300 mil desaparecidos en el país en menos de 10 años

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septiembre 27, 2016
Por Fernando Inés Carmona

Orizaba, Ver.- En menos de una década México registra al menos 300 mil víctimas de desaparición forzada, aunque en lo que va del sexenio de Enrique Peña Nieto el delito se ha recrudecido, "estos hechos son expresiones del terrorismo de estado que se aplica en contra de la población", refiere el Tinam (Unión de Todos los Pueblos Pobres).

En un comunicado esta organización da a conocer que la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, "se suma al listado de 300 mil víctimas de desaparición forzada registrada en la década pasada" de hecho califica a la práctica "como una política de gobierno que no se circunscribe a coyunturas de los cambios de gobierno, sino que es la expresión del terrorismo de Estado en el país, que no termina porque al ser una política institucional se práctica con el propósito de infundir miedo para que el pueblo no proteste contra las reformas neoliberales, no se organice y no cuestione la miseria, pobreza y hambre en la que se vive".

Esta forma de gobierno, precisa, "por más que se quiera ocultar su forma de operar, sistematicidad y la generalización con que se comete, no se puede esconder, porque no hay rincón del país donde el pueblo no cuestione por esta práctica y donde no exista una víctima de este crimen. Son cada vez más las denuncias de los familiares las que demuestran la responsabilidad de los cuerpos represivos en el cometido de este crimen tan deleznable" según señala.

Lo sucedido con los estudiantes normalistas, apunta el comunicado, "constituye el botón de muestra de lo que sucede en todo el país con los más de 300 mil detenidos desaparecidos, en los diez años pasados, por motivos políticos o sociales, la política del Estado es la misma, desgastar a los familiares para que dejen de exigir su presentación con vida y pretendan olvidar el hecho".

La desaparición de los 43 normalistas, asegura, "constituye un acto represivo en que el estado mexicano a través de sus distintos cuerpos policíacos, militares y paramilitares, cometió múltiples violaciones a los derechos humanos. Para el pueblo no hay duda es un crimen de estado, durante los dos años pasados, la respuesta a los familiares ha sido la misma hacia todas la víctimas, la indolencia, el burocratismo, la negación del crimen, dilación y desgaste".

"Lo que en los hechos constituye una política de Estado para cubrir con el manto de la impunidad a los responsables, desde las policías municipal, estatal, federal hasta la Sedena, que conducen en cadena de mando al ejecutivo federal; el caso Iguala no marca el parteaguas de las desapariciones forzadas en el país, es el hecho que demostró de manera dolorosa lo que ya se denunciaba, que este crimen de lesa humanidad tiene sello de Estado. Sensibilizó a amplios sectores de la población que hasta ese momento daban el beneficio de la duda a la denuncia, porque este caso hacía inocultable el terrorismo de Estado como política de gobierno" señala esta organización indígena.

A pesar de ser evidente la larga lista de terror provocada por la desaparición forzada, acusa el documento enviado a La Jornada Veracruz, "en el país no existe una ley general contra este flagelo, la omisión de ambas cámaras de discutir un recurso legislativo apegado a las víctimas, más allá de representar falta de voluntad política significa que es una política de Estado no hacer nada para erradicar las desapariciones forzadas".

El gobierno de Enrique Peña Nieto, "no tiene la mínima intención de terminar con hechos como estos, pero tampoco de sancionar a los responsables.

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