaparición forzada,
cualquier oposición.

A los cientos de miles de víctimas en América, África y Asia, se suman
hoy los migrantes desaparecidos.

Aquí este método comenzó a ser utilizado en los años previos al golpe
de estado. Estaban suprimidas las garantías individuales y operaban los grupos
paramilitares como el Escuadrón cuando sucedieron las primeras
desapariciones.

Buscamos a nuestros seres queridos por cuarteles y comisarías igual
que todos los familiares de presos militantes políticos, sindicalistas,
estudiantiles. Un deambular angustioso, sabiendo de las torturas, temiendo
por sus vidas hasta que, si había suerte, permitían el famoso “paquete” que
era señal de vida.

Es difícil precisar cuándo cada uno pudo ir asumiendo esta nueva
circunstancia de no-ser, de no-estar que tienen los desaparecidos. Lleva años.

Unirnos y organizarnos fue un camino natural. Recorriendo cuarteles
primero y buscando apoyos fuera de las dictaduras donde vivíamos después.

Así nos agrupamos con otras organizaciones de familiares del continente en
FEdeFAM, la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de
Detenidos-Desaparecidos. Entender lo que pasaba, acá y en otros países fue
clave en aquellos años. Se denunció la Desaparición Forzada desde el exilio y a
medida que se reinstalaban los gobiernos electos, se comenzó a explicarle a la
ciudadanía las formas y los contenidos de esta aberración.

De a poco, a nivel internacional se logró la Convención Interamericana
(en vigor desde 1996) y la Convención Internacional contra la Desaparición
Forzada (en vigor desde 2010), precedidas de sus respectivas Declaraciones.

El esfuerzo de cientos de personas pudo revelar la magnitud de este
crimen en el mundo y aunar esfuerzos para su prevención y condena. ¡Una
gran lucha!

Bien sabemos que estos pasos, que fueron muchos y arduos, son un
inicio, un marco, una tribuna.

Pero se precisa un accionar contundente en cada país para erradicar la
Desaparición Forzada; se precisa la conciencia de un pueblo dispuesto a
movilizarse para exigir verdad y justicia a los Estados que continúan siendo
cómplices de este delito por acción u omisión.

En nuestro país, la impunidad sobre estos delitos fue blindada por la Ley de Caducidad, donde el mismo Estado declinaba su interés en enjuiciarlos
y elegía la impunidad por sobre la Constitución y la justicia. Fueron años muy
duros. Muchos de los militares denunciados por los peores crímenes fueron
ascendidos, representaron al país para recibir por ejemplo en Oslo el premio
para la Paz a los Cascos Azules, fueron asesores de gobierno, profesores en la
escuela militar, en la UTU, directivos de clubes, hasta ejercieron como médicos
y psiquiatras en su impunidad. Todos siguieron en sus cargos y cobraron sus
sueldos y sus ascensos, ninguno enfrentó un tribunal de honor, y en muchos
casos aún en gobiernos del Frente Amplio, el mismo Estado, a través del
ministerio de Defensa, ejerció su defensa y garantizó sus privilegios.

De todos los militares que actuaron durante la dictadura en los distintos
organismos de represión, en todos los cuarteles de las distintas armas en todo
el país, ya sea como agentes directos o como partícipes necesarios en los
crímenes perpetrados contra la población, solo 30 están presos y 5 de ellos con
prisión domiciliaria.

¿Cómo fue posible?

La negación y el silencio en los primeros años pos dictadura, cuando
aún había testigos vivos, huellas y pistas, selló el pacto de omertá entre los
implicados.

La Comisión para la Paz, de 2001, también brindó el beneficio de
amparo a los criminales, los exoneró de los crímenes fuera de fronteras y ni
aún así obtuvo respuestas ciertas.

Y, a lo largo de los tres períodos del Frente Amplio, hubo marchas y
contramarchas. Avances en el análisis histórico, en legislación, en reparación,
en el hallazgo de 4 cuerpos de compañeros y en los pocos procesamientos de
criminales de Estado. Contramarcha en los plazos, en la búsqueda, en la
exigencia a los militares de reconocer su actuación en el terrorismo de Estado
y deslindarse de ella.

El reciente juicio del Plan Cóndor en Argentina no dejó lugar a dudas a
los sistemas judiciales sobre la unión y coordinación de los aparatos represivos
en los países del cono sur, sobrevolando fronteras e intercambiando
información y prisioneros, ni sobre el carácter institucional de estas acciones.
De la participación del Estado, in totum, para llevarlas adelante.

Lamentablemente, esa revisión de la actuación de las instituciones
estatales, en especial las represivas pero también las diplomáticas, las
administrativas, sigue pendiente. Y nada se ha hecho respecto a los grupos
económicos que alentaron, sostuvieron y lograron ganancias gracias al
Terrorismo de Estado.

En estos años comprendimos que el Estado difícilmente se investigue a
sí mismo, que el miedo fue y es uno de los mayores aliados de la impunidad y
un instrumento privilegiado del autoritarismo y que los logros son siempre
fruto de la movilización, de la persistencia y suma de iniciativas y voluntades.
En síntesis, ningún gobierno desde el 85 a la fecha asumió esta
bandera. Todos pusieron sus propios obstáculos y agitaron los miedos de
antaño.

Hoy estamos en una situación por demás difícil:
Las causas judiciales se empantanan la búsqueda de restos no avanza y
las amenazas, intimidaciones o robos a las personas que trabajan en el tema,
han sido una constante. La investigación sobre el robo de los discos duros y la
amenaza a los antropólogos del Grupo de Antropología Forense no muestra
avances.

A 43 años del golpe la gran pregunta sigue siendo si estamos
generando las garantías de no repetición. Si esta conducta errática, omisa en
tantos aspectos, resulta un avance en cuanto a esas garantías.
Creemos que NO.

Es muy grave para nosotros el lugar que este gobierno está dando a las
Fuerzas Armadas como interlocutor válido para temas tan sensibles como son
la educación y la seguridad. Una participación que no les compete. Una
práctica propia del período dictatorial, que implica volver a darles una
legitimidad absurda e incongruente con nuestra institucionalidad republicana.

La gravedad de estos hechos parece ignorada por muchos sectores
políticos que integran el FA, que ni siquiera logra mayorías para retirarse de
“misiones de paz” que actúan como ejércitos de ocupación.

Tampoco tocan sus increíbles privilegios económicos. A su caja
profesional deficitaria en 400 millones de dólares anuales que pagamos todos,
prometieron cambiarla pero aún no se conocen proyectos, mientras no dudan
en recortar ingresos a la educación y la salud

La poca y tardía justicia sobre estos crímenes del Terrorismo de Estado
genera un mensaje nocivo de impotencia, impunidad presente. Si lo sumamos
a la dificultad de acceso a la justicia que tiene la población más vulnerable,
más pobre, más joven, y a la política de endurecimiento de las penas que se
está imponiendo, borra los logros de la lucha más importante de dos años
atrás: el NO a la baja. Que con entusiasmo y argumentos ganaron la voluntad
popular para profundizar en el tema y buscar otros caminos que refuercen el
acceso a la educación y no a la cárcel ni a la “educación en valores” a cargo del
Ejército.

En cuanto al Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia: Familiares tiene
una postura histórica de colaborar con todas las instancias institucionales que
el Estado forme para investigar y responsabilizarse del tema.
Gran parte de este trabajo por verdad, sólo se puede hacer desde el
Estado: entrar a los lugares denunciados por posibles enterramientos, generar
y gestionar archivos, acceder con más facilidad a expedientes judiciales, etc.

Lo hacemos manteniendo una opinión crítica. Por eso si bien
consideramos un avance el acceso abierto a los archivos en su poder, y la
recepción de solicitudes de la sociedad civil para articularlas, el trabajo va
demasiado lento y el tiempo apremia. En 1 año y medio no estamos
satisfechos con esos resultados y entendemos que cambiarlos requiere otro
vigor otra ejecutividad que aún esperamos.

Creemos que la memoria viva debe alumbrar este camino. Para
interpelar, criticar y proponer nuevas acciones. Confiamos en las jóvenes
generaciones que año a año se suman a esa gran manifestación contra la
impunidad que son las marchas del 20 de mayo. En su nueva mirada sobre lo
sucedido, Esa memoria que nos pertenece como pueblo, como sociedad, es el
verdadero sostén de nuestras banderas y hace posible trabajar juntos para
integrar esta experiencia y alimentar la esperanza de un país mejor.

Verdad Memoria y Justicia.

Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos

30 de Agosto de 2016