OTRAS INQUISICIONES: Desapariciones Forzadas

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Pablo Cabañas Díaz/ 1 Nov 2016

Durante una reunión con senadores, Ariel Dulitzky, integrante del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas, de la ONU, planteó cambios a la ley en la materia que dictamina en el Senado, entre ellos que se tome en cuenta las propuestas de las víctimas y que se establezca la obligación de buscar a los desaparecidos en todas las instalaciones del Estado. El funcionario de la Organización de Naciones Unidas (ONU) parafraseó a la madre de un joven de Pakistán desaparecido y preguntó a los legisladores: “¿Si su hijo fuera una de las víctimas de desaparición forzada, qué tipo de ley querrían ustedes?. Fue más allá: ¿Creen que la ley contra la desaparición forzada en la que trabajan, es la que querrían?.

Los presidentes de las Comisiones de Derechos Humanos, Angélica de la Peña y de Puntos Constitucionales, Enrique Burgos, respondieron que se considerarán los señalamientos formulados, ya que se trata de un tema prioritario. Dulitzky recalcó que la desaparición forzada es una violación grave a derechos humanos con particularidades que no se captan en su integralidad. Resaltó que para los familiares el sufrimiento se incrementa cada día, por lo que la ley en la materia tendrá que reforzar principios básicos en materia de reparación del daño.

En México, las instituciones policiacas tienen poca credibilidad. Además, desde que comenzó la lucha contra las organizaciones delincuenciales cuya principal actividad es la producción, el trasiego y distribución de droga en el país, se han registrado y documentado innumerables violaciones a los derechos humanos, como lo son casos de tortura, privación de la libertad, desapariciones forzadas de personas, desplazados, así como la ejecución de miles de individuos; actos que sin lugar a dudas son degradantes de la dignidad humana, y ponen a México como uno de los países más violentos de Latinoamérica y del mundo

La problemática antes señalada y sus consecuencias, son manifestaciones de que el Estado mexicano, en algunas regiones del país es omiso de la tutela de los bienes, libertades y los derechos de la población y las víctimas. Se ha perdido el Estado de derecho, como es el caso de Guerrero, Michoacan y Tamaulipas, donde se apreció por mucho tiempo una débil su estructura constitucional y con ello sus instituciones.
Desde hace varios años, se ha manejado un discurso con doble moral en cuanto al tema de la seguridad, así como del respeto, protección y defensa de los derechos humanos, presentándose incluso a nivel internacional con una imagen renovada y de nuevos aires en la materia, pero si hacemos una comparativa con la realidad que existe en materia de seguridad y respeto de derechos humanos en el interior del país podríamos calificarla de una gran simulación y una total y grave catástrofe. Los números no mienten, de acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, en su reporte anual 2015, nos muestra la magnitud para quienes habitan y transitan en este país.

En el caso de las desapariciones forzadas, la organización internacional Human Rights Watch, ha denunciado que en México existen más de 25 mil desapariciones de personas en todo el país. En las próximas semanas el Senado de la República deberá precisar qué entendemos en México por desaparición forzada de personas y las características que ésta debe contener para ser considerada como tal, para así poder ser capaces de diferenciarla con la sola denominación de desaparición de personas, aclarando que no pretendemos hacer menos a una sobre la otra, pues el simple hecho de que miles de personas estén desaparecidas en el país, sea cual sea el modus operandi y las personas que participan, es una situación alarmante, que merece todos los esfuerzos para resolver tan delicada cuestión.
AM.MX/pc/cta

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