Juez ordena abrir cuarteles militares en busca de luchadores sociales, así como informar sobre inhumaciones en zonas de detención

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Poco más de dos años han transcurrido, sin que la Procuraduría General de la República (PGR), cumpla con la resolución judicial 29/2014 –ratificada por un tribunal colegiado– la cual ordena realizar una búsqueda en centros de detención y cuarteles militares de los luchadores sociales Edmundo Reyes Amaya y Gabriel A. Cruz Sánchez, desaparecidos por agentes federales y estatales en mayo de 2007, en Oaxaca.

La resolución mantiene similitud con la dictada en primera instancia por una juez de distrito en el caso de Juan Flores Solorio, quien fue reportado desaparecido por militares en noviembre de 2015, en Guanajuato, y que la PGR ha señalado que cumplirá la sentencia “sólo cuando sea definitiva”.

Sobre el tema, Nadín Reyes Maldonado, hija del activista desaparecido Edmundo Reyes y coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos, dichas resoluciones judiciales son ‘‘sumamente positivas’’, pues provienen de ‘‘jueces que se animan a hacer justicia’’ y “que pueden marcar un nuevo derrotero contra la impunidad”, aunque lamenta la ‘‘total falta de voluntad política’ de las instancias gubernamentales para cumplir estas sentencias”.

En ambos casos, el fallo de una juez de distrito, en el proceso de Juan Flores, y la ratificación de un tribunal colegiado en materia penal del primer circuito, para el expediente Amaya-Cruz, ha ordenado a las autoridades federales buscar en cuarteles y centros militares a las personas desaparecidas.

En el caso Amaya-Cruz, se ordenó buscarlos en las ‘‘principales instalaciones militares’’ y pedir informes sobre la inhumación de cadáveres en los centros de detención o zonas castrenses que pudieran coincidir con las víctimas para, en su caso, “realizar las diligencias de identificación forense y tomar comparecencia a los funcionarios de la PGR, funcionarios estatales o mandos militares que hubiesen estado en funciones en mayo de 2007, cuando ocurrieron los hechos en Oaxaca”.

Sin embargo, derivado del incumplimiento de la PGR, ha provocado que la defensa dé paso a interponer un juicio de amparo, esto para que el caso fuera atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

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