Ordena juez buscar en cuarteles a Edmundo Reyes Amaya y Gabriel A. Cruz Sánchez

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José Antonio Román

Periódico La Jornada
Martes 13 de septiembre de 2016, p. 6

La Procuraduría General de la República (PGR) lleva más de dos años de incumplir la resolución judicial 29/2014 –ratificada por un tribunal colegiado– para realizar una búsqueda en centros de detención y cuarteles militares de los luchadores sociales Edmundo Reyes Amaya y Gabriel A. Cruz Sánchez, desaparecidos por agentes federales y estatales en mayo de 2007, en el estado de Oaxaca.

Esta resolución es similar a la dictada en primera instancia por una juez de distrito en el caso de Juan Flores Solorio, reportado desaparecido por militares en noviembre de 2015 en el estado de Guanajuato, y que la PGR ha señalado que cumplirá la sentencia sólo cuando sea definitiva.

Para Nadín Reyes Maldonado, hija del activista desaparecido Edmundo Reyes y coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos, estas resoluciones judiciales son ‘‘sumamente positivas’’, pues provienen de ‘‘jueces que se animan a hacer justicia’’ y que pueden marcar un nuevo derrotero contra la impunidad, pero lamentó la ‘‘total falta de voluntad política’’ de las instancias gubernamentales para cumplir estas

En ambos casos, el fallo de una juez de distrito, en el proceso de Juan Flores, y la ratificación de un tribunal colegiado en materia penal del primer circuito, para el expediente Amaya-Cruz, se ordena a las autoridades federales buscar en cuarteles y centros militares a las personas desaparecidas.

En este último se ordena buscarlos en las ‘‘principales instalaciones militares’’ y pedir informes sobre la inhumación de cadáveres en los centros de detención o zonas castrenses que pudieran coincidir con las víctimas para, en su caso, realizar las diligencias de identificación forense y tomar comparecencia a los funcionarios de la PGR, funcionarios estatales o mandos militares que hubiesen estado en funciones en mayo de 2007, cuando ocurrieron los hechos en Oaxaca.

El incumplimiento de la PGR obligó a la defensa a interponer un juicio de amparo para que el caso fuera atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

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